Las sorpresas del nuevo acuerdo de La Habana en el tema agrario

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El pasado 12 de noviembre el jefe negociador del Gobierno Nacional Humberto de la Calle, emocionó a varios de los colombianos al informar que se tenía un nuevo acuerdo, agregando que este era mucho mejor que el anterior.

Al leer el nuevo acuerdo, especialmente en el punto agrario, se identifica que algunos temas como el fondo de tierras, la titulación de predios, el catastro multipropósito y otras acciones fundamentales para mejorar la calidad de vida de los campesinos y campesinas se mantienen, pero se percibe la incidencia de las propuestas de los sectores del NO que afectan temas estructurales y hasta ponen en duda el desarrollo de otros.

Frente a estos cambios José Girón Sierra, investigador en residencia del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, se preguntaba ¿si este era realmente el mejor acuerdo?[1]

A continuación presento algunos de los puntos que en el tema agrario generan cuestionamientos:

¿Desarrollo integral del campo para campesino o para los grandes terratenientes…?

El acuerdo primero de La Habana apunta “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, sin embargo en el nuevo acuerdo se agregó un principio que no estaba en el anterior y que puede afectar el objetivo real del primer punto.

Este principio se denomina “Desarrollo integral del campo”, pero su definición propone una visión del campo para la agroindustria, es decir para los grandes terratenientes, dejando de manera aislada sin darle mucha importancia la economía campesina.

Adicionalmente, este principio del supuesto “desarrollo integral”, se relaciona más con los objetivos de una polémica ley Zidres que propone el acaparamiento de tierras para grandes proyectos agroindustriales y que en la actualidad está demanda ante la Corte Constitucional porque afecta la vida campesina.

Igualmente, este principio de “Desarrollo integral del campo”, choca con la visión más garantista y de enfoque de derechos de otros principios del mismo acuerdo como el del “Bienestar y Buen Vivir”, en el cual uno de sus apartes reconoce a los campesinos como sujetos:

“que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades.”[2]

Así mismo, este enfoque de favorecer a los grandes empresarios y terratenientes no ha sido un hecho aislado, históricamente todas las políticas agrarias los han favorecido sin dejar casi nada para al campesinado colombiano, como lo relatan los informes de la Comisión Histórica del Conflicto[3] y el más reciente texto de Martha Peña, coordinadora de Agendas Territoriales de Paz del IPC, quien afirma que los beneficios a estos sectores son una “historia cíclica”[4] que deben parar.

¿Baldíos para las ZIDRES y no para el Banco de Tierras?

En el primer punto del acuerdo se propone conformar un banco de tierras para adjudicar a campesinos y campesinos que no tienen tierra, y se define que el mecanismo para construir este banco es por medio de los baldíos del Estado.

Sin embargo la estrategia de proteger la propiedad privada que se expresa de manera tan reiterativa en el acuerdo, al parecer buscará impedir recuperar baldíos adquiridos de manera irregular por grandes terratenientes, los cuales llegan a casi un millón de hectáreas según reveló el Incoder.

Esta preocupación se presentan en el punto 1.1.2 del nuevo acuerdo sobre “Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra”, especialmente por el tercer mecanismo que no estaba en el acuerdo anterior y en el que el Gobierno se compromete a tramitar “una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria.”[5]

Esta propuesta legislativa ya existe y es la Ley 1776 de 2016, más conocida como las Zidres y su artículo 13 muestra la visión que se tiene de los baldíos del estado:

“De bienes inmuebles de la Nación. Para la ejecución de los proyectos productivos se podrá solicitar al Gobierno Nacional, la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las Zidres, con el fin de ejecutar los proyectos productivos que hace referencia el artículo 30 de esta ley. En todo caso la entrega de inmuebles de la nación solo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor”.

Esto puede significar que los baldíos que se legalizasen con los acuerdos de La Habana tendrán estrecha relación con proyectos agroindustriales con las Zidres y para nada con propuestas de Zonas de Reserva Campesina que impulsan organizaciones comunitarias y sociales.

Retos para los movimientos sociales

Aunque el nuevo acuerdo logrado entre el Gobierno y las FARC tiene bastante incidencia en la implementación de las Zidres en los territorios. Hay un tema nuevo que se agregó y que merece la atención de las organizaciones sociales para alertar sobre estos nuevos cambios.

El nuevo acuerdo reconoce que existen problemas en la “definición y protección de los derechos de propiedad” y por este motivo el Gobierno conformará un grupo tres expertos/as en el tema de tierras para que en tres meses hagan recomendaciones de reformas normativas y de política pública sobre los siguientes puntos[6]:

  • Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe
  • Garantizar la función social y ecológica de la propiedad
  • Facilitar el acceso a los trabajadores y trabajadoras sin tierra o con tierra insuficiente
  • Promover el uso productivo de la tierra

Esto significa que las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas y víctimas, deben incidir diciéndole al gobierno quiénes deberían ser esos tres expertos, cuándo se reúnen con la sociedad civil y cómo va ser la participación de las comunidades para aportar en la implementación de lo acordado, ya que desde las mismas organizaciones se tienen propuestas legislativas que presentan un enfoque de derechos hacia el campesinado colombiano como el proyecto de “Economía Campesina Étnica y Comunitaria y de Agricultura Familiar[7] impulsado por Congresistas como Víctor Correa y Alberto Castilla.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).


[1] Los grises del nuevo acuerdo. José Girón. Noviembre 15 de 2016. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/11/15/los-grises-del-nuevo-acuerdo/

[2]ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Pag 12.

[3] Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Febrero de 2015. Pag 15

[4] Los grandes propietarios  de tierras: empresarios  del campo y los acuerdos de paz con las FARC.  Martha Peña. Noviembre 16 de 2016. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/11/16/los-grandes-propietarios-de-tierras-empresarios-del-campo-y-los-acuerdos-de-paz-con-las-farc/

[5] ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Pag 15

[6] ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Pag 16

[7] http://www.albertocastilla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200:propuesta-para-el-reconocimiento-de-los-derechos-del-campesinado&catid=98:nuestros-proyectos&Itemid=594.

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