¿La doctrina de seguridad: un imponderable?

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Editorial por José Girón Sierra, analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

En reiteradas oportunidades el Gobierno colombiano ha insistido ante las críticas que, dentro del Estado y por fuera de él, se oponen al proceso de paz con la guerrilla de las FARC que se lleva a cabo en La Habana (Cuba), expresando que en dicho proceso hay dos claros imponderables: la doctrina militar o de seguridad y el modelo de desarrollo.

Muchos analistas y sectores de opinión, a partir de abordajes concretos  de las causas de esta guerra, consideran que sin  cambios importantes en estos llamados imponderables, los resultados de esta negociación, así culmine de manera exitosa, serán en extremo débiles e insustanciales. La fundamentación de dicha valoración procede de ejercicios académicos sólidos y de conocimientos muy cercanos a la realidad social, económica y política de las comunidades que han sufrido el rigor de un conflicto prolongado, degradado y cruel.

Sin embargo, resulta indispensable volver sobre los borradores de acuerdo, hasta ahora conocidos, y rastrear en sus contenidos qué tanto este proceso ciertamente entraña una real ventana de oportunidad para la sociedad colombiana agobiada por tanto dolor, pero también por tanta desconfianza con respecto a procesos de negociación anteriores que nunca permitieron asentar la paz, derivándose de ellos más bien una revictimización sucesiva de las comunidades que no han podido salirse de los ciclos de violencia cuyos sus efectos no dejaron de ser los mismos, aunque con distintos rostros.

Veamos uno de ellos. La doctrina militar o de seguridad, tan defendida por el gobierno y los estamentos armados del Estado, corresponde a una vieja concepción de la élite gobernante que considera al contradictor social y político como un enemigo que debe ser eliminado, más aún si éste es una potencial amenaza para su poder. La revolución bolchevique y procesos revolucionarios más cercanos como el cubano, les permitió desarrollarla, hasta el punto de considerar que en toda protesta social anidaban los gérmenes de ese fantasma de la revolución comunista y por lo tanto de la insurgencia. La misión norteamericana Yarborough en los sesenta no sólo le dio una mayor fundamentación estratégica y una perspectiva global, sino que justificó la existencia de ejércitos irregulares (paramilitarismo) para estos fines y la afectación de la población civil, pues era allí donde se mimetizaba el enemigo. Esto dio lugar a la tesis de entender la seguridad como aquel complejo de decisiones legales, pero también ilegales, encaminadas a combatir el enemigo interno que se expresaba en todo reclamo social y político independiente de su justicia. Así, del fantasma del comunismo, pasamos al fantasma  del terrorismo, lugares desde los cuales se justificó, y se sigue justificando, la forma estigmatizadora y violenta como se encara, desde el gobierno, cualquier reclamo o postura opositora. Este complejo de decisiones, bastante bien trabajada por algunos de los académicos que produjeron el Informe de la “Comisión  Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, corresponde a la tesis del complejo contrainsurgente desarrollado en varias de las investigaciones del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Como puede colegirse de lo anterior, la esencia de dicha doctrina radica en que para sectores dominantes en el bloque de poder no es posible dejar prosperar fuerzas sociales y políticas que puedan poner en peligro las lógicas de poder dominante, de allí la necesidad  de defender y consolidar un modelo de democracia restringida, marcadamente formal pero funcional a la preservación y mantenimiento de sus intereses. Esto explica, en el terreno político, la imposibilidad histórica que ha caracterizado a Colombia de rodear de garantías eficaces a la oposición, componente tan caro a las democracias modernas. Complejo contrainsurgente o doctrina de seguridad versus democracia restringida, son entonces dos caras de la misma moneda, propia  de una estructura de poder autoritaria y  excluyente, social  y políticamente, además de inequitativa en lo económico.

¿Pero es posible que esto, estructural en la génesis de la guerra, le sea tan ajeno a los borradores de acuerdo firmados hasta el momento en La Habana, atendiendo a la postura intransigente del Gobierno de no considerarla? Miremos esto: el segundo informe Conjunto dado a conocer por el Gobierno y las FARC que versa sobre “Participación política”, publicitado el 6 de noviembre del 2013, habla de una apertura política, entendida en los siguientes términos: 

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”.

Esto implica “la participación de todos sin distinción”, lo cual significa “el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo”. Se establece “la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación”.

Para el efecto dicen, el Gobierno y las FARC: “Acordamos que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas”.

