Las elecciones del posconflicto

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Artículo de opinión por José Girón Sierra, analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Nos encontramos en la recta final  de unas elecciones en las cuales serán elegidos quienes regirán los destinos de los municipios y departamentos del país en los próximos cuatro años. Dichas elecciones no se circunscriben a lo que tradicionalmente suscitan estos procesos electorales en tanto, de  alguna manera, se ocupan de los problemas más sentidos por los electores y, sin duda, porque también están en juego los poderes territoriales. La coyuntura que vienen generando las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana (Cuba) y los desarrollos recientes en materia de justicia, que alientan la certeza de que estos territorios se encuentren en un escenario de postconflicto, le imprimen a este proceso electoral unas connotaciones nuevas y significativas. La razón es apenas elemental: Alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas se verán abocados al desarrollo de  una agenda en un grado importante determinada por estos acuerdos.

Esto adquiere una mayor relevancia cuando desde la agenda pactada y los acuerdos a los que se  ha llegado en temas tan cruciales como el problema agrario, las víctimas y sus derechos,  la reforma política  que dote de derecho y de garantías a la oposición y a la movilización social, para sólo señalar éstas, de manera reiterada la connotación territorial ha sido considerada fundamental cuando de sostenibilidad del proceso se habla. Dicho de otra manera, si la paz no pasa por los territorios ésta será sólo un discurso. Sería apenas obvio entonces, que como ocurriera en las pasadas elecciones presidenciales, el tema  de la paz ocupara un lugar destacado en el debate político y en las propuestas de gobierno.

Contrario a lo que podría esperarse, en los programas presentados por los candidatos a las alcaldías en estas subregiones, brillan por su ausencia las propuestas de gobierno que indiquen, medianamente, que el tema del  conflicto y de la coyuntura  de  manera específica, hubiesen sido  tomadas en consideración. ¿No es descabellado pensar que algo parecido esté ocurriendo en el resto del país? El porqué de esto es algo que merece ser objeto de análisis.

  1. Una primera explicación podría estar en que tratándose de territorios con una alta presencia de actores armados, en donde es significativa la presencia de organizaciones paramilitares y de narcotraficantes  pertenecientes al empresarismo ilegal, el miedo y  la intimidación en unos casos y la cooptación en otros, expliquen qué temas tan sensibles como el de la tierra  o el de las víctimas sean omitidos de manera deliberada o tratados sólo de manera tangencial, pues no es posible que se pueda invocar en este caso  ignorancia  sobre una realidad tan impactante.
  1. Podría argüirse  que como suele creerse equivocadamente en estas escalas territoriales, el tema de la guerra, interpretado como un problema de orden público, es de exclusivo resorte del Gobierno nacional y que es muy poca la iniciativa que al respecto pueda tener un Alcalde o un Concejo municipal. La línea fácil no sería otra que la de optar porque sea  el gobierno nacional  quien haga  el gasto económico y político.
  1. Finalmente, es posible que en el plano de  nuestra precaria cultura política democrática tan afín al clientelismo y al cálculo electorero, en un escenario en el que el proceso de La Habana no logra en la sociedad  un nivel de aprobación importante,  la paz no sólo no daría  votos  sino todo lo contrario, se convertiría  en un factor bastante negativo para las aspiraciones políticas de  cualquiera. De allí, la decisión de no asumir dicho riesgo y más bien, en consonancia con el segundo numeral, dejar que sea el Gobierno nacional quien los asuma.

Como podrá colegirse de lo anterior el problema no es menor para un escenario de postconflicto: Quienes sean electos estarán en los cruciales primeros cuatro años del posconflicto. Se señala de manera reiterada por distintos analistas que uno de los grandes retos por las razones expuestas inicialmente, radica en los problemas del Estado en las escalas municipales. No sólo en algunos el Estado no existe si no que en donde hay algo, éste es funcional a la ilegalidad y a los intereses privados en todas sus expresiones. Sin duda hay problemas de recursos, también, de que el aparato del Estado en todas sus instancias haga presencia, pero no se puede olvidar que el Estado no es propiamente un ente abstracto que opera por sí mismo, si no que allí  es donde se dirimen los intereses  de la sociedad  y en esto, los partidos políticos, por lo menos hasta ahora, son determinantes.

Al momento de establecer responsabilidades las cosas son bastante obvias: Sólo el Centro Democrático tiene bien claro qué es lo que se está dirimiendo en estas elecciones y por eso filaron sus candidatos alrededor de la estrategia de oponerse al proceso de paz y legitimar la “seguridad democrática”. Los demás partidos, dentro de los que se destacan los de la Unidad nacional, se dedicaron a repartir avales, primando el criterio electorero, acusando una marcada imprevisión sospechosa al no considerar la paz como una exigencia en los programas de gobierno, y denotando una evidente  complicidad con los poderes locales afines a la ilegalidad y de quienes  desde hace rato se sirven del Estado.

Los faltantes para un escenario como el que parece gestarse después de la firma del fin del conflicto en La Habana no dejan dudas: se requiere que la sociedad defienda y empuje la concreción de los acuerdos y partidos políticos, y que, siendo igualmente sujetos de transformación, sean agentes determinantes de las transformaciones del Estado en sus distintas escalas territoriales.

Bien valdría la pena que en los partidos políticos también tuviera eco las frases que retumbaron en La Habana en boca del presidente Santos y el máximo jefe de las FARC, alias Timoleón: NUNCA MÁS y NO NOS PODEMOS PERMITIR OTRA FRUSTRACIÓN.

 

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