{"id":11007,"date":"2019-01-10T08:22:46","date_gmt":"2019-01-10T13:22:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ipc.org.co\/agenciadeprensa\/?p=11007"},"modified":"2019-01-10T08:22:46","modified_gmt":"2019-01-10T13:22:46","slug":"reclamantes-de-tierras-en-uraba-esperan-que-la-jep-les-devuelva-su-dignidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/reclamantes-de-tierras-en-uraba-esperan-que-la-jep-les-devuelva-su-dignidad\/","title":{"rendered":"Reclamantes de tierras en Urab\u00e1 esperan que la JEP les devuelva su dignidad"},"content":{"rendered":"<pre><span style=\"color: #808080;\"><strong>Por: Yeison Camilo Garc\u00eda y Yhob\u00e1n Hern\u00e1ndez<\/strong><\/span><\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invasores, mentirosos, oportunistas. Estos son varios de los se\u00f1alamientos que algunos empresarios, pol\u00edticos y hasta funcionarios p\u00fablicos, han lanzado contra los reclamantes de predios durante los procesos de restituci\u00f3n de tierras. Por eso, adem\u00e1s de esperar justicia y verdad, las v\u00edctimas anhelan que la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz les devuelva la dignidad a miles de campesinos, ind\u00edgenas y afrodescendientes, que luego de ser despojados fueron excluidos, perseguidos y estigmatizados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carlos Yamil P\u00e1ez D\u00edaz es una de esas personas que sufri\u00f3 la violencia, el desplazamiento y el despojo de tierras. Y, peor a\u00fan, fue revictimizado por el mismo Estado que lo se\u00f1al\u00f3 de ser una falsa v\u00edctima y hasta orden\u00f3 investigarlo. Esto en medio del proceso de reclamaci\u00f3n de la finca que le fue arrebatada a su familia en la vereda Las Guacamayas, ubicada en el municipio de Mutat\u00e1 en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, dentro del territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumarad\u00f3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cA nosotros nos despoj\u00f3 el empresario ganadero, Juan Fernando Mej\u00eda Montoya\u201d, asegura Carlos Yamil. \u201cNos toc\u00f3 salir porque se endurecieron los asesinatos a los campesinos, las amenazas, y luego lleg\u00f3 ese se\u00f1or y nos dijo que ten\u00edamos que venderle. El precio que puso fue de 200 mil pesos por hect\u00e1rea. Dio la mitad y la otra mitad nunca la dio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Despu\u00e9s de diez a\u00f1os de litigio jur\u00eddico, en 2018 en decisi\u00f3n final, la Corte Suprema de Justicia le dio la raz\u00f3n Carlos P\u00e1ez y a otras seis familias de la zona ordenando la restituci\u00f3n de los predios a los reclamantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El caso de Las Guacamayas es emblem\u00e1tico, no solo por el impacto medi\u00e1tico y los alcances jur\u00eddicos que tuvo, sino porque permite entender la manera como un sector del empresariado act\u00fao en medio del conflicto armado benefici\u00e1ndose del despojo violento de tierras. As\u00ed mismo, porque testimonia la escabrosa lucha judicial que tienen que enfrentar los reclamantes al exigir verdad, justicia y reparaci\u00f3n. Y, finalmente, porque evidencia la manera como algunos opositores y grupos posparamilitares contin\u00faan agrediendo a quienes demandan la restituci\u00f3n de predios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por eso, considerando que la JEP en el caso 004 se ocupar\u00e1 de investigar los hechos victimizantes ocurridos en diez municipios de Urab\u00e1 entre 1986 y 2016, el presente informe period\u00edstico retoma el caso de Guacamayas para luego analizar algunos retos que tendr\u00e1 la Jurisdicci\u00f3n en cuanto al despojo y la lucha por la tierra en esta zona, as\u00ed como la expectativa que tienen las v\u00edctimas y las organizaciones sociales frente a este segundo ciclo de justicia transicional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008080;\"><strong>En medio de la violencia, ganaderos se quedaron con Guacamayas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa