Luego de su instalación formal, las recién constituidas mesas de derechos humanos de Cáceres y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, priorizaron las problemáticas de DDHH y Derecho Internacional Humanitario que guiarán su labor durante este segundo semestre de 2014.

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; la violencia de género; las vulneraciones al derecho a la salud; y la convivencia escolar; fueron temas comunes que resultaron priorizados en ambos espacios.

El propósito es promover y articular acciones institucionales y de la sociedad civil, en torno a las problemáticas priorizadas buscando visibilizar las vulneraciones de DDHH y DIH, reducir las afectaciones a la comunidad, restablecer los derechos de las personas afectadas y promover el respeto y defensa de los derechos humanos.

En Tarazá la mesa decidió darle prelación a las problemáticas de infancia y adolescencia: con énfasis en la convivencia escolar y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la crisis del sistema carcelario; la violencia de género; las vulneraciones al derecho a la salud; y la trata de personas.

Sobre la situación de Tarazá Personera Municipal, Anni Karina Rocha, secretaria técnica de la mesa de derechos humanos de esa localidad, reveló que la cárcel del municipio tiene problemas de hacinamiento, pues tiene capacidad para 10 internos pero actualmente alberga a 23.

En cuando a violencia de género, Anni Karina recordó que en 2012 fueron asesinadas 15 mujeres en esa población. Y respecto a la salud, la funcionaria afirmó que, en promedio, diariamente en Tarazá se interponen entre 1 y 2 tutelas por la mala atención de las EPS.

Por eso, la delegada del Ministerio Público consideró importante la constitución de esta mesa “porque se están viendo acciones para proteger la vida y la integridad (…) En años pasados no se veía las instituciones le dieran la importancia que tienen los derechos humanos.”

Entre tanto, en la mesa de Cáceres, las problemáticas priorizadas fueron violencia intrafamiliar: con énfasis en violencia de género y violencia sexual contra menores de edad; la convivencia escolar; el reclutamiento forzado; la situación de derechos humanos de las comunidades étnicas; y la salud con énfasis en población en situación de discapacidad y en el reconocimiento médico legal por casos de abuso sexual.

Mesa de Derechos Humanos en Cáceres.

La secretaria técnica de la mesa de derechos humanos de Cáceres, Carolina González Trespalacios, enlace municipal de víctimas, expresó que por decisión de la mesa, de transversal a los temas priorizados “habrá un proceso de formación en derechos humanos dirigido a los funcionarios públicos y a la comunidad como tal.”

La funcionaria manifestó que la conformación de la mesa representa un avance en los indicadores del plan de acción municipal de víctimas y agregó que “el alcalde, Ubaldo Pacheco Julio, ha manifestado la voluntad y el interés político por la generación de este espacio y el apoyo a este proceso.”

Ambas mesas de DDHH sesionaron el pasado 31 de julio con el acompañamiento del proyecto Derechos sin Estigmas, desarrollado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC y apoyado por  el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID.

 

Sociedad civil y Gobernación de Antioquia participaron en la mesas de DDHH

La situación de las comunidades indígenas en el Bajo Cauca, tuvo especial atención en la mesa de derechos humanos de Cáceres donde líderes de ese grupo poblacional dieron prioridad a sus problemáticas. En esta población habitan 10 comunidades indígenas.

Para Ludis Soto, lideresa de la organización indígena Omagá, integrada a la Organización Indígena de Antioquia –OIA, “la mesa de derechos humanos de Cáceres es un logro muy importante porque antes no teníamos participación y ahora estamos creando este espacio con la participación y la voz de todos a los que nos corresponde estar acá. Para nosotros es muy de resaltar el poder tener este espacio para mostrar nuestra situación y que también somos víctimas de violaciones de derechos humanos.”

Mesa de Derechos Humanos de Tarazá

Por su parte, Luz Marina Ceballos, integrante de la Asociación de Personas con Discapacidad del Municipio de Cáceres –Asocdisca, expresó que “esta mesa nos permitirá mostrar nuestros derechos y hacer que las personas con discapacidad sean visibles para la demás gente, porque la mayor parte del tiempo nos han ignorado y no nos han dado la suficiente importancia.”

Durante su participación en la mesa, Luz Marina planteó la necesidad de construir un censo de personas con situación de discapacidad para el municipio de Cáceres, con el fin de saber cuántas personas están en esta situación y qué tipo de discapacidad tienen. Esto ayudaría a definir estrategias de atención con enfoque diferencial.

Tanto en la Mesa de Tarazá como en la de Cáceres, hubo participación de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, a través de la Unidad de Derechos Humanos, que desarrolló durante toda la semana un ejercicio de asistencia y asesoría técnica a los seis municipios de la región en el proceso de implementación de los planes integrales de prevención y protección.

Así lo reveló Iván Andrés Villegas, profesional asignado de la Unidad de Derechos Humanos, al explicar que la actividad central de este ejercicio fue la creación de un comité de impulso, el miércoles 30 de julio, para la constitución de la Mesa Regional de Derechos Humanos del Bajo Cauca. Y durante el transcurso de la semana hubo jornadas de acompañamiento a cada municipio.

“La participación de la Gobernación ha sido importante. Desde el año pasado hemos liderado un acompañamiento a la institucionalidad municipal, desde la Unidad de Derechos Humanos, y ya para este momento durante el mes de julio nos sumamos a un proceso que ha liderado el Instituto Popular de Capacitación en el diplomado en derechos humanos y en la asistencia técnica para la creación de estas mesas.”

Iván Villegas concluyó que de esta manera se lograron articular los procesos de la Gobernación y del IPC “con una respuesta muy favorable por parte de la comunidad y de la institucionalidad.”

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