La paz renguea pero avanza

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Artículo de opinión por José Girón Sierra, analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Al cierre del ciclo 37 de las negociaciones que adelanta el Gobierno colombiano y la organización insurgente FARC, en La Habana (Cuba), nos sorprendieron con dos anuncios que merecen sendos comentarios, pues dan señales bien claras de que si bien acá los hechos de guerra  agitan y conmocionan el ambiente y avivan el accionar de los enemigos del proceso, por La Habana pareciera que el trabajo de las comisiones no se detiene. Eso de no levantarse de la mesa de negociaciones, no obstante la adversidad y la desconfianza que pulula y se alimenta desde todos los costados, no parece ser  una opción.

El anuncio dado por el jefe guerrillero Iván Márquez implica un giro importante de las FARC, al señalar: “(…) hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la comunidad internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. (..) Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de justicia transicional derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades. Lo que rechazamos son normas penales diseñadas para un solo destinatario -derecho penal del enemigo-, presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa, sabiendo de antemano que el Estado no puede ser juez y parte al mismo tiempo”.

En síntesis, contrario a posturas anteriores, están reconociendo que hay una realidad jurídica internacional que no puede soslayarse y que es indispensable tener en consideración. De allí, que se acepte la aplicación de un modelo de justicia transicional  y las decisiones que en materia de penas de ella se deriven, que consulte no sólo esta realidad jurídica internacional sino que también le sea satisfactoria a las víctimas en el marco de sus derechos. Además es claro, que tal como van los desarrollos de los debates internos en el país y en la mesa misma, ya el marco jurídico para la paz, producto de una decisión unilateral del Gobierno, ha hecho agua, pues a la luz de los hechos son evidentes sus limitaciones. Sólo basta mirar que el campo de los implicados, sólo pensado desde la insurgencia, ya  no es tan simple y es preciso  que cuando de justicia y de verdad se hable, se abra un abanico mayor como lo vienen sugiriendo voceros importantes del establecimiento.

Si bien es cierto que dicho modelo de justicia transicional debe pasar por la mesa de negociación como lo reclama la insurgencia, no es menos importante que de este también se ocupe la sociedad y de manera preferencial las víctimas. El punto de equilibrio  entre paz y justicia, tan reclamado por distintos sectores, es ante todo un pacto político que se hace con la sociedad y esto lo es más dado  los altos índices de ilegitimidad del proceso de La Habana en donde el tema de la justicia acusa las mayores sensibilidades.

El segundo anuncio indica que:

 “El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

 (…)Con este propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición  (en adelante la Comisión), que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial”.

Este acuerdo que  ha activado la ya conocida batería de adjetivos, distorsiones  y descalificaciones por parte de la oposición, da un paso decisivo  en la crucial tarea del esclarecimiento de la verdad. Merece resaltarse cuál es la finalidad de  esta Comisión:

1. Reconocer y dignificar a las victimas estableciendo las responsabilidades individuales y colectivas de quienes de manera directa o indirecta participaron de los hechos para que haya justicia y para que esto no vuelva a repetirse. Al respecto, es necesario resaltar, que si bien esta comisión no parte de cero, debe concentrar sus esfuerzos “en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto”. No se trata, pues, de repetir lo ya conocido.

2. El trabajo de la comisión muy en concordancia  con lo expuesto antes, tendrá un enfoque territorial, lo cual deriva  de  acuerdos adelantados en los temas de la agenda, en donde  se ha señalado la pertinencia de dicho enfoque. Con ello, se subsana un  vacío importante consistente en develar con mayor profundidad  lo ocurrido en los territorios. Esto, abre un nuevo capítulo en materia de verdad lo cual será un factor dinamizador para la movilización social en un escenario de postconflicto y un aporte sustancial en materia de legitimar el proceso  y en abrirle  el paso a la reconciliación.

Clave será que la composición de dicha comisión no dé lugar a la menor duda sobre la independencia y objetividad de sus decisiones. Es necesario admitir de antemano que de ella no se derivará toda la verdad, eso sería un imposible, pero si le pediremos que en el largo camino de allegar la verdad de un conflicto tan complejo como el que tiene entre manos, marque un hito y sea una herramienta relevante para que lo ocurrido no vuelva a presentarse.


* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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