Bajo Cauca: el reto de construir razones para la esperanza

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  1. Asiste la razòn a Marìa Soledad Betancur cuando plantea que en el Bajo Cauca antioqueño “las estructuras paramilitares no se desmontaron con la negociaciòn que realizò el gobierno de Àvaro Uribe Vèlez entre los años 2003 y 2004, sino que se reorganizaron para seguir controlando las renta ilegales y el territorio a travès del miedo y la intimidaciòn”. La cruda realidad fundamenta a la Investigadora Betancur. Es claro que a nivel nacional la Ley 975 de 2005 -Ley de Justicia y Paz- no fue un instrumento legal para la desmovilizaciòn del paramilitarismo, sino para su institucionalizaciòn. No de otra manera puede entenderse que en varias ciudades esa “polìtica de Estado” -admitida como tal por Salvatore Mancuso en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia-, haya cooptado las Juntas de Acciòn Comunal y las Juntas Administradoras Locales, y por intermedio de ellas y de ONGs-fachada, canalicen a sus arcas cuantiosos recursos presupuestales de los entes territoriales.

  2. Si se aborda el decurso històrico del Bajo Cauca antioqueño con miras a la consecuciòn de mayores elementos de juicio en el anàlisis de su situaciòn econòmica, social y polìtica, se revelarà el rol estratègico que ha jugado desde tiempos de la Colonia. Es asì como, entre otras cosas, ha servido para el flujo migratorio de importantes nùcleos poblacionales en bùsqueda de asentamiento para sus proyectos comunitarios y, de no menor manera, como corredor estratègico para actores armados en conflictos locales, regionales y nacionales -con deriva internacional algunos de ellos-. Ahora bien, en virtud de su riqueza en recursos naturales en particular, y medioambientales en general, es objeto de las pretensiones de empresas nacionales y transnacionales de diverso tipo. En ese contexto, es muy pertinente la pregunta de la Investigadora Marìa Soledad Betancur atinente a las explicaciones que debe rendir la estrategia de Cosolidaciòn Territorial en relaciòn con su fracaso en el objetivo de “transformar en estos años las realidades de conflicto y exclusiòn que viven las comunidades que configuran la subregiòn”. La cuestiòn es que, en realidad, el diseño de la estrategia en referencia no estaba dirigido a cumplir con el objetivo en menciòn. De lo que se trataba era de cimentar la “consolidaciòn territorial” de una zona funcional al desarrollo de megaproyectos urbanos y rurales del capital local, regional, nacional y transnacional. El objetivo era consolidar el statu quo y adecuar el territorio para su inserciòn en la Divisiòn Internacional del Trabajo del “capitalismo salvaje”. En tal sentido es oportuno analizar los proyectos estratègicos de la dirigencia departamental y nacional.

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