finca la mont\u00f3 mi pap\u00e1, V\u00edctor P\u00e1ez Medrano en el a\u00f1o 1965 cuando lleg\u00f3 a Las Guacamayas con unos amigos. Eso era un terreno bald\u00edo y \u00e9l empez\u00f3 a tumbar monte para construir la casa y cultivar la tierra. La llam\u00f3 La Candelaria, como mi mam\u00e1: Mar\u00eda Candelar\u00eda D\u00edaz. Yo nac\u00ed ah\u00ed. Y ah\u00ed crec\u00ed junto a mis seis hermanos, porque fuimos siete hijos, cinco mujeres y dos hombres\u201d, recuerda Carlos P\u00e1ez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En sus primeros a\u00f1os la familia P\u00e1ez D\u00edaz se dedic\u00f3 al cultivo de arroz, ma\u00edz, yuca y pl\u00e1tano para el sustento familiar. El panorama mejor\u00f3 a finales de los ochenta cuando el Incora les adjudic\u00f3 el predio y les entreg\u00f3 t\u00edtulo de propiedad por medio de la resoluci\u00f3n 1184 del 11 de mayo de 1987. Eso le permiti\u00f3 al se\u00f1or V\u00edctor P\u00e1ez solicitar cr\u00e9ditos bancarios para mejorar sus cultivos y comercializar con ganado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cCuando a mi pap\u00e1 le toc\u00f3 salir ten\u00eda m\u00e1s de cien cabezas de ganado que las hab\u00eda adquirido a trav\u00e9s de su esfuerzo, de hacer pr\u00e9stamos en los bancos y de cosechas de pan coger para levantarnos a nosotros, darnos estudio y poder montar la finca\u201d, se lamenta Carlos Yamil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El desplazamiento en Las Guacamayas comenz\u00f3 diez a\u00f1os despu\u00e9s. As\u00ed como los P\u00e1ez a la vereda hab\u00edan llegado otras familias que montaron sus fincas cuando todo era monte y luego recibieron la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos. La vida era tranquila y pr\u00f3spera para estos campesinos, pero en 1996 empezaron a sufrir la violencia de los grupos paramilitares y, un a\u00f1o despu\u00e9s, aparecieron las ofertas de empresarios que quer\u00edan comprar las tierras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para la familia P\u00e1ez D\u00edaz, el desplazamiento y el despojo se concretaron el 10 de mayo de 1997. Los \u00faltimos en salir fueron Carlos Yamil y su pap\u00e1, porque la se\u00f1ora Candelaria y seis de sus hijos se hab\u00edan ido desde principios de ese a\u00f1o, atemorizados por las insistentes ofertas de compraventa y la violencia que gener\u00f3 en la zona el frente Alex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, comandado por el exjefeparamilitar Ra\u00fal Emilio Hasb\u00fan Mendoza, alias \u201cPedro bonito\u201d. Asesinatos, desapariciones, desplazamientos y torturas se hab\u00edan extendido por toda la zona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un documento de la Fundaci\u00f3n Forjando Futuros establece que entre 1996 y 1997 fueron desplazadas 21 familias de la vereda Las Guacamayas por paramilitares del frente Arlex Hurtado<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a> que, anot\u00f3 Carlos Yamil, ten\u00eda una base militar a 200 metros de La Candelaria, en una finca conocida como Las Tres S.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEso pas\u00f3 con todas las familias que viv\u00edan all\u00e1. Les toc\u00f3 salir casi que por lo mismo: llegaba el empresario ese Juan Fernando Mej\u00eda Montoya compr\u00e1ndoles a bajo precio y ten\u00edan que venderle. Adem\u00e1s los paramilitares hicieron una reuni\u00f3n en la vereda, en la escuela de Las Guacamayas y dijeron que necesitaban el \u00e1rea para combatir a la guerrilla, que el que no vendiera ten\u00eda que irse\u201d, cuenta Carlos Yamil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La llegada del paramilitarismo a Urab\u00e1 estuvo liderada por los hermanos Casta\u00f1o Gil que desde 1985 conformaron el grupo de autodefensas conocido como \u2018Los Tangueros\u2019 o \u2018Los Mochacabezas\u2019 y en 1987 dieron origen a las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 (ACCU). \u201cEl grupo se cre\u00f3 en el departamento de C\u00f3rdoba y tuvo como centro de adiestramiento una de las haciendas del jefe paramilitar conocida como Las Tangas. Desde all\u00ed, \u2018Los Tangueros\u2019 coordinaron masacres y acciones militares para luego expandirse hacia el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, chocoano y cordob\u00e9s\u201d<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la expansi\u00f3n de los paramilitares se intensific\u00f3 la violencia en la regi\u00f3n. Solo en 1996 hubo 26 masacres en Urab\u00e1, de las 55 que ocurrieron ese a\u00f1o en Antioquia.