Que la historia sirva para NO repetir las atrocidades de la guerra

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Editorial por José Girón Sierra

Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC 

El 5 de agosto de 2014, el Gobierno colombiano y las FARC acordaron crear la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Con este hecho, los protagonistas  del conflicto armado más antiguo del continente y del mundo, depositaban la confianza en doce académicos para que, en un esfuerzo plural, contribuyeran con sus lecturas y análisis a la producción de “un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad“

Este documento hace parte de esfuerzos valiosísimos por develar los pormenores de la tragedia que ha vivido el país en los últimos 50 años como son: El Callejón con Salida, la investigación sobre Parapolítica, la Biblioteca de la Paz y  el informe del Grupo de Memoria Histórica Basta Ya. La importancia particular del nuevo aporte tiene que ver con el hecho de que se origina en el marco de una negociación cuyos actores centrales se vienen acusando mutuamente de ser responsables de lo acaecido, de allí la relevancia que adquiere cada uno de los contenidos consignados, así se trate de identidades, matices o inclusive divergencias de fondo.

Fue sin duda un acierto que en la composición de esta comisión se partiera de un criterio plural que diera cabida a un ejercicio académico ajeno a cualquier intención de homogeneidad, y más bien abriera un espacio a que distintas corrientes ideo políticas, de manera sustentada, dieran su versión de los hechos acerca de un conflicto reconocido como “profundamente complejo, prolongado, con enormes diferencias regionales, pero sobre todo atroz”.

Anteriores gobiernos de Colombia llegaron a negar la existencia del conflicto, como fue el caso de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez,  y a caracterizarlo con ambigüedad, de tal manera que en unos casos se enfrentaba a delincuentes comunes y en otros a contradictores políticos. El consenso sobre la existencia de un conflicto de naturaleza política, no obstante la obviedad del asunto, constituye un paso decisivo puesto que se reconoce la disputa por el poder como motivación subyacente a la guerra, así como el hecho de que quienes lo han ejercido no han logrado resolver la inequidad y la exclusión. Sin embargo, lo que ha dejado tras de sí esta guerra ha sido muerte y dolor, fragmentación social, desconfianza y miedo.

Las divergencias y matices que giran con respecto a los períodos que son objeto de análisis, caracterización del conflicto, existencia o no de causas estructurales, caracterización del Estado y su grado de responsabilidad entre otros, muestran que pese a los logros alcanzados no se puede hablar de una historia compartida y que a esto no se llegará sino a partir de nuevos esfuerzos académicos que, aunados a procesos sociales y políticos, permitan esclarecer vacíos, acercar divergencias y resolver algunos de los matices. Después de todo no se trata de contar con una HSTORIA OFICIAL —a la manera como lo anhelan los regímenes autoritarios—, se trata más bien de que la sociedad, que ha sido crudamente  victimizada,  disponga de una explicación suficiente para enfrentar su futuro y evite que algo como esto se repita.

No sobra reiterar la urgencia de un plan de socialización de estos esfuerzos académicos y de aquellos producidos con anterioridad, más aún cuando nos acercamos a un momento en el cual la sociedad colombiana deberá tomar decisiones fundamentales con respecto a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba), entre los cuales será decisivo lo que corresponde a la justicia. Ya el debate está planteado entre quienes sugieren una ley de punto final y quienes sólo aceptan la cárcel y condenas ejemplares para la insurgencia. Por supuesto no podrá ser ninguna de dichas opciones ya que para la primera existen claros impedimentos en la legislación internacional y, para la segunda, simplemente se abortaría el proceso.

Si para algo sirve un acercamiento riguroso a la historia es para ayudar a tener un juicio de valor ajustado a los roles cumplidos por los actores de un conflicto, modular el papel de la ideología y de las subjetividades que propician los radicalismos y, finalmente, permitir acercase en general al conflicto con otros ojos. En esto último estará la posibilidad de definir qué tanto de justicia y de impunidad toleramos en el camino de lograr algo que parece bastante esquivo  y complejo como es la reconciliación.

Esperemos que la historia sea uno de los caminos de la verdad que explique las causas de la guerra, para que afrontemos con decisión esas causas y construyamos un escenario social y político  propicio para que no sea la violencia el dinamizador de nuestros conflictos.

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