Una negociación espuria (*)

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Resulta a veces incomprensible las razones que le asisten a sectores de la elite que consideran, con un alto grado a veces de  cinismo, que gozar de los favores del autor intelectual del proyecto de Seguridad Democrática es bueno para el país cuando tal proyecto viene siendo cuestionado desde distintos frentes y en el que la corrupción sobresale como una práctica que bien podría considerarse la impronta que solo el paso del tiempo le dará a este período oscuro de la historia colombiana.

La alerta que puso recientemente la Revista Semana no es para menos: La corrupción se tomó al país. Habría que buscar con lupa cual ente del Estado no es un campo de disputa de los corruptos. Pero que ésta llegara hasta el proceso de negociación con las AUC, en nadie cabía algo semejante, salvo algunas ONGs que, a costa de su propia seguridad, se atrevieron desde muy temprano a denunciar que se estaba al frente de una negociación espuria.

Wikileaks ha abierto la llave. El fraude de la “desmovilización” de la Cacica la Gaitana, otra modalidad de los falsos positivos, ha puesto en evidencia hasta donde pudo llegar un gobierno que no tuvo escrúpulo alguno para legitimar una política. Pero las cosas no paran ahí y, motivado por lo anterior, Freddy Rendón Herrera, alias “el alemán”, ha denunciado que la desmovilización de los frentes Cacique Nutibara y Héroes de Granada también lo fueron. Esto que no es nuevo, adquiere  una importancia capital en tanto está indicando que si lo del Caguán fue grave como decisión política, lo de Ralito fue un atraco deliberado a la sociedad colombiana. El núcleo duro de la Seguridad democrática ya no lo es tanto. Esta parece ser la conclusión a la cual nos conduce una política cuyas bases se erigieron en el “todo vale”. Las lealtades que antes no permitían llegar hasta el Ubérrimo ya se están rompiendo y el “alemán” es el primer paramilitar que se atreve a responsabilizar al expresidentes Uribe pues en sana lógica suena difícil pensar que un presidente omnipresente no supiera que ocurría en algo tan vital para su gobierno.

Los costos sociales, políticos y económicos de esta negociación están a la vista: miles de millones de pesos gastados en una política de desmovilización que terminaron en manos de quienes nunca dejaron las armas. No son pocas las víctimas  que cayeron y siguen cayendo como resultado de las balas de estructuras armadas que sólo cambiaron de nombre y se suma una nueva frustración para una sociedad que para llegar a la paz le apostó a la guerra contra las FARC (que no ha sido ganada) y a la indulgencia con el paramilitarismo que sigue vivito y coliando. Posiblemente nunca conozcamos en su totalidad lo acontecido y los intereses que se movieron, pero los hechos reclaman que se develen las complicidades y las omisiones, que la sociedad se sacuda del embrujo al cual ha estado sometida,  pase  la cuenta de cobro y le exija a la justicia cumplir con el papel que le corresponde.

Localmente no podrán eludirse responsabilidades. No toda decisión errada es corrupta pero si hay decisiones que siendo en principio plausibles terminan estando al servicio de políticas corruptas. Algo de esto fue lo que sucedió en Medellín. Buena la decisión de hacer sostenible, mediante una política pública concreta, la desmovilización presentada en principio como un paso hacia la paz de la ciudad y de la región; equivocado que se haya hecho coro con el gobierno de ese entonces de que esta política era un modelo para replicarse en otras regiones y que en la ciudad nada pasaba, no obstante las repetidas denuncias de organizaciones sociales que señalaron oportunamente la naturaleza tramposa del proceso. Cuando se reiteraba que en la ciudad se había recuperado el monopolio de la fuerza, el núcleo del paramilitarismo y del narcotráfico que se mantuvo incólume, se tomaba la dirección de fiscalías y de policía. ¿Asalto a la buena fe, inocencia política? Cuesta creerlo, pero el defender a toda costa una gestión que aspira en tiempos cortos mostrar grandes resultados y un alto grado de soberbia ensordecedora nada escasa en quienes acceden al poder, pudieran explicar omisiones que nos han costado mucho, dentro de lo cual está que la ciudad se encuentre nuevamente sumida  en un ciclo de violencia.

(*) José Girón Sierra

Marzo 2011

Las ideas aquí planteadas no comprometen la opinión del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que las difunde dentro de su política de pluralismo y libertad de expresión. 

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