Transporte público: un botín en contextos de conflicto

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Boletín Informativo No 1.Febrero 10/2011

riesgo1En el periodo que comprende enero de 2010 y enero de 2011, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto del IPC, registró el asesinato en la ciudad de Medellín de 22 conductores de transporte público. 9 eran conductores de buses, cifra que indica un acelerado incremento en estos asesinatos pasando de 3 casos en 2009 a 8 en 2010 y a 1 en el primer mes del 2011. 13 corresponden a asesinatos de taxistas, cifra que respecto a 2009 muestra reducción en 3 casos. A estos casos se suman, la desaparición de un conductor de bus y dos conductores de taxi durante el mismo periodo.

¿Cuál es el lugar que éste sector juega en el conflicto? ¿Por qué su alta vulnerabilidad?

Este Observatorio quiere llamar la atención sobre dos aspectos esenciales de la reflexión: El primero, es el relacionado con el fenómeno de la extorsión, un delito subestimado a nivel nacional, regional y local por los bajos niveles de denuncia que se constituye abiertamente en medio de financiación del conflicto y en fin del mismo como mecanismo de control. El segundo, es el relacionado con el carácter medular que la empresa del transporte ha tenido en los contextos de guerra.

Extorsión: delito subestimado que trasgrede múltiples derechos.

En los dos últimos años el sector transportador afronta una intensa presión por el pago de “vacunas”. Un cálculo aproximado del recaudo de las extorsiones en la ciudad oscila entre $139.000.000 – $147.000.000 semanales tomando como referencia el 80 – 85% de los vehículos de transporte público colectivo matriculados a diciembre de 2010 en la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín. Esta práctica que cada vez se hace más recurrente y en la cual la tributación en muchos casos debe hacerse a más de un actor armado ilegal, se constituye en un botín nada despreciable que alimenta el conflicto de la ciudad. En el último año las autoridades tomaron medidas ante este delito desatendido históricamente. Sin embargo, los actores armados ilegales idearon otras estrategias para la recaudación que además les han sido funcionales para evadir autoridades y competidores, como el traslado de los puntos de cobro o el ocultamiento de la práctica a través de los lavaderos de buses.

La extorsión es un delito que va más allá de hurto o el robo porque además de las lesiones patrimoniales, deriva en vulneraciones a la libertad, la integridad o la vida de la víctima, sus familiares o allegados. En la actualidad se constituye en una de las principales causas, motivaciones, justificaciones y/o razones desde las cuales se atenta contra el derecho fundamental a la vida de sectores poblaciones como los transportadores de la ciudad de Medellín y de otros municipios del Valle de Aburrá. Este Observatorio registró durante el mismo periodo el asesinato de 4 conductores en Itagüí, 3 en Caldas y 1 en Envigado, y la desaparición de 1 más en Bello.

Para determinar la afectación a este sector es preciso destacar otras vulneraciones como los atentados y las amenazas directas o indirectas proferidas de manera individual o colectiva, con consecuencias para los conductores y la comunidad en general. Este tipo de presiones y agresiones se han visibilizado con los paros de transporte en protesta a estos hechos. El Observatorio, registró para el periodo en cuestión 15 paros de diferentes rutas de buses en la ciudad de Medellín y 3 paros de la Empresa Rápido Santa María en el municipio de Itagüí. A continuación se presentan algunos hechos que afectaron el sector transportador.

Afectaciones al sector transportador

Enero 2010 – Enero 2011

Fecha

Zona

Hechos

Enero 11

Comuna 7

(Robledo)

50 buses de la ruta Palenque-Robledal pararon a causa de las extorsiones.

Enero 12

Comuna 5

(Castilla)

32 buses de la ruta 261 de Castilla dejaron de prestar sus servicios debido a las extorsiones.

Enero 21

Comuna 5

(Castilla)

54 transportadores cesan actividades por un ataque a un colega.

Marzo 24

Comuna 5

(Castilla)

Dejan de prestar el servicio de transporte debido a amenazas proferidas por el combo de “Los Muchachos”.

Abril 7

Comuna 5

(Castilla)

Conductores de la Ruta 261 dejan trabajar y exigen protección a la Policía por incremento de las vacunas y la intensificación de las amenazas de la Banda “Los Machacos” tras la captura de uno de sus miembros.

Abril 8

Comuna 13

(San Javier)

25 buses de las rutas 201 y 203 Belencito Corazón paran por amenazas de bandas de la Comuna 13.

Abril 19

Comuna 11

(Laureles–Estadio)

67 Conductores de la ruta Floresta-Estadio estacionan sus vehículos por el asesinato de un colega.

Mayo 12

Comuna 12

(La América)

5 rutas de la empresa Conducciones La América paran por el cobro de “vacunas”.

Mayo 29 – 30

Corregimiento

San Cristóbal

53 buses de la empresa Tax Maya del corregimiento San Cristóbal cesaron labores. Declaraciones afirman que la causa del paro fue la presión de grupos armados ilegales a lo largo del trayecto que incluye algunos barrios de la Comuna 13.

Junio 1

Comuna 16

(Belén)

La ruta 171 de la empresa Cootrabel dejó de prestar sus servicios por el cobro de hasta tres “vacunas” por bus. Conductores denunciaron haber sido víctimas de golpizas por el no pago de las extorsiones.

Julio 12

Comuna 3

(Manrique)

118 buses de la empresa Coopetransa paralizaron actividades al notificarse el cobro de $20 mil pesos diarios por bus por las bandas que operan en Santa Inés.

Julio 27

Comuna 3

(Manrique)

Incineración de un bus por retaliaciones por el no pago de vacunas.

