Distintos sectores sociales y comunitarios, académicos y gubernamentales se reunieron en Medellín, Colombia, los días 3 y 4 de diciembre de 2013, con el propósito de generar un escenario de diálogo alrededor de los principales problemas sociales y políticos y, a su vez, establecer los retos que encarnan la participación ciudadana y los ejercicios de gobiernos territoriales.

Lo anterior, se da en un contexto socio-político signado por la violencia, la ilegitimidad de las instituciones, la inequidad y un déficit de participación. Por eso nos propusimos revisar la participación con miras a la transformación y a romper paradigmas, de cara a problematizar, proponer y repensar el territorio político local a partir de iniciativas democráticas.

Por ello, como ciudadanos (as), organizaciones sociales y autoridades locales, manifestamos que:

Históricamente, Medellín ha sufrido lo que a inicios de los años 80’s se denominó como una anomia social y política, que combinaba la pobreza, la violencia, la inequidad y el fracaso de un proyecto industrial en la ciudad. En ese periodo se activaron momentos importantes en el trasegar de la participación ciudadana en la capital antioqueña, en una discusión abierta en la búsqueda de horizonte común alrededor de los foros de Alternativas de Futuro para Medellín, los Congresos de Ciudad, la planeación local del desarrollo y la presupuestación participativa.

Dos décadas después, de nuevo cobra vigencia la posibilidad de establecer un diálogo abierto sobre la participación ciudadana, en un contexto donde la violencia, la pobreza y la inequidad siguen aún vigentes, lo que hace más urgente la reflexión, el compromiso y el desarrollo de iniciativas democráticas para superarlas. Esto se encuentra en un marco de escalas territoriales articuladas a un proyecto de ciudad y a niveles amplios de gobernabilidad e institucionalidad, y con una ciudadanía robusta para tales propósitos.

Pero aún hoy, existen fuerzas adversas que presionan la movilización y la participación ciudadana buscando generar un retroceso en lo que se ha construido en la historia de la ciudad y la región. Hoy la ciudad se construye, pero más que construir la ciudad hay que reforzar la ciudadanía, en un sentido amplio de lo humano y de lo público, para que esas fuerzas oscuras no nos lleven al fondo.

Se trata, entonces, de reconstruir el sentido de lo colectivo, del territorio y de las relaciones con el otro, con quien se construye sociedad. Es necesario que tanto la ciudadanía como los gobiernos empiecen a pensar la forma de construir una sociedad más humana, equitativa y democrática.

Reconocemos que la Constitución Política de 1991 se construyó bajo la promesa de la participación ciudadana, buscando el fortalecimiento de la democracia participativa. Así, la participación se constituyó en un derecho de la ciudadanía para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la gestión de los asuntos públicos y la movilización ciudadana.

En este horizonte, recrear paradigmas de la participación necesariamente pone en diálogo cuatro aspectos fundamentales, imbricados e interdependientes, a su construcción y desarrollo: El sujeto, el proyecto político, el territorio y el poder. Esta perspectiva permite tener más claridad ante la complejidad de la participación que estas dimensiones relacionales e interdependientes representan.

Por otra parte, hay que anotar que la crisis del sistema de representación política y la ineficacia y descontextualización de los escenarios y mecanismos de participación son problemas que persisten. Esta situación desestimula el interés y vuelve apático al ciudadano a participar; dado que esos mismos mecanismos se han convertido en una trampa participativa, en parte gracias a inhibidores como la corrupción y la violencia.

Así, se hace indispensable la búsqueda de los medios necesarios para poder pensar en un horizonte más colectivo con estrategias como “nosotros participamos y todos decidimos”. En este sentido, el control y la protección del bien público también son del ciudadano, y son estos quienes deben exigirlo como un derecho que ofrece la Constitución y exigible a las instituciones, dejando claro que no todo el poder político que se ejerce desde la ciudadanía debe ser entregado al Estado.

Por ello es necesario trascender en las metodologías para intervenir la participación. No solo es importante saber qué se decide, sino cómo se toman las decisiones y cómo se participa en ellas. Al respecto, se hacen fundamentales tres estrategias centrales: (i) El territorio donde las demandas de la ciudadanía pueden encontrar solución sin tener que pasar por el municipio, fomentando la descentralización; (ii) la información donde la sociedad civil puedan tomar decisiones informadas, de manera que se posibilite el acceso a la información; (iii) la movilización que abarque los territorios locales, zonales y municipales, pues hay un déficit de políticas municipales que respondan propiamente a diversas necesidades de las realidades locales.

En su conjunto, la intención es crear un ambiente favorable para ampliar escenarios de participación que permitan una mayor articulación de diferentes sectores, actores y territorios, lo que dará paso a la construcción de una agenda ciudadana que asegure la participación amplia y plural, la realización de acuerdos de ciudad y la constitución de políticas públicas democráticas.

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