El Bajo Cauca Antioqueño sigue teniendo la tasa de homicidios más alta del departamento, pese a los esfuerzos por reducir la violencia en esa región.  De esa manera lo expuso el  Secretario de Gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, durante la presentación del primer informe de Derechos Humanos de la Gobernación.

El balance tampoco deja bien paradas a las regiones del Suroeste y el Urabá Antioqueños, las cuales tuvieron aumentos en sus tasas de homicidios mientras las demás regiones descendieron.

El informe, titulado Contexto departamental y acciones de la Gobernación de Antioquia en materia de derechos humanos, revela que los grupos pos paramilitares —llamados Bacrim— y la guerrilla de las FARC son los que tienen mayor presencia en el departamento
El informe, titulado Contexto departamental y acciones de la Gobernación de Antioquia en materia de derechos humanos, revela que los grupos pos paramilitares —llamados Bacrim— y la guerrilla de las FARC son los que tienen mayor presencia en el departamento.

Bajo Cauca es zona crítica

Las cifras son contundentes: mientras en Colombia la tasa promedio de homicidios en 2014 fue de 27.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en Antioquia la tasa promedio fue de 32.36, y en el Bajo Cauca fue de 71.93; en esta región la cifra equivale a 2,2 veces la tasa departamental, indicó el estudio.

Los mayores índices de homicidios por municipio en el Bajo Cauca, entre 1985 y 2014, los tienen Tarazá con 3.229 y Caucasia con 2.133, según datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas con corte al 1 de febrero de 2015. Les siguen Cáceres con 1.461 homicidios, Zaragoza con 1.105, El Bagre con 985 y Nechí con 419.
Los mayores índices de homicidios por municipio en el Bajo Cauca, entre 1985 y 2014, los tienen Tarazá con 3.229 y Caucasia con 2.133, según datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas con corte al 1 de febrero de 2015. Les siguen Cáceres con 1.461 homicidios, Zaragoza con 1.105, El Bagre con 985 y Nechí con 419.

El caso de Tarazá, donde históricamente operó el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia y donde actualmente hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla de las FARC, es dramático si se considera que, comparado con Caucasia, su población es dos veces menor. Mientras Caucasia tiene una población proyectada de 109.511 habitantes a 2014 según datos del DANE, Tarazá posee una población proyectada de 41.485 habitantes.[1]

Pero es el desplazamiento forzado el hecho victimizante que reporta el mayor número de víctimas en el Bajo Cauca: 98.644 entre 1985 y 2014 según el RUV. El Bagre con 30.155 desplazados es el municipio más afectado, seguido por Tarazá con 22.576, Caucasia con 13.221, Cáceres con 12.847, Zaragoza con 11.110 y Nechí con 8.735.

Y aunque el Bajo Cauca es una zona de intervención priorizada por el gobierno departamental y por las autoridades nacionales: con aumento de fuerza pública, incremento en la judicialización de delincuentes, estrategias de prevención y la política de Consolidación Territorial, la región sigue siendo una de las más complejas de Antioquia, reconoció el Secretario de Gobierno.

“Allí hacen presencia distintas expresiones de la ilegalidad: las FARC, el ELN, las bandas criminales, distintas rentas ilegales: en torno a la minería y los cultivos ilícitos, y eso es todo un contexto que efectivamente se traduce en vulneración a los derechos humanos: tenemos casos de amenazas, de desplazamiento, de violencia intrafamiliar”, explicó Esteban Mesa.

En Urabá y Suroeste aumentaron los homicidios

Si bien, las mayores tasas de homicidios en 2014 las registran el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte de Antioquia —71.93, 63.25 y 54.52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes respectivamente—, llama la atención que el hecho de que en siete de las nueve regiones del departamento hubo una tendencia a la baja, pero en Urabá y el Suroeste se registraron incrementos.

En Urabá el aumento fue del 17% al pasar de 134 homicidios en 2013 a 157 en 2014, para una tasa de 24.43 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el Suroeste el incremento fue del 12% pasando de 169 asesinatos en 2013 a 189 en 2014, para una tasa de 50,17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que pone a esta región en el cuarto lugar en la medición departamental.

