Artículo de opinión por diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Buena parte de los colombianos, luego del escepticismo generado por las acciones militares del gobierno y las FARC en el primer semestre del año, sentíamos embolatado el proceso y veíamos un caldo de cultivo para que sectores de derecha y ultra derecha, y otros sectores reactivos elevaran sus cantos de guerra atrincherados en su rimbombante lema: «Paz con impunidad».

El acuerdo anunciado este miércoles 23 de septiembre, despeja dudas y cierra la puerta a las distorsiones planteadas frente al proceso. La decisión de crear tribunales y salas de paz; la fijación de un cronograma específico de 6 meses para la finalización de los acuerdos de paz y de 60 días para la dejación de las armas por parte de las FARC —después de firmado el acuerdo—; la garantía de verdad y reparación a las víctimas; la definición de penas alternativas; y el compromiso del Estado y la insurgencia en reconocer sus responsabilidades; son, entre otros,  temas que aseguran una justicia reparadora y restaurativa, y dejan al lobo aullando solo, como dice el cuento.

Hoy se abre un nuevo camino a la esperanza de paz, no podemos ser sordos al llamado de la comunidad internacional, del papa y de la sociedad en que este esfuerzo no se puede frustrar.

El desafío será contrarrestar el escepticismo; derrumbar las distorsiones; hacerle el quite al miedo; refrendar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos; asegurar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición; y construir la institucionalidad democrática para esto a nivel nacional y en las regiones.

El cronograma del acuerdo se aprieta y el de la esperanza se cristaliza. Llegó el acuerdo de justicia y verdad con las víctimas, y se aproximan la finalización del conflicto con resultados de las subcomisiones, la refrendación de los acuerdos por parte de la sociedad colombiana, la posterior comisión legislativa especial para la paz y las atribuciones para que el Presidente materialice las reformas necesarias y esperadas.

Finalmente, no se puede ensayar, y al gobierno de Juan Manuel Santos le tocará implementar la primera parte del posconflicto en su mandato acorde a las reformas establecidas. Pero además, las elecciones locales marcaran el camino de la paz territorial y en medio de esto el lobo seguirá aullando, pero ya no habrá quien le crea.

Ahora que han perdido propiedad de ser voceros de las víctimas del conflicto, en parte gracias a sus políticas y a las asociaciones criminales realizadas, invocan el derecho internacional y los derechos humanos, que mucho violaron, y que el nuevo acuerdo reconoce y respeta. Por eso la alharaca sigue siendo el argumento para oponerse a la salida política a la guerra, y el miedo infundado, la forma de aterrorizar y oponer a la comunidad a la construcción de la paz. Pero el fantasma de la paz ya no asusta.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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