Artículo de opinión por José Girón Sierra, analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El 19 de octubre, los gremios económicos de Colombia hicieron entrega al Gobierno de un documento en el cual consignan su posición frente al actual proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana (Cuba) con la organización insurgente FARC. No puede ocultarse la importancia de este escrito, toda vez que surge cuando se considera que el proceso de paz ha entrado en una condición de irreversibilidad. Pero llama la atención lo poco que se han ocupado de este asunto los medios de comunicación y los analistas; sin mencionar que quienes destacaron su importancia omitieron los  muchísimos bemoles  que le fueron colgados al manuscrito.

La posición de quienes son poseedores de la riqueza respecto a la posibilidad de dar por concluida una guerra como la que ha sufrido Colombia reviste la mayor importancia, pues se trata ante todo de conocer de que talante es su compromiso en la visión compartida de sociedad, teniendo como centro la superación de las inequidades y exclusiones, pero también los  cambios que propiciarían una democracia vigorosa. De la paz se dice es un buen negocio y esto lo es por lo menos por dos razones fundamentales: la guerra se puede tragar todos los recursos que se desee una sociedad  y no deja sino destrucción, en cambio, estos mismos recursos utilizados para la paz siempre harán una sociedad más justa y democrática, por lo tanto más libre, pues impera la construcción. Pero tal vez lo  más importante, evitar el daño en vidas y, con ello, la impronta de la victimización que deja cicatrices difíciles de borrar, expresadas en una sociedad en la que se ha alterado de manera profunda la calidad de las relaciones por imperar el miedo, la desconfianza y el pesimismo. No podría ser lo mismo el desarrollo económico en medio de la guerra que el que podría darse en unas condiciones de paz.

Esto que parece demasiado obvio, no lo ha sido en el caso colombiano. La elite,  de la cual hacen parte los sectores económicos, históricamente ha encontrado en la guerra una manera bastante eficaz de preservar sus intereses, lo cual puede explicar el hecho reciente de su actuación, como un solo bloque, cuando la Seguridad Democrática les propuso el impuesto de guerra.

Miremos algunos de los planteamientos del documento aludido:

Respondiendo a la pregunta del ¿por qué negociar?, el Consejo Gremial señala que:“No porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República. En lo esencial, las razones son humanitarias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales”.

El texto es bien claro. Se parte de la tesis del Estado y de la sociedad víctima. En lo que ha ocurrido no hay causas de orden estructural, el tema del histórico despojo violento de las tierras como todas las condiciones que se han perpetuado y profundizado por más de 50 años, la inequidad y la exclusión, hacen parte de un sofisma o una argumentación que no tiene asidero en la realidad. Por lo tanto, acá solo hay un responsable: La insurgencia. Presentadas las cosas así, la conclusión no podría ser distinta a la de que de nada se le puede responsabilizar a los gremios económicos, y de que si algún papel les corresponde no sería otro que el estrictamente humanitario. Por ello les preocupa que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda implicarlos cuando ésta se concibe de aplicación universal y ajena a fueros e inmunidades.

“Con relación a la materia de la que el Tribunal se ocuparía, se dice que ella versará sobre crímenes cometidos en el contexto del conflicto, de manera directa o indirecta. Para el derecho penal liberal, la imputación y, por lo tanto, la pena, dependen de actuaciones personales, bien sea como autores, materiales o intelectuales, cómplices o encubridores. La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. Consideramos necesario, por lo tanto, que esta cuestión sea objeto de precisión.”

Con relación al primer punto de la  agenda, los intereses son bien precisos:

“Lo acordado en el primer punto sobreDesarrollo Rural Integral solo tiene cabida o aplicación en tanto no riña con la línea roja de la no negociabilidad del modelo de desarrollo en general, del cual hace parte”

“Las propuestas que se hagan sobre Desarrollo Rural Integral y las soluciones a la pobreza rural deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma”.

“Por lo tanto, instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, y la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, si bien preexisten en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra”. 

Dicho de otra manera, esto es un sí a la negociación, pero nada de aquello que pueda modificar el statu quo de la propiedad.

Preocupa que el Presidente se identificara con todo esto: “Los puntos que acaba de leer el doctor Bruce Mac Master los suscribimos totalmente. No hay la más mínima diferencia entre esos puntos y la posición que el Gobierno ha venido sosteniendo y sostendrá hasta el momento en que firmemos los acuerdos y luego cuando los comencemos a implementar”.

Esperemos que no estemos frente a una nueva celada de usanza a lo largo de este conflicto armado. No sobra reiterar que la paz tiene sus costos y éstos no son sólo económicos, si de veras se ha llegado al convencimiento de que no debe  haber lugar a la repetición. La verdad es uno de los costos mayores y es en donde habría mayores resistencias, y los empresarios  no pueden ser una excepción.


* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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