Como podrá colegirse de los apartes antes reseñados, acá se están tocando los componentes más sensibles y estructurantes del complejo contrainsurgente y por lo tanto de la doctrina de seguridad. Esto es  mucho más contundente cuando allí mismo se dice:

“Por otra parte, acordamos que el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda  en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.”

Este sistema contará con una “Adecuación normativa e institucional, que incluye la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo.”

Podría sonar descabellado  concluir del texto anterior que allí hay una nueva propuesta de seguridad muy cercana a las concepciones que hablan de seguridad ciudadana y seguridad humana y en nada asimilable a la doctrina de seguridad nacional. Dentro del escepticismo reinante, bien podría tratarse de la palabrería democratizadora y de avanzadas que en algunos espacios nacionales e internacionales suele exhibir la elite gobernante y el  Estado colombiano. Pero lo importante del asunto, y que marca una diferencia sustancial, es que  esto ocurre en un contexto completamente diferente como es el de un acuerdo para el fin de un conflicto armado que deberá ser refrendado por la sociedad como constituyente primario, lo cual le imprime una condición vinculante que no se puede subvalorar ni soslayar.

Como lo hemos señalado, de manera reiterada, apoyándonos en los trabajos de Lederach, la negociación del fin del conflicto armado sólo abre una plataforma o dicho de otra manera, una oportunidad, para que la sociedad no sólo se ocupe de lo más obvio: los problemas económicos, políticos y sociales en los cuales ha pululado la exclusión y la inequidad, sino ante todo, para transformar cualitativamente  el tipo de relaciones que  le  son propias a las guerras de larga duración dominadas por la desconfianza, la indolencia, el egoísmo y el odio. Los elementos de este borrador de acuerdo no son más que los componentes de dicha plataforma u oportunidad, lo cual no es algo distinto que abrir un escenario de una aguda confrontación social y política con una agenda que no debe ser otra que dichos elementos de acuerdo.

El reto no es menor: Ningún conflicto armado, sobre todo si este ha sido de larga duración, ha iniciado la etapa de postconflicto con un Estado remozado y transformado en donde  el llamado bloque en el poder, como un acto de altruismo, concede poder a los sectores subalternos, y el colombiano no podría ser una excepción. Democracia y poder para quienes hasta ahora no lo han tenido, es desde ya uno de los reclamos de sectores escépticos de la izquierda y es una de las grandes preocupaciones de la ultraderecha beneficiaria de la democracia restringida, por ello no sucederán de manera espontánea pues eso no corresponde a la realidad. En esto exactamente  radica la tarea histórica, no propiamente llevada a cabo en negociaciones dominadas por la idea de las  desmovilizaciones de combatientes y con el error de creer que las reformas, en caso de darse, cambiaban la realidad por si solas. Debe entenderse entonces que en  lo acordado hasta ahora están los elementos que, formalizados, deben tomar cuerpo en la sociedad,  y es ésta la que, sin la coyunda de las balas, se la deberá jugar para hacer  realidad el Estado social y democrático de derecho, lo que implica un cambio del bloque en el poder mediante el ingreso de nuevas fuerzas provenientes de los nuevos partidos o de los movimientos sociales que se decidan por ingresar a esta disputa en los escenarios de representación política.

El dilema, si se quiere el quid del asunto, radica en que tanto el sector de la elite, que lidera el actual proceso de paz, como una sociedad ganada para dicho proceso, sean  capaces, en un marco de lucha política compleja pero prometedora, de neutralizar y hasta desterrar el uso de la violencia como manera de enfrentar la alteridad, al diferente, al opositor. Esta es una de las más importantes transformaciones culturales en el campo de  las relaciones entre nosotros, que no sólo incumbe a la cultura política.

No hay solo una manera de llegar a  Roma. Con esto se quiere decir que pese al reiterado NO del gobierno sobre los imponderables, unas nuevas condiciones democráticas planteadas en el borrador de acuerdo —como las garantías a la oposición,  a la protesta social y al ejercicio  de defensores y defensoras de derechos humanos—, abrirían el camino a cambios en el ejercicio de la política y, con ello, a la posibilidad de una recomposición del bloque en el poder. Esto bien podría ser el preámbulo a cambios en el modelo de desarrollo y a cambios en una doctrina militar en donde América Latina ya muestra experiencias concretas, por eso no es una idea descabellada. La oportunidad  cada vez es más una realidad, ojalá no la dejemos escapar.

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