Promover la humanización del servicio de salud, gestionar recursos y convocar mingas para el mejoramiento de las escuelas rurales, y solicitar información sobre la gestión de la Administración Municipal en materia de educación y salud, fueron algunas de las propuestas de trabajo que surgieron en la Escuela Itinerante de Gobernabilidad Democrática y Control Ciudadano desarrollada el 15 de mayo en el municipio de Tarazá.

En el ejercicio participaron 26 personas, entre integrantes de la Junta Municipal de Educación (JUME) y del Comité Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), quienes hicieron propuestas de trabajo y seguimiento a la gestión pública para participar en la solución de las problemáticas que tiene esta población del Bajo Cauca antioqueño.

“Estoy viniendo a las reuniones porque estamos haciendo un plan de mejoramiento para bregar a que el pueblo cambie, a que se hagan cambios en la educación y en la salud. Me parece muy bien, porque poco a poco, en cada reunión, vamos evolucionando más”, expresó Marlon Alejandro Carvajal Rojas, estudiante del colegio Antonio Roldán Betancourt.

Entre las problemáticas detectadas a lo largo del proceso formativo están las dificultades de atención en salud a las poblaciones rurales, donde faltan puestos de salud, insumos y personal médico; deterioro en las instituciones educativas escuelas rurales y riesgos de drogadicción, alcoholismo y prostitución en la población juvenil.

 

El proyecto Escuela de Gobernabilidad Democrática y Control Ciudadano se desarrolla en los municipios de Anorí, Ituango, Segovia y Tarazá.

William de Jesús Hernández Rivera, presidente de la JAC de la vereda Buenos Aires, del corregimiento El Doce de Tarazá, contó que en su vereda tendrán que trasladar la escuela porque estaba ubicada en un predio privado que fue reclamado por el propietario.

Y en salud, añadió, “tenemos todas las dificultades, porque allá no hay puesto médico, solo un botiquín. En esta administración se pidió una brigada de salud y la hicieron, tuvo mucha acogida, llegó todo el mundo, pero ya hace dos años. Por ahí estamos conversando con la Secretaría de Salud para otra brigada. Vamos a ver, porque por el problema de orden público nos dicen que no se puede hacer nada”.

Otro de los inconvenientes es el acceso a la información pública acerca de las inversiones y los programas de la Administración Municipal en salud y educación, así como la participación de funcionarios con capacidad de decisión para tramitar acuerdos con los representantes de las comunidades.

“Por eso me gustó mucho la propuesta que salió de empezar a andar derechos de petición porque ya hemos insistido y persistido en estar invitando a todos estos sectores. Entonces la propuesta de la cartica es muy buena para que ellos se hagan presentes y nos manden la respuesta de cómo están trabajando, y de esa manera empezar a implementar toda la articulación con los grupos de trabajo”, manifestó Nora Margarita Hernández Espinoza, represento al CMDR.

En desarrollo del proyecto, funcionarios de las Secretaría de Educación y de Juventud, así como el Gerente del Hospital, han participado en los talleres y reuniones de la escuela atendiendo las recomendaciones de las comunidades y participando en la construcción de propuestas para mejorar la atención a la ciudadanía.

Pero más allá de las adversidades, el diálogo que se ha abierto entre líderes comunitarios e institucionalidad, así como la construcción de un plan de trabajo, ha empezado a generar cambios positivos en materia de salud y educación desde que empezó a desarrollarse el proyecto Escuela sub-regional itinerante “Gobernabilidad democrática y control ciudadano”, que desarrolla el Instituto Popular de Capacitación (IPC) con el apoyo del Programa de Gobernabilidad Regional de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (Usaid).

William Hernández da testimonio de ello: “Este proceso de la escuela se ve bien porque a un paciente del hospital que no lo iban a atender por alguna razón, fui yo y lo atendieron. No se perdió ni el pasaje ni la venida, y el señor se fue contento para su vereda. O sea, si están acatando la propuesta de humanización de la salud”.

Como este caso, el diálogo entre los líderes comunitarios y funcionarios de la Secretaría de Educación de Tarazá, permitió resolver las dificultades que había en materia de alimentación y transporte escolar en distintas instituciones educativas, en las que esta semana la Alcaldía anunció que estaban funcionando ambos servicios.

Según Rodrigo Osorno, educador popular del IPC y coordinador del proyecto, “Tarazá viene un ejercicio de participación ciudadana sostenido, creciendo desde lo ciudadano, aunque con una participación un poco débil de la administración municipal. Sin embargo, hemos hecho una ruta de trabajo que ha consistido en construir pactos ciudadanos entre administración municipal y comunidades en términos claves para la mejorar los servicios de educación y de salud”.

Justamente el objetivo del proyecto es mejorar la prestación de servicios de educación y salud para las mujeres, jóvenes y campesinos de los municipios Ituango, Tarazá, Segovia y Anorí, en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños. En este propósito, el seguimiento y el control se erigen como una de las modalidades de participación ciudadana buscando robustecer la democracia participativa.

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