Violencia política contra el IPC: daño al movimiento de derechos humanos

Las agresiones han intentado sacar del escenario político al IPC y limitar su capacidad de pensamiento, producción e investigación. Los ataques han hecho parte de la estrategia de señalamiento y estigmatización a líderes y organizaciones de derechos humanos en el país.

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Desde el año 2012 el Instituto Popular de Capacitación (IPC) inició, por oferta del Estado colombiano, un proceso de reparación colectiva ante la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv). Como parte de ese proceso, el martes 13 de diciembre de 2016 se presentó en Medellín el Informe del daño causado por la violencia política ejercida contra el IPC.

En rueda de prensa, Suayan Barón Melgarejo, funcionaria de la Uariv, Responsable Casos IPC y ANUC – UR, explicó que esta organización defensora de derechos humanos “fue uno de los primeros casos de reparación colectiva del nivel nacional que ingresó al programa por un llamado del Estado y por un reconocimiento explícito del conflicto armado y el accionar de la violencia política en la ciudad a través de la victimización del IPC”.

Por su parte, Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), manifestó que la memoria y el esclarecimiento de la verdad son los dos componentes centrales de este proceso de reparación colectiva.

“En ese marco —agregó Herrera Duque– hemos venido desarrollando un proceso de reconstrucción de memoria colectiva donde queremos enfatizar un poco los daños ocasionados al IPC en sus 35 años de vida con ocasión de la violencia política que se ha ejercido contra la organización. Ahí se han identificado tres hitos fundamentales”.

El Presidente del IPC reveló que desde su fundación, en los años 80, “en cada década ha ocurrido una práctica sistemática de agresiones a la institución, de una violencia política ejercida por parte de agentes del Estado y también por grupos paramilitares”.

Esa sistematicidad, concluyó Herrera Duque, “lo que ha tratado es de sacar la organización de escena, de borrar y limitar su capacidad de pensamiento, producción e investigación, y hace parte de toda esa estrategia de señalamiento y estigmatización a los líderes y organizaciones de derechos humanos en el país, algo que se mantiene”.

Tres ciclos de agresiones al IPC

El documento de daño causado destaca tres ciclos de violencia con agresiones contra nuestra organización, bien fuera por parte de agentes del Estado o de los grupos paramilitares:

  1. El IPC se constituyó con personería jurídica en el año de 1984 como una organización social defensora de los derechos humanos. Por aquella época, Colombia vivía un tenso ambiente político, marcado por el proceso de negociación con las guerrillas del ELN, el EPL y las FARC, el surgimiento del fenómeno paramilitar y la aplicación del Estatuto Nacional de Seguridad que generó una fuerte estigmatización, persecución y represión al movimiento social. Fue entonces, en el año de 1989, cuando ocurrió la primera agresión, en la que miembros del Ejército allanaron de forma ilegal la sede del Instituto y privaron injustamente de su libertad a cuatro miembros de la organización que fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos antes de ser nuevamente liberados.
  1. En el periodo comprendido entre los años 1999 y 2000 en medio del auge paramilitar en el país, el IPC sufrió el secuestro de cuatro miembros del Instituto a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia lideradas por Carlos Castaño, el 28 de enero de 1999; un atentado con bomba a la sede de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro, el 29 de agosto de 1999; y las amenazas sistemáticas a los investigadores del Observatorio de Derechos Humanos, el 9 de octubre del 2000. Estas agresiones generaron el exilio de cinco miembros del instituto.

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    Imagen: asalto a la sede del IPC en 2012.
  1. Y en septiembre de 2012, se dio un asalto, saboteo informático y hostigamiento a la sede del IPC, en el cual hubo robo de información institucional. Días después, fue hackeado el sitio Web de la organización. Y luego, afuera de la sede, fue detenida una persona que portaba artefactos explosivos. Estas agresiones coinciden con la entrega a la justicia norteamericana del general Mauricio Santoyo, exdirector del Gaula en Antioquia y exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También con el inicio de la imputación de cargos al exjefeparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, en medio del proceso de Justicia y Paz. En este proceso, al excomandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, se le atribuye el atentado con carro bomba a la sede del IPC, el secuestro de cuatro miembros del Instituto y las amenazas al Observatorio de Derechos Humanos.Sin embargo en las investigaciones de la justicia ha primado la impunidad y aún no se estable quiénes fueron los agresores en este tercer ciclo de violencia.

Agresiones de este tipo, cuya práctica ha sido sistemática, son las que han producido un prolongado estigma y aniquilamiento sobre organizaciones sociales como el IPC y, en general, sobre el movimiento social de derechos humanos y paz en Antioquia y el país, concluye el Instituto.

De ahí que el proceso de reparación colectiva que adelanta la organización pretenda contribuir a la construcción de la memoria del movimiento social de derechos humanos en Antioquia y al esclarecimiento histórico de la verdad. Además, busque fortalecer el proyecto social y político de democracia plena, y aportar sus reflexiones en un momento de transición ante un escenario de paz y posconflicto en Colombia.

En síntesis: Para el IPC emprender procesos colectivos de reparación al daño causado, es la posibilidad de reparar la democracia, creando condiciones políticas de apertura democrática y garantías de NO repetición en un nuevo escenario de construcción de paz.

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