Agosto 4

Comuna 5

(Castilla)

25 vehículos de la ruta 261 se parquearon por amenazas de las bandas. Tres días antes, tres conductores renunciaron a su empleo por amenazas.

 

Agosto 11

Comuna 7

(Robledo)

19 conductores pararon vehículos al lado del CAI Aures y se reunieron con el comandante del distrito Dos – Occidente y el comandante de la estación de Policía de Castilla, el propósito era negociar el cambio de los policías del CAI Aures, por negligencia ante el cobro  de extorsiones en cercanías del CAI. Desde un lugar del sector fue disparada un arma que impacto un bus en movimiento e hirió a un alistador.

Agosto 18

Comuna 1

(Popular)

Incineración de un bus de la empresa Cootranscol por retaliaciones por el no pago de vacunas.

Agosto 29

Comuna 13

(San Javier)

29 transportadores de las rutas 201, 202 y 221 pararon actividades por amenazas de muerte y de incineración de los buses ante la negativa de pagarle a cuatro grupos armados diferentes vacunas por montos que oscilaban de los $10 mil hasta los $30 mil semanales.

Septiembre

Comuna 5

(Castilla)

Conductores de las rutas 280, 290 y 263 de Transportes Castilla, reciben carta que exige pago semanal de vacuna y advirtiendo la incineración de buses si hay presencia del Gaula.

Septiembre 8

Itagüí

254 vehículos de la empresa Rápido Santa María pararon actividades por el asesinato de un conductor. Se registró el bloqueo de vías de acceso a algunos barrios del municipio.

Diciembre 27 – 29

Itagüí

Paro de tres días de los conductores de la empresa Rápido Santa María en protesta por las vacunas y los asesinato y agresiones físicas a compañeros.

Enero 6

Itagüí

38 buses de la empresa Rápido Santa María se parquearon en una vía del municipio en protesta a las extorsiones que diferentes bandas realizan.

Enero 22

Comuna 13

(San Javier)

Grupos armados de San Javier La Loma amenazan de muerte a conductores que transiten más arriba del montallantas del barrio Eduardo Santos si se rehúsan a pagar la vacuna.

Enero 24

Comuna 13

(San Javier)

136 buses y colectivos que cubren rutas de la comuna 13 cesaron actividades en protesta a las extorsiones y amenazas de las bandas que operan en la zona.

Fuente: Observatorio para los Derechos Humanos y Conflicto en Antioquia – IPC

Cada grupo armado ilegal busca estrategias para autofinanciarse y mantener el control de los microterritorios donde alcanza a ejercer algún tipo de poder. Comunas como la 3, la 5 y la 13 donde se tiene conocimiento de muchas de estas acciones extorsivas y de amenaza, comparten la característica de tener el mayor número de bandas que se registra en la ciudad después de la Comuna 6, en promedio, operan aproximadamente 20 bandas en cada una de estas comunas según información de este Observatorio. Son además, las Comunas 13 y 3 las que durante este periodo de análisis reportan el mayor número de asesinatos a conductores de buses con 7 y 6 casos respectivamente, seguidas por la Comuna 10 con 5 casos.

La intensificación de las prácticas extorsivas contra este sector aumentó rápidamente con la ausencia de un monopolio de la criminalidad en la ciudad en años recientes, afectando no sólo los derechos patrimoniales sino también los derechos a la vida, la libertad, la integridad y al trabajo de los transportadores.

Empresas de transporte en contextos de guerra

La capacidad de control que los actores ilegales tienen de las economías legales aún no está claramente estimada. Años atrás, informes de inteligencia vincularon a ‘Don Berna’ con negocios de buses, taxis, casinos y prostitución en Medellín, y la pregunta que queda es ¿quién heredó el control de estas economías?

Sin tener la respuesta a esta pregunta, es decisivo comenzar a pensar en la importancia que las empresas de transporte han tenido a lo largo de la historia en los contextos de guerra. Por estar en permanente circulación y prestando un servicio público, principalmente los taxis, se han constituido en un mecanismo central de inteligencia. En las zonas rurales del departamento, como en el caso del Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño, la vinculación de ciertos sectores del mototaxismo a las redes de informantes de los grupos armados ilegales es una realidad. Si bien para la ciudad de Medellín no existen pistas que confirmen hasta el momento éste tipo de prácticas, lo cierto es que el sector de los transportadores vive bajo sospecha en un contexto de alta conflictividad. Sobre ellos, no sólo pesa la amenaza de extorsión y todo lo que ello desencadena, pesa también, la desconfianza y el prejuicio de colaborar con el “enemigo” como lo constatan las amenazas de muerte a conductores frente a la posibilidad de transportar personas desconocidas por los sectores que cubren sus rutas.

Un sondeo de opinión realizado por éste Observatorio en el Valle de Aburrá[1], nos muestra que la percepción de los ciudadanos frente a la capacidad de control que tienen los actores armados ilegales sobre las economías legales es muy alta. Según los encuestados, el transporte público (99%) y los juegos de azar y el comercio organizado (95%) son los sectores legales de la economía más cooptados por los actores armados ilegales en el Valle de Aburrá. No muy lejos están el entretenimiento (casinos, clubes nocturnos y bares) con el 92% de participación percibida, la construcción (89%) y los restaurantes (88%). En el caso del transporte público, el 83% de los encuestados considera que el nivel de control de los actores  ilegales en la subregión es alta o muy alta,  más de la mitad (54%) considera que es muy alta.

Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto en Antioquia

Instituto Popular de Capacitación IPC


[1] Población objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad, residentes en 5 municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí).  Período de recolección de información: 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2010. Tamaño de la muestra: 346 encuestas reales. Confiabilidad: 95%. Margen de error observado: +/- 3,7%

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