Bajo Cauca: entre el extractivismo y los cultivos de uso ilícito

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    El Boletín del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, en su número 22, compila 4 textos que analizan la problemática generada por la actividad minera, los cultivos ilícitos y su impacto en el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos.

    Un primer artículo, “Crímenes contra la naturaleza. El caso de la empresa Mineros S.A.” del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, presenta la reseña de la documentación de caso presentada ante un Tribunal Internacional por la defensa de los bienes comunes, mecanismo extrajudicial creado para analizar conflictividades ecológicas que sobrevienen en el departamento de Antioquia, así como el rol de las empresas en violaciones a los derechos humanos. Con ésta se pretende denunciar “las graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza producidos por el modelo de desarrollo extractivista que impera en la región del Bajo Cauca antioqueño”, además expone los fundamentos legales que evidencian la responsabilidad tanto de Mineros S.A: como del mismo Estado colombiano, aproximándose a las afectaciones ambientales de los ecosistemas que sustentan el río Nechí.

    En el segundo artículo “La descarga en el Código Minero Colombiano”, de Augusto Mesa Martínez, el autor analiza cómo el Estado hace una “descarga” de la actividad minera en privados a través de figuras jurídicas como las del “contrato de concesión minera” consagrado en la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. Aquí, la “descarga” no se traduce en la ausencia de Estado, tal y como lo proponen “algunas interpretaciones sobre las transformaciones neoliberales de este”, sino más bien en la transferencia de poder que otorga a privados para la explotación minera.

    En el texto siguiente “Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP), el autor Álvaro Pardo, hace un recuento histórico sobre los títulos de Reconocimiento de Propiedad Privada a partir de dos periodos: del imperio español a la Ley 685 de 2001 y de la Ley 685 de 2001 al Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el marco del segundo periodo realiza un análisis de la normativa jurídica y de fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relativos al pago de regalías y de impuesto por parte de empresas que realizan explotación minera a partir del RPP. A la vez, analiza cómo la aprobación del artículo 178 del PND favorece a empresas tales como Mineros S.A. y Gran Colombia Gold.

    Por último, se tiene el texto del Observatorio de Derechos Humanos “Erradicando

    la confianza. La implementación del PNIS en Tarazá y Cáceres”, en este se expone de manera breve el estado actual de la implementación del cuarto punto del Acuerdo Final en dichos municipios. Para ello, presenta los principales aspectos del Decreto Ley 896 de 2017, esto es, el fundamento jurídico del Programa Nacional de Sustitución y las políticas del actual gobierno “Ruta Futuro” y “Paz con legalidad”.

     

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    Fecha:30 diciembre, 2020
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