<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a> Para ese entonces estaba consolidado el Bloque \u00c9lmer C\u00e1rdenas, comandado por Fredy Rend\u00f3n Herrera, alias El Alem\u00e1n; as\u00ed como los frentes Bananero y Turbo, comandados por Ra\u00fal Emilio Hasb\u00fan Mendoza, alias Pedro Bonito, y Hebert Veloza, alias H.H.; en la d\u00e9cada del 2000 estas dos estructuras ser\u00edan conocidas como el Frente Alex Hurtado o Bloque Bananero.<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[iv]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A la par con esta violencia, empresarios del sector bananero, palmicultor y ganadero acumularon tierras para consolidar sus proyectos agroindustriales. Por estos hechos, a\u00f1os despu\u00e9s la justicia investigar\u00eda a empresas como Banacol,\u00a0 Banadex y la multinacional Chiquita Brands, esta \u00faltima condenada en Estados Unidos por financiar a los paramilitares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En relaci\u00f3n con el sector ganadero, seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, entre los a\u00f1os 1994 y 1995, \u201clos hermanos Vicente y Carlos Casta\u00f1o, jefes m\u00e1ximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) despojaron de sus tierras a m\u00e1s de 130 familias campesinas de la regi\u00f3n de Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necocl\u00ed y San Pedro de Urab\u00e1, desde el Golfo de Urab\u00e1 hasta la zona baja del departamento de C\u00f3rdoba.\u201d<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[v]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La investigaci\u00f3n del ente acusador indica que el 1 de diciembre de 1997 en la finca La 52 \u2014uno de los primeros predios despojados en Tulapas\u2014, se concret\u00f3 un acuerdo entre la Casa Casta\u00f1o y el Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba para evitar el retorno de los campesinos desplazados y adelantar la legalizaci\u00f3n de las propiedades despojadas. En este acuerdo estuvo presente Sor Teresa G\u00f3mez, hermanastra de los Casta\u00f1o, quien dentro de las AUC tuvo la tarea de legalizar predios vali\u00e9ndose de compraventas y faltos t\u00edtulos de propiedad, en muchos casos a trav\u00e9s de la Fundaci\u00f3n para la Paz de C\u00f3rdoba (Funpazcor).<\/p>\n<p><iframe title=\"Martha Pe\u00f1a, investigadora del IPC, habla sobre los desaf\u00edos de la JEP en Urab\u00e1\" width=\"696\" height=\"392\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/eedFwwrgYqQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Algo similar ocurri\u00f3 en Las Guacamayas donde, en medio de la violencia, un grupo de empresarios se hizo a las finca de los campesinos a bajos precios para consolidar un proyecto de ganader\u00eda extensiva. Seg\u00fan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el se\u00f1or Jairo Alberto Lopera Giraldo urdi\u00f3 la compra de varios de los predios con los que los empresarios Humberto Duque Pel\u00e1ez, Rub\u00e9n Dar\u00edo Ru\u00edz P\u00e9rez, y Luis Alberto Vallejo, constituyeron la Sociedad Las Guacamayas S.A. Ltda.,\u00a0 el 21 de agosto de 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posteriormente, el 29 de diciembre de 2005, la sociedad Las Guacamayas fue absorbida por la inmobiliaria Inversiones ASA S.A., de propiedad de Humberto Duque y de los ganaderos, Jaime Uribe, Arley Mu\u00f1oz y Francisco Casta\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008080;\"><strong>Una