Informe Conflicto armado y violencia sociopolítica por desposesión en la región Urabá

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    Informe Conflicto armado y violencia sociopolítica por desposesión en la región Urabá

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    • 24 enero, 2020 Fecha Creación:
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    La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), presentamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición este informe sobre acumulación por desposesión en la región del Urabá que comprende territorios definidos administrativamente en Antioquia, Córdoba y Chocó.

    Nuestra motivación es evidenciar la responsabilidad de sectores empresariales nacionales y extranjeros que, con el apoyo o la anuencia del Estado, jugaron un papel directo e indirecto en las graves violaciones y vulneraciones de los derechos humanos, territoriales y ambientales ocurridas en medio del conflicto armado colombiano, las cuales afectaron a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De igual forma pretendemos visibilizar los beneficios obtenidos por el empresariado en este contexto, mirados en una perspectiva de mediano y largo plazo.

    Es necesario aclarar que reconocemos la condición de víctimas de diversos actores económicos de la región, incluso como un factor que subyace en la motivación para la organización a gran escala y de carácter empresarial de una agresión contra las comunidades subordinadas del territorio (trabajadores, campesinos, indígenas, afros descendientes, colonos, etc.). Pero no nos ocuparemos acá de los detalles en este campo, dado que precisamente este ha sido el argumento manifestado por sus compañías y agremiaciones como recurso justificatorio de la barbarie paramilitar y como estrategia de impunidad.

    De otro lado, no se puede mostrar la implementación de este modelo de acumulación por desposesión sin abordar el problema del despojo de tierras que se ha hecho visible en el país en los últimos 15 años, particularmente en territorios como Urabá. Dicho fenómeno, es base y fundamento no solo del despojo de las tierras sino de un daño más profundo representado en el despojo de la identidad, del arraigo, del futuro, de las culturas, de la naturaleza y de las posibilidades de una vida digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

    La problemática que se aborda no es el producto solo del periodo conocido como del conflicto armado, 1964 a la fecha, por el contrario, ha sido una constante en la configuración y reconfiguración permanente de esta región del país desde la llegada misma de los europeos en el siglo XVI.

    Nos situamos en un enfoque territorial por considerar que es el adecuado para ilustrar una realidad geoespacialmente localizada, de naturaleza privilegiada, de diversidad étnica y cultural, biodiversidad, de tradiciones comunitarias ancestrales, relaciones geopolíticas y de poder. Construida de manera compleja e imbricada con tradiciones, simbologías, prácticas, actores e historias diversas, marcadas por la violencia como mecanismo de dominación y subordinación, también de desobediencias, resistencias y resiliencia.

    Es muy difícil construir paz, democracia radical, justicia y garantías de no repetición y convivencia si no se erradica el patrón de eliminación, criminalización, estigmatización de los liderazgos locales y territoriales en los que se ha basado la acumulación de riquezas para unos pocos con el apoyo del aparato estatal y que como ilustramos ha sido posible por la impunidad rampante y evidenciada por periodos a los más altos niveles del aparato de justicia y de diversos sectores de la Administración Pública. El silenciamiento, el negacionismo instalado en la sociedad colombiana y en la región deben ser superados mediante mecanismos de justicia y la verdad y el esclarecimiento histórico tienen un lugar alto en la tarea de dignificación de las víctimas. Por ello queremos destacar nuestro interés por contribuir a la materialización de los Mandatos 2 y 8 de las responsabilidades colectivas y el desarrollo del conflicto, colocamos un énfasis en el Estado colombiano y el entramado organizativo y empresarial del país y la región; el 9 y el 10 relativos al paramilitarismo y al desplazamiento forzado y despojo de tierras; y el 12 en cuanto a las prácticas y experiencias de resiliencia individual y colectiva.

    Y es que esta región de Urabá sufrió el rigor del modelo de la barbarie paramilitar viabilizado por las Convivir y el desarrollo de una alianza entre Estado-Fuerza Pública y Empresariado a manera de Plan Criminal, se instalaron las masacres, el terror, el miedo, la estigmatización, el despojo… Todo el horror se sintió con furor en la década de los noventa del siglo XX y se consolida en los años 2000 y que significó para comunidades étnicas y campesinas el sacrificio de sus proyectos de vida, la pérdida de identidades, el desarraigo, el silenciamiento y el acallamiento, el daño ambiental del territorio. Todo en aras de implementar un modelo agroexportador e inmobiliario y de infraestructura que denominamos de acumulación por desposesión.

    Es importante aclarar que el informe es realizado y construido desde el actor social y el testigo que ha estado en el lugar de los hechos, en calidad de organizaciones de derechos humanos y paz, a lo largo de muchos años, desde recoger voces de las comunidades que han sido víctimas porque se ha construido una relación viva y comprometida con el territorio y algunas de sus comunidades y actores sociales.

    Es decir que también acudimos al conocimiento producido por cada una de las organizaciones con las comunidades y actores sociales del territorio, y que se ha expresado en investigaciones, boletines, notas de prensa, bitácoras, denuncias, informes periódicos de derechos humanos, bases de datos, etc. También retomaremos elementos del informe Van Por Nuestras Tierras presentado el 10 de diciembre del 2018 a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco del Auto 040 de dicha jurisdicción. Y que está a disposición de la CEV.

    Si cabe la expresión, es un informe de lo vivido y compartido con comunidades, víctimas y otros actores sociales del territorio.


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