Los campesinos, los indígenas, las víctimas y los mineros informales son los grupos poblacionales más vulnerables a la violación de derechos humanos en Caucasia, Cáceres y Tarazá. Así lo reveló un estudio realizado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC en desarrollo del proyecto Derechos sin Estigmas.

En los tres municipios del Bajo Cauca, el estudio recopiló información a través de una encuesta de percepción aplicada a 118 personas, entre funcionarios y líderes comunitarios; 25 entrevistas personales; y 3 grupos focales con instituciones y organizaciones sociales.

Los resultados encontrados fueron socializados entre los días 22 y 23 de mayo en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia respectivamente. En esas tres poblaciones 91 miembros de organizaciones sociales han sido beneficiarios del proyecto.

El estudio consistió en medir la opinión sobre defensores de derechos humanos, levantar un mapa de actores, y diagnosticar las percepciones y prácticas de estigmatización e intolerancia en esos tres municipios del Bajo Cauca Antioqueño; el propósito fue establecer las problemáticas que afectan la promoción y defensa de los DDHH en la región.

Derechos sin estigmas: tolerancia y cultura de derechos humanos en Caucasia, Cáceres y Tarazá”, es un proyecto desarrollado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC, con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID. Los resultados de la producción son responsabilidad exclusiva del IPC y no comprometen a USAID.

El estudio realizado será el insumo para desarrollar los contenidos de la siguiente fase de Derechos sin Estigmas, que comprende un proceso de formación en escuela intinerante, un diálogo diverso, un pacto ciudadano por los derechos humanos, un modelo regional  de derechos humanos y una campaña de opinión pública

 

Algunas conclusiones del estudio

Algunos de los principales hallazgos indican que existen percepciones justificadoras de la violencia contra las mujeres; que las organizaciones y los funcionarios conocen los derechos humanos pero en la práctica no siempre los promueven o defienden; y que ocurren discriminaciones hacia la comunidad por parte de funcionarios y de la fuerza pública.

La investigación develó además que existen niveles de desconfianza entre organizaciones e instituciones, los cuales dificultan la posibilidad de generar espacios de diálogo que permitan promover, restablecer y defender los derechos humanos en la región.

 

Algunos hallazgos de la encuesta

1. Sobre el trato de los funcionarios públicos, la encuesta arrojó que el 58% de las organizaciones percibió un trato digno por parte de los servidores públicos, el 25% siente que los tratan con negligencia y desinterésel 7% dijo recibir malos tratos y el 10% eligió no contestar el interrogante.

  1. Respecto a la discriminación, el 51 % de funcionarios/as no se vieron discriminados, pero el 22% se sintieron discriminados por la fuerza pública,el 7 % por ciudadanos y un 8% por funcionarios/as de organizaciones internacionales. El 12% de los funcionarios no respondió esta pregunta.

Por su parte, el 31% de los líderes/as de organizaciones sociales no percibieron discriminación, pero el 27% se sintieron segregados por funcionarios de las alcaldías, el 25% por la fuerza pública y el 10% por funcionarios/as del Ministerio Público. El 7 % de los líderes sociales no respondió esta pregunta.

 

  1. En relación con la violencia de género llaman la atención algunas respuestas a la pregunta¿En qué momento una mujer puede poner una demanda contra su esposo por maltrato?

Un funcionario consideró que una mujer debe interponer una denuncia sólo cuando se cometan agresiones físicas extremas contra ella y otros dos no dieron respuesta a la pregunta.

Por parte de las organizaciones sociales, llama la atención que el 19% consideró que se puede interponer dicha demanda sólo cuando ella sufrió una golpiza y su estado de salud es delicado; igualmente se resalta que el 25% de estas personas no dieron respuesta a la pregunta.

  1. La minería informal es un tema sensible y contradictorio en cuanto a percepciones.

El 20 % de funcionaros y el 15 % de organizaciones consideraron que las actividades de esas personas se encuentran cruzadas por la ilegalidad. Sin embargo, el 71% de los funcionarios/as y el 66% de las organizaciones valoraron que las administraciones municipales deberían promover en los mineros la organización y defensa de sus derechos laborales.

  1. Es inquietante el bajo grado de percepción que tienen los servidores/as públicos respecto a la importancia de los campesinos para el desarrollo del municipio, encontrando que para el 19% de los funcionarios, los campesinos son pobres e ignorantes; y para el 7% los agricultores retrasan el desarrollo económico. Sobre este aspecto el 13% de los funcionarios se abstuvo de dar respuesta. Sin embargo, de manera positiva, el 56% de los servidores consideró que los labriegos son importantes para el desarrollo de la región.

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