El valor de la justicia en tensión

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Artículo de opinión por Diego Herrera Duque

Presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

En la última semana, el país se ha visto crispado y polarizado ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a comparecer a Santiago Uribe, hermano del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en la conformación y financiación de la estructura denominada “Los Doce Apóstoles”; para rendir cuentas por los delitos cometidos por tal estructura criminal en Antioquia a mediados de los años 90´s.

Dicha polarización se presenta, de un lado, porque sectores políticos como el Centro Democrático, y particularmente el ex presidente, han interpretado este llamado de la Justicia, y otras investigaciones judiciales, como una persecución política a sus líderes, a miembros de su anterior gobierno y a su familia; y desde esta perspectiva han venido haciendo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en las calles y a defender su derecho de oponerse al proceso de negociación política entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Del otro lado, por parte del gobierno se argumenta que no se puede confundir con persecución política el llamado que hace la justicia a estas personas, invocando la separación de poderes entre la Justicia y el Ejecutivo que existe en el Estado Colombiano, y aclarando que estas decisiones de la justicia no pueden asociarse ni politizarse en relación con las posturas de los sectores políticos que se oponen a los acuerdos de paz de La Habana.

Tanto de un lado como del otro, ha sido reprochable la manera como se ha tramitado este debate ante la opinión pública, y sobre todo el tratamiento dado al valor de la justicia. Los señalamientos, las acusaciones y enfrentamientos no contribuyen en nada a aclimatar un ambiente favorable y reflexivo para la oportunidad que hoy vive la sociedad colombiana de cara a la construcción de la paz en el país. La ira, la rabia y la irritabilidad en las posturas no pueden obstruir el legítimo mandato constitucional de los organismos judiciales de investigar posibles conductas delictivas para superar la impunidad que ha rodeado la acción de grupos paramilitares, con apoyo de empresarios y sectores políticos, ni tampoco cercenar una reflexión razonable y mesurada sobre el llamado al diálogo político para construir un futuro esperanzador a la luz de la finalización del conflicto que se está negociando en La Habana.

Lastimosamente, este debate se ha personalizado. O es con Uribe o es contra él. O es con Santos o es contra él. Es una trampa caer en esta posición, ya que el tema de la institucionalidad y la separación de poderes en Colombia, y el proceso de paz en particular, es de toda la sociedad colombiana. Nadie puede estar por encima de la Ley ni del derecho a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia. Bien recuerda Paul Ricoeur que “el valor-justicia es la regla socializada siempre en tensión con el juicio moral de cada uno”.

Las instituciones de la justicia tienen todo el derecho a llamar, investigar y pedir cuentas a aquellos que presuntamente están involucrados en hechos delictivos, como es el caso del señor Santiago Uribe y su relación con “Los Doce Apóstoles”, independiente de sus lazos de consanguinidad con el ex mandatario. El fuero es para los ex presidentes y no para su familia y colaboradores. Las víctimas y la sociedad colombiana tienen todo el derecho a saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y quiénes se beneficiaron con las actividades ilegales de ese grupo armado en el Norte de Antioquia. El señor Santiago Uribe tiene todo el derecho a defenderse, a tener un debido proceso, y a tener todas las garantías, pero también tienen la obligación de responder ante la Justicia sin aspavientos y sin obstrucción.

Como se ha dicho tantas veces, la verdad y la responsabilidad ante la justicia son dos asuntos inseparables a la hora de reparar el daño causado, superar la impunidad y generar garantías de no repetición a las víctimas y a la sociedad, y este caso particular no puede ser la excepción. Tender cortinas de humo, y enfrascar a la ciudadanía en un debate de amigos o enemigos de Santos o de Uribe, y lo que representan como posturas políticas frente a la paz en Colombia, pone en riesgo la posibilidad de construir un escenario de diálogo y acuerdo político que edifique una nueva institucionalidad democrática y una ciudadanía activa y comprometida con el futuro posconflicto.

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