El IPC: 35 años por la democracia, la paz y los derechos humanos

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Por: Juan Esteban Jaramillo y Jorge Diego Sierra 

En su nuevo Plan Estratégico 2015-2025 el Instituto Popular de Capacitación –IPC- se define como una organización de la sociedad civil con carácter nacional que tiene vínculos con diversos sectores de la sociedad y lleva a cabo iniciativas de investigación, capacitación, formación, opinión pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción con diversas comunidades, movimientos sociales y políticos, medios de comunicación, como también con el Estado en sus diferentes escalas territoriales. Asimismo establece que su horizonte de trabajo en los próximos 10 años estará centrado en torno al posconflicto, la construcción de paz e institucionalidad democrática en los territorios con equidad y garantía de los derechos humanos, y en dialogo con el país.

El IPC en sus 35 años ha logrado ser parte de la historia de los movimientos sociales por los derechos humanos y la paz en Colombia,  en las luchas por agendas de transformación en democracia, justicia y derechos humanos, de cara a las posturas políticas que ha construido en su historia frente a la negociación política del conflicto armado, a las iniciativas de paz de la sociedad civil, al Estado, al poder, a los movimientos sociales, al territorio, entre otros, como parte de la sociedad.

El IPC se ha transformado en diferentes ciclos y períodos, constituyéndose en un sujeto político con pensamiento crítico que se ha construido y de construido a través de su devenir en la historia, en medio de una sociedad conflictiva, polarizada y estigmatizadora, que opera como trasfondo de la violencia política. La institución tiene construida una apuesta política colectiva,  aglutinante y fundante, que ha sido afectada por las agresiones sufridas en diferentes momentos, no obstante ello, la violencia política ha sido un estímulo sobre el cual el IPC se ha reconstruido y reconfigurado como proyecto político contra hegemónico, que no se agota en su mito fundacional, ni por los impactos de la agresión, sino que se recrea permanentemente manteniendo su capacidad de vigencia,  trasformación contextualizada, pensamiento crítico, deliberación y afirmación, lo cual lo constituye en un ser diverso, múltiple y reivindicativo de la democracia, la paz y los derechos humanos.

En estos 35 años de historia,  los hechos violentos sufridos no han sido por los intereses que en particular cada uno de sus miembros ha representado, ha sido porque de conjunto y de modo claro ha expuesto las injusticias e inconveniencia social de un modelo y unas prácticas de “desarrollo territorial excluyente y de democracia restringida, que aniquila y arroja gran parte de la población a la pobreza, alimentando la informalidad económica y la conformación de grupos armados ilegales”. Es en este sentido que la agresión del IPC debe entenderse como una agresión política y no simplemente como un accidente, un hecho casual o aislado.

El IPC considera, que la estructura del Estado social y democrático de derecho ha sido considerablemente afectada por las dinámicas de violencia y degradación de la guerra, en su sistema democrático, en sus instituciones, en sus modos de gobernar y hacer la política, en su cultura política, en sus idearios e imaginarios sociales, en sus valores éticos y principios de bien común, en los derechos colectivos de los pueblos, en sus territorios, sus dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas, entendidos como un escenario de inclusión de sujetos políticos tradicionalmente marginados, así como de construcción de un nuevo marco de relaciones sociales.

Para los años venideros, tal como lo plantea el Plan estratégico, el IPC se propone en la siguiente década aportar en la construcción de la paz, haciendo énfasis en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el marco de una fuerte apuesta por la transformación democrática y cultural de la sociedad, creando las condiciones para la construcción social y defensa del derecho al territorio, el fortalecimiento de las estructuras sociales y culturales, como de las estructuras institucionales del Estado, para poder legitimar y desarrollar los cambios sociales, económicos, culturales y ambientales que requieren las regiones y el país en el tránsito de la guerra a la paz.

Finalmente, nos encontramos en un escenario complejo, luego de más de cuatro años de negociaciones se alcanzaron unos acuerdos históricos, no solo por la rigurosidad y sistematicidad con la que fueron definidos, sino porque abren una oportunidad única para realizar una serie de transformaciones sustanciales en materia política, económica y social, que permitirían trascender y superar la tan desacreditada democracia formal colombiana y su modelo de desarrollo excluyente.

Es un escenario esperanzador, que no deja de ser azaroso, pero que se muestra capaz de restituir los lazos sociales y de solidaridad, así como de recuperar el sentido de bien común en la comunidad política, abriendo la posibilidad de debatir y resolver nuestras diferencias y conflictos en términos agonísticos (y no antagónicos), con la única certeza, que independiente de nuestras convicciones políticas e ideológicas, todas y todos debemos con-vivir en la misma sociedad.

Construir este último escenario nos desafía, los resultados del plebiscito, y los cuestionamientos que desde sectores no interesados en la paz han formulado en aras de truncar las esperanzas de paz, nos demuestra que hemos avanzado, pero que debemos hacer una profunda reflexión sobre nuestro quehacer, a fin de llegar a un escenario democrático, pluralista e incluyente. Esos son ciertos retos, ese es nuestro desafío.

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