Ley de baldíos: ¿es capaz el Gobierno de sostener los retos de una reforma rural integral?

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María Soledad Betancur Betancur, directora Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El día 3 de octubre de 2014, se presenta de nuevo al Congreso de la República el proyecto de baldíos “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.

Así, el Gobierno de Juan Manuel Santos agiliza los compromisos que hizo con los empresarios en el tema de la Ley de Baldíos para romper las trabas que la Ley 160 de 1994 les pone a sus ambiciones rentistas. En esta –ley 160- el artículo 72 es explicito en plantear que personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional no podrán ser acreedoras a estos terrenos, se supone que son reservados para campesinos que no tienen acceso a la tierra, ni tampoco se podrán acumular terrenos que sobrepasen en extensión las dimensiones ajustadas en la Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Esta rapidez con que se responde a los empresarios en la Ley de Baldíos para que ordenen el territorio en el formato de “Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)”, no se compadece con las innumerables trabas que le han puesto al desarrollo y concreción de las Zonas de Reserva Campesina –ZRC, propuestas como mecanismo de freno a la concentración de la tierra y como reconocimiento a los campesinos como sujetos de derecho; esto es con derecho al territorio, con identidad, con dignidad. Estas ZRC reconocidas en la Ley 160 desde 1994, han sido estigmatizadas como territorios de guerra controlados por las FARC y, de igual modo, se ha estigmatizado como guerrilleros a sus voceros y pobladores. Pero se supone que las recientes movilizaciones agrarias y la negociación en La Habana, ponen de nuevo a las zonas de reserva campesina en el campo de las soluciones a la concentración de la tierra y, por tanto, a una de las causas del conflicto armado y social del país.

La pregunta, en este plano de las soluciones al conflicto, es entonces si Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, y de conjunto instituciones del Estado como el Congreso de la República, responden a la campaña del “Soy Capaz”; avanzando como dice el punto agrario en las negociaciones de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. En este punto, se pude leer que se busca sentar las bases de la transformación estructural del campo para crear condiciones de bienestar a la población rural. Las estrategias propuestas buscan garantizar el buen vivir de la población y, allí, entre las propuestas que deberán desarrollarse con enfoque territorial está un fondo de tierras, del que según lo acordado harán parte las “tierras recuperadas a favor de la Nación”; y los baldíos indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios. Además se promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en ZRC, entendiendo éstas como garantía de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y el desarrollo socio ambiental y alimentario de las comunidades campesinas.

La pregunta surge porque el proyecto de Ley de Baldíos, presentado al Congreso el 3 de octubre de 2014, va en dirección contraria. En palabras de  Jorge Enrique Vélez (Supernotariado) el proyecto permitirá “que los empresarios accedan a la tierra de los campesinos” y habría que agregar a la del Estado, así sea a través de la figura de arrendamiento con la que pretenden hacerle el quite a las Unidades Agrícolas Familiares, de un lado, y al acceso a baldíos, del otro.

Además de crear ZIDRE, para los megaproyectos empresariales, su existencia se asocia a la consolidación de las famosas “Alianzas Productivas”, donde los campesinos, además de asociar la tierra al servicio de los grandes empresarios, someten su autonomía y la riqueza que podrían generar, en contratos de más de 20 años donde quedan subordinados a la empresa Gestora o Ancla, que hoy puede ser cualquiera de las denunciadas por acumular baldíos en la Altillanura, como Sarmiento Angulo, Manuelita, Mónica Semillas, Grupo Santodomingo, el ex ministro Risaralde y todos aquellos que están en lista de espera de la denominada “seguridad jurídica” paras expandir sus proyectos.

El proyecto presentado le da a los históricos concentradores de la tierra, empresarios rentistas, palmicultores, ganaderos y empresas multinacionales, el poder de asociar la tierra de los campesinos en esquemas asociativos, en los cuales se ha visto -con las experiencias de los proyectos de cultivo extensivo de Palma-, que los campesino, quienes se pretende deberían acceder a la tierra, terminan convertidos en simples peones amarrados feudalmente en contratos de más de 20 años asumiendo los costos de proyecto de tardío rendimiento, mientras los grandes empresarios, se enfocan en el comercio y apropian la rentabilidad de los proyectos agrícolas. Incluso el proyecto deja planteada la estrategia de que campesinos no poseedores de tierra accedan a ésta no mediante la adjudicación del Estado, sino mediante acceso a crédito, volviendo de cabeza el espíritu de la Ley 160 de 1994 de frenar la concentración de la tierra y la riqueza.

A manera de preguntas se dejan varios elementos para seguir desarrollando el debate ¿Por qué fraccionar la reforma a la ley 160 de 1994 en varios proyectos? ¿Estaremos discutiendo ley de baldíos para pobres y ley de baldíos para ricos? ¿Estará convencido el Gobierno Santos y sus ministros de que efectivamente la tierra está al centro del conflicto? ¿Estarán más interesados en favorecer a los históricos y nuevos concertadores de tierra que a los desposeídos y desplazados? ¿Cómo dialogan el avance del acuerdo agrario en La Habana, de un lado, y la agenda de los campesinos, de otro, con estas reformas a la Ley 160 de 1994?

Es por su importancia, tanto para el éxito de los acuerdos de paz, como para la estrategia de “No Repetición”, que un proyecto de ley que debe involucrar a toda la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, la academia, las organizaciones de victimas, los defensores de derechos humanos, pues en este proyecto se juega el futuro de la tercera parte del país en términos espaciales, la soberanía alimentaría, el desarrollo ambiental y, especialmente, un proceso y un proyecto que se supone pretende romper con la histórica concentración de la tierra y la  riqueza. 

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