Boletín virual N° 7 Observatorio (2017)

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    Editorial

    Varios focos de la agenda pública han estado en debate en Colombia y la región antioqueña en los últimos dos meses. De un lado, empieza una nueva legislatura del Congreso de la República, en la cual se dará la etapa final para la legislación en la implementación normativa del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC vía fast track. Al respecto, dos asuntos son nodales y de suma trascendencia para la sociedad colombiana: la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, y la reforma política. En ambos casos, no existe el consenso político suficiente, bien por el alcance y las responsabilidades que amerite el nuevo sistema de justicia transicional, o bien porque la reforma política implica cambios en las reglas de juego para la futura competencia electoral que a los partidos mayoritarios y tradicionales poco conviene.

    Esta nueva legislatura se da en un ambiente preelectoral en el cual será muy difícil garantizar la cohesión que hasta el momento ha mostrado la coalición del gobierno en el Senado y la Cámara de Representantes para votar las reformas propuestas, y en el que se denota ya una disminuida capacidad de maniobra de parte del Presidente Santos para sacarlas adelante. Es claro que a los dirigentes políticos en el Congreso les preocupa más su caudal electoral en las regiones que comprometerse con la agenda de paz, que, por demás, no es un buen incentivo político en materia electoral dado el nivel de escepticismo aun reinante en la sociedad colombiana. Pero también están empeñados en mantener las costumbres y formas de representación política que tantos réditos les han dado, sin mayores sobresaltos y cerrando muchas veces la participación política de las minorías, y en este escenario el nuevo partido de las FARC tiene un panorama complejo. El horizonte que se vislumbra es de posibles retrocesos en la agenda legislativa, quedando la sensación de que las FARC han cumplido, mientras se sigue naturalizando que el Estado incumpla.

    Otro elemento que ha estado en la discusión nacional, sigue siendo, lamentablemente, el asesinato de líderes y defensores de Derechos Humanos en el país en tiempos de paz. Ya son 55 desde el 1 de diciembre de 2016 a la fecha, y tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa siguen sin reconocer su sistematicidad, eludiendo el debate y aumentando la impunidad. Es un escenario inseguro y de incertidumbre para los ex miembros de las FARC y también para los liderazgos sociales en las regiones que han vivido el conflicto, la exclusión y la pobreza. Las agresiones, truncan la pretensión de estos líderes de participar en la contienda por las curules especiales de paz en las 16 circunscripciones electorales transitorias de paz pactadas en el acuerdo de La Habana. Mientras tanto, las estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras estructuras del crimen organizado, se siguen expandiendo en varias zonas del país, amenazando y agrediendo a la población civil, y controlando las economías criminales y muchas de las dinámicas sociales en vastos territorios.

    En Antioquia, uno de los elementos más polémicos fue la propuesta del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, de instalar las Vicealcaldías de Seguridad con cuerpos de Paz, que luego se remozarían con el nombre de Vicealcaldías de Paz, ubicadas en siete zonas del departamento dejadas por las FARC. Estas han sido duramente rebatidas por el movimiento social de derechos humanos y de víctimas, pero aceptadas a regañadientes por otros sectores políticos, de opinión, e incluso de la insurgencia de las FARC. Cuando pensábamos que las alternativas de militarización de la sociedad civil eran cosa del pasado, vuelven y toman vigencia con esta propuesta, adornada de paz, pero con un profundo sentido securitario, bajo la egida del orden y el disciplinamiento social.

    De otro lado, siempre ha existido la consciencia de que el acuerdo final de paz no sería la paz deseada, sino que esta entraría en una fase de construcción, y para ello tendría que lidiar con nuevas conflictividades sociales que aflorarían en las regiones y con las agendas sociales que no dejaba ver la guerra. Pues los hechos así lo demuestran: el paro minero en Segovia y Remedios, es un ejemplo de ello. A lo que se suma la persistencia de la amenaza paramilitar en el Urabá, el Norte y Bajo Cauca Antioqueño, controlando corredores estratégicos para el narcotráfico, oponiéndose a la restitución de tierras y obstaculizando la apertura democrática.

    En cuanto a Medellín, el tema de la paz ha tenido un ambiente ciudadano poco favorable para la implementación del acuerdo de paz en la ciudad, a lo cual ha sido funcional el comportamiento del actual Alcalde, Federico Gutiérrez, y el papel desempeñado por el crimen organizado. Y como en Antioquia, la paz quiere ser abrazada (o apresada) por la seguridad, como se demostró en el debate para la creación del COMPAZ (Consejo municipal de paz).

    Un hecho de mayor trascendencia, que sacudió la coyuntura, fue la captura del Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por presuntos vínculos con estructuras criminales de ‘La Oficina’. Un golpe duro a la ejecutoria de gobierno del Alcalde, Federico Gutiérrez, basada en la seguridad que, como ya lo hemos dicho, está más concebida desde una estrategia mediática que desde una política eficaz con logros efectivos en la desarticulación de estructuras criminales, lo que ha terminado por poner en riesgo la institucionalidad.

    Lo particular del asunto, es que también se hizo explicita la necesidad del debate político frente a las alternativas de combatir, someter o negociar con estructuras criminales que tienen presencia en varias ciudades del país. Causa particular atención, que precisamente después de la detención del señor Villegas, también se aumenten los homicidios en la ciudad, terminando el mes de Julio en 54, y lo que va de agosto en 17 (con corte al 7 de agosto). Se observa una evidente fractura entre los entes nacional y local; pero también la fractura que genera el enfoque de seguridad de la actual administración con la participación ciudadana y las organizaciones.

    El panorama para implementar el acuerdo de paz sigue siendo incierto, con unas FARC que cumplen y un Estado que incumple en varios de sus compromisos. Una región y una ciudad que son terreno árido a este propósito. Un paramilitarismo y una criminalidad que aparecen fortalecidos y buscando espacio político para el sometimiento. Un nuevo marco de conflictividades sociales aflorando, un movimiento social disperso y fragmentado, y una ciudadanía urbana poco convencida y muchas veces ausente en la construcción de la paz.

    Es el momento de una ciudadanía activa y vigorosa que se movilice frente a la oportunidad de cambio que puede traer la paz como proceso, pero también una ciudadanía alerta y consciente frente a las conflictividades y agendas sociales que afloran en el país periférico y excluido de las decisiones del centro.

    Así mismo, el escenario electoral es retador en procesos de convergencia y alianza de sectores sociales y políticos comprometidos con la implementación del acuerdo de paz y con la apertura democrática planteada, donde será fundamental la renovación de liderazgos políticos en las regiones, el fortalecimiento de las colectividades políticas, superar la dispersión de los actores sociales y nuevas reglas de juego que garanticen la inclusión política. Es tiempo de acercar la paz a los territorios y de ganar en democracia lo que la guerra nos ha quitado. Ganar en participación de una ciudadanía informada, a propósito de la nueva contienda electoral, que rompa el círculo de la guerra de una vez por todas.

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    Fecha:16 agosto, 2017
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