lucha jur\u00eddica con m\u00faltiples revictimizaciones<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo fue hasta la desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares con la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, que se abri\u00f3 una oportunidad para que Carlos Yamil y otras v\u00edctimas pudieran reclamar ante el Estado los predios que les fueron despojados en medio del conflicto. \u201cEn noviembre de 2009 la desaparecida Comisi\u00f3n Regional para la Restituci\u00f3n de Bienes le hab\u00eda solicitado al Tribunal de Justicia y Paz de Medell\u00edn resolver, de manera urgente, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de 18 predios, entre ellos doce de Guacamayas\u201d<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[vi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En ese momento, esa\u00a0 ley de justicia transicional abri\u00f3 una luz de esperanza para Carlos Yamil y las dem\u00e1s familias reclamantes. Pero m\u00e1s pronto que tarde, el \u00e1nimo de las v\u00edctimas decay\u00f3 porque las diligencias judiciales se dilataron tanto que estancaron el proceso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, otra puerta se abrir\u00eda tres a\u00f1os despu\u00e9s con la sanci\u00f3n de la Ley 1448 de 2011, Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, que propon\u00eda brindar mayores garant\u00edas a los derechos de las v\u00edctimas y hacer mayor \u00e9nfasis en la restituci\u00f3n, fortaleciendo y creando para ello nuevas instituciones administrativas y judiciales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por fin en junio de 2012 tuvo lugar la primera audiencia en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras para resolver este caso. Lo que Carlos Yamil no sab\u00eda a\u00fan, era que el proceso tendr\u00eda tantas adversidades para las v\u00edctimas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De hecho, el fallo de primera instancia proferido el 21 de abril de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn, les neg\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de tierras a las siete familias reclamantes, argumentando que existi\u00f3 una venta voluntaria de las fincas por parte de los campesinos, porque, seg\u00fan la magistratura, no se pudo probar que hubiera existido coacci\u00f3n, o que las ventas fueran producto de la violencia que exist\u00eda en la regi\u00f3n. Adem\u00e1s, en esta sentencia, el magistrado ponente, Olimpo Casta\u00f1o, calific\u00f3 como mentiroso a Carlos Yamil P\u00e1ez y orden\u00f3 que se le investigara por falso testimonio, al igual que a Iv\u00e1n Dar\u00edo V\u00e9lez, uno de los testigos presentados por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta decisi\u00f3n fue impugnada por la Fiscal\u00eda que solicit\u00f3 revocar la primera instancia argumentando que s\u00ed existi\u00f3 nexo causal entre la violencia y el despojo de los bienes, qu\u00e9 hubo vicios en la negociaci\u00f3n de las tierras y que no hubo buena fe exenta de culpa por parte de los empresarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Obviamente el fallo tambi\u00e9n fue apelado por los abogados de la Fundaci\u00f3n Forjando Futuros que ven\u00eda haciendo el acompa\u00f1amiento jur\u00eddico a las v\u00edctimas en su proceso de reclamaci\u00f3n de predios. Fue as\u00ed como en 2016, los reclamantes interpusieron una acci\u00f3n de tutela ante dicho tribunal exigiendo garant\u00edas en el proceso a la luz de los derechos que las v\u00edctimas adquirieron con la ley 1448 de 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La apelaci\u00f3n, explic\u00f3 el abogado de Forjando Futuros, Julio Custumal, lleg\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia, instituci\u00f3n que el 13 de abril de 2016 tambi\u00e9n neg\u00f3 la solicitud de los reclamantes y reitero la decisi\u00f3n de primera instancia. La alternativa de las v\u00edctimas y sus abogados fue presentar una acci\u00f3n de tutela contra la providencia de la Corte, pero esta fue negada en primera y segunda instancia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El \u00faltimo recurso, anot\u00f3 Julio, fue \u201csolicitar a la Corte Constitucional que revisar el caso Guacamayas, en esta instancia el alto \u00f3rgano judicial emiti\u00f3 la Sentencia SU-648 de 2017, en el que declara la nulidad de todas las decisiones judiciales en contra y le ordena a la Corte Suprema de Justicia revisar nuevamente el caso\u201d.