Proyecto “Mande Norte” genera tensión en pueblos indígenas de Antioquia

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El inicio de la fase de prospección y exploración del megaproyecto minero “Mandé Norte”, a ejecutarse en la región del Atrato Medio chocoano-antioqueño, tiene en máxima alerta a las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en estos territorios. 

La razón: la búsqueda de oro, cobre y molibdeno que realizará la multinacional Muriel Mining Corporation compromete territorios de comunidades afro y resguardos indígenas de los municipios de Carmen del Darién y Murindó, quienes ven amenazados sus derechos ancestrales sobre la propiedad de la tierra y temen un desplazamiento masivo que acabe con su cultura.

De hecho, las actividades de la Muriel, que comenzaron en firme el pasado mes de diciembre, ya generó la movilización de 700 indígenas Emberá-Catío de los resguardos Guagas, Coredocito, Coredó, La Isla y Chajeradó, ubicados en el municipio de Murindó, hacia los campamentos construidos por la compañía en cercanías del cerro Careperro, en Carmen del Darién (Chocó).

De acuerdo con miembros de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) la situación de los aborígenes, quienes aún permanecen en la zona, es bastante delicada debido al hacinamiento en que se encuentran y a que no cuentan con suficientes alimentos ni agua potable para su consumo, lo que está ocasionando la propagación de enfermedades estomacales y agravando la situación de desnutrición de los más jóvenes.

Ya se murió una niña de cinco años debido a la falta de alimentos y la intención de los líderes indígenas es permanecer allí hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Nury Yagarí integrante de la OIA, refiriéndose con ello a la exigencia de los líderes Emberá a que se cumpla a cabalidad con el requisito de la consulta previa, contenido el Convenio Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Ley 21 de 1991 y a las sentencias de la Corte Constitucional SU-039 de 1997 y SU-510 de 1998.

Según el parágrafo 3º del Artículo 7º del Convenio, “los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con los pueblos indígenas afectados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas (en este caso la actividad minera) pueden tener sobre los pueblos indígenas. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.

Pero las denuncias de los Emberá señalan que no se cumplió con este procedimiento y, en el peor de los casos, se hizo de manera fraudulenta. “Invitaron a algunos líderes a unas reuniones en los que les dieron trago y comida y nunca les hablaron de la exploración que iban a hacer. Para el Gobierno, este procedimiento fue válido y ya comenzaron con la prospección”, expresó Yagarí.

A ello se suma el envío de tropas del Ejército a la zona desde las Brigadas IV de Medellín y XVII de Carepa, situación que también genera temor entre los nativos pues sienten que bajo el pretexto de neutralizar las acciones de grupos guerrilleros que hacen presencia en la zona se cometan atropellos contra la población indígena.

Territorio rico, tierra sagrada

La zona del Atrato Medio, que comprende varios municipios limítrofes entre Antioquia y Chocó, es quizás uno de los más ricos depósitos de minerales en el país. Oro, platino, cobre y un metal conocido como molibdeno recubren este territorio húmedo y selvático en proporciones abrumadoras.

De ello es conciente el Gobierno nacional que a finales de la década del 80 y principios del año 2000 autorizó la exploración de la región a varias multinacionales extranjeras que no tuvieron éxito. En el año 2004, el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le otorgó a la Muriel Mining Corporation la concesión de nueve títulos mineros para la prospección y exploración de por lo menos 16 mil hectáreas, comprendidas en la región del cerro Careperro.

Para el pueblo Emberá-Catío, el cerro Careperro constituye uno de los sitios más sagrados de su cultura. Son varias las leyendas que afirman que ante el asedio de los conquistadores españoles, algunos Jaibanas (máxima autoridad ante los Emberá) huyeron hasta el Cerro, llevando consigo adornos y ofrendas de oro.

Aunque la Gobernación de Antioquia, a través de Nicolás López, secretario de Minas, afirmó que los títulos sólo comprometen la parte chocoana del Cerro, los indígenas señalaron que cuatro de los nueve títulos afectan al departamento de Antioquia. Según esto, serían poco más de 4.000 hectáreas del municipio de Murindó objeto de exploración.

En esa franja se encuentran los resguardos de Guagas, La Isla y Coredó que alberga a un número indeterminado de indígenas Emberá-Catio, quienes se oponen a la exploración. “Si esta empresa continúa con su actividad, esta gente se desplaza. Pierden territorios, pierden cultura, pierden espiritualidad. Y el desplazamiento va a ser no sólo de indígenas sino de afro”, manifestó Yagarí.

Lo peor de todo es que los indígenas saben que están en desventaja jurídica para pelear sus derechos sobre la tierra. “Aquí se antepone la Ley Minera sobre los convenios internacionales. Los Emberá sólo reclaman el derecho ancestral pues ellos existen desde mucho antes de que existiera la figura del Estado”, indicó la activista.

La explicación del Secretario de Minas aumenta las preocupaciones de los pueblos Emberá “Lo que dice la legislación es que la prioridad para la exploración es de los indígenas, pero si ellos no hacen uso de esa salvaguarda, entonces se puede otorgar la concesión a la empresa privada. Después de eso, la empresa deberá hacer una socialización, para mitigar los impactos de la explotación”, agregó el Secretario.

Así las cosas, el panorama que se avecina para los pueblos indígenas y afro no es muy alentador y hay quienes incluso advierten que, de no tomarse medidas urgentes, puede ponerse en grave riesgo la existencia de una comunidad ancestral como los Emberá-Catío.

 

 

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