La pregunta es: ¿Qué pasa en Suroeste y Urabá? un servidor público consultado por la Agencia de Prensa IPC, quién pidió la reserva de su identidad, expresó que algunos municipios del Suroeste enfrentan problemas de seguridad derivados de los enfrentamientos entre bandas criminales.

“En los municipios de Andes, Ciudad Bolívar y Amagá se han presentado dificultades por un asunto de confrontaciones entre La Oficina y Los Urabeños que se disputan el micro-tráfico y las rentas ilegales.”

A esto se debe agregar que el pasado 7 de julio ocurrió un desplazamiento masivo de 360 indígenas de la etnia Emberá Katío provenientes de los resguardos Majoré y Valle de Perdida, en límites con el departamento del Chocó, quienes se desplazaron hasta una institución educativa en zona rural de Urrao, Suroeste antioqueño, ante la presencia de la guerrilla de las FARC en sus territorios.

Entre tanto, los municipios de Turbo y Apartadó, pertenecientes al Urabá Antioqueño, fueron junto a Medellín, en el Valle de Aburrá, los mayores expulsores y receptores de población desplazada en el departamento.

Las regiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá son las que registran el mayor número de víctimas en Antioquia: 427.139 en Urabá, 327.291 en Oriente y 237.911 en Valle de Aburrá, entre 1985 y 2015 según el RUV.
Las regiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá son las que registran el mayor número de víctimas en Antioquia: 427.139 en Urabá, 327.291 en Oriente y 237.911 en Valle de Aburrá, entre 1985 y 2015 según el RUV.

Vale recordar que en la región de Urabá hacen presencia la guerrilla de las FARC y el grupo pos paramilitar “Los Urabeños”, el cual se originó en esa zona y luego se extendió a varias subregiones de Antioquia y a otros departamentos del país como Chocó, Córdoba e incluso el Valle del Cauca, donde sostiene una confrontación con Los Rastrojos por el control del narcotráfico desde el Puerto de Buenaventura.

Extorsión: un faltante en el informe

El 10 de diciembre de 2014, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, plataforma de derechos humanos que reúne a 23 organizaciones en Antioquia, presentó su informe anual de derechos humanos en el cual se abordó el problema de la extorsión en el Bajo Cauca.

El estudio sobre extorsión, realizado por la Agencia de Prensa del IPC, concluyó que “la extorsión, como impuesto criminal, se ha convertido en una ruta a la vulneración de derechos humanos, afectando derechos como: la vida, el trabajo, la educación, la libertad, la seguridad, la libre movilidad, entre otros”, expresó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Extorsión en el Bajo Cauca Antioqueño: ruta a la vulneración sistemática de derechos humanos

Pero esta problemática no apareció referida en el informe de DDHH que presentó la Gobernación de Antioquia el pasado 7 de agosto. Al respecto, Esteban Mesa afirmó que este delito preocupa a la Gobernación: “El Gobernador Sergio Fajardo lo ha dicho en distintas instancias: es tal vez el reto más grande en seguridad que tiene nuestro país y específicamente nuestro departamento. Nosotros hemos generado una estrategia a nivel departamental que pasa por descentralizar los Gaulas que son los grupos especializados para enfrentar este delito.”

Según el Secretario de Gobierno, en el departamento solo existían dos Gaulas: uno en el Área Metropolitana y otro en el Oriente, actualmente también hay Gaula en Urabá y en el Bajo Cauca, así como oficinas de atención en Andes y Yarumal, además se ha fortalecido la policía judicial.

“Uno ve que estas políticas no han sido eficaces”, expresó Diego Herrera al indicar que pese a las estrategias el delito de la extorsión sigue impactando a la región. Por ello, el analista piensa que es necesario tratar el tema del orden público más allá de lo coercitivo.

Según él, el problema requiere inversión social, mayor judicialización, depuración de la fuerza pública, y legitimación y transformación de la institucionalidad para que sea más transparente y menos cooptada. Pero también “se necesita disminuir la impunidad social porque en ambientes donde la ilegalidad reina la sociedad se acostumbra a eso, y hay que hacer una labor muy importante para transformar la cultura política.”

Este artículo tambíen está disponible en el portal Verdad Abierta.comhttp://goo.gl/EmAUR2


[1] «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE.

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