<\/p>\n<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-11007 gallery-columns-3 gallery-size-full'><figure class='gallery-item'>\n\t\t\t<div class='gallery-icon landscape'>\n\t\t\t\t<a href='https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Foto-planton-Quibdo-Demanda-La-Larga.jpg'><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1047\" height=\"721\" 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v\u00edctimas.\n\t\t\t\t<\/figcaption><\/figure><figure class='gallery-item'>\n\t\t\t<div class='gallery-icon landscape'>\n\t\t\t\t<a href='https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Imagen-Dctal-Positiva-Defensores-DDHH.jpg'><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1405\" height=\"723\" src=\"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Imagen-Dctal-Positiva-Defensores-DDHH.jpg\" class=\"attachment-full size-full\" alt=\"\" aria-describedby=\"gallery-1-9796\" srcset=\"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Imagen-Dctal-Positiva-Defensores-DDHH.jpg 1405w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Imagen-Dctal-Positiva-Defensores-DDHH-300x154.jpg 300w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Imagen-Dctal-Positiva-Defensores-DDHH-1024x527.jpg 1024w, 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src=\"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02.jpg\" class=\"attachment-full size-full\" alt=\"\" aria-describedby=\"gallery-1-8984\" srcset=\"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02.jpg 1600w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-300x225.jpg 300w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-80x60.jpg 80w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-265x198.jpg 265w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-696x522.jpg 696w, https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Alicia-Carupia-Indigena-02-1068x801.jpg 1068w, 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Los reclamantes de Guacamayas fueron nuevamente v\u00edctimas de amenazas, agresiones f\u00edsicas y expulsiones por parte de hombres armados al servicio de los opositores e incluso de funcionarios p\u00fablicos que emitieron \u00f3rdenes de desalojo contra los campesinos que hab\u00edan retornado a sus antiguas fincas esperando la restituci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De hecho, para detener estas agresiones, el 12 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de Restituci\u00f3n de Tierras de Quibd\u00f3 emiti\u00f3 el auto 00181 que dict\u00f3 medidas cautelares ordenando detener los desalojos judiciales y exigiendo la protecci\u00f3n de los reclamantes de tierras que hacen parte del Consejo Comunitario de La Larga Tumarad\u00f3, que cobija a Macondo, Blanquicet, Guacamayas y otros 36 corregimientos y veredas ubicados entre los departamentos de Antioquia y Choc\u00f3<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[vii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y es que a la fecha han sido asesinados 22 reclamantes de tierras, en Urab\u00e1 y Bajo Atrato, desde el a\u00f1o 2008 cuando inici\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n. El mismo Carlos P\u00e1ez ha recibido varias amenazas en su contra, no solo por el proceso de su familia, sino por su liderazgo en la asociaci\u00f3n Tierra y Paz que agrupa a v\u00edctimas del despojo en esta regi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los ataques contra los reclamantes de Guacamayas estuvieron a su vez acompa\u00f1ados de estrategias de persecuci\u00f3n judicial y se\u00f1alamientos p\u00