Bajo Cauca: el reto de construir razones para la esperanza

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2 Comentarios

  1. Asiste la razòn a Marìa Soledad Betancur cuando plantea que en el Bajo Cauca antioqueño «las estructuras paramilitares no se desmontaron con la negociaciòn que realizò el gobierno de Àvaro Uribe Vèlez entre los años 2003 y 2004, sino que se reorganizaron para seguir controlando las renta ilegales y el territorio a travès del miedo y la intimidaciòn». La cruda realidad fundamenta a la Investigadora Betancur. Es claro que a nivel nacional la Ley 975 de 2005 -Ley de Justicia y Paz- no fue un instrumento legal para la desmovilizaciòn del paramilitarismo, sino para su institucionalizaciòn. No de otra manera puede entenderse que en varias ciudades esa «polìtica de Estado» -admitida como tal por Salvatore Mancuso en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia-, haya cooptado las Juntas de Acciòn Comunal y las Juntas Administradoras Locales, y por intermedio de ellas y de ONGs-fachada, canalicen a sus arcas cuantiosos recursos presupuestales de los entes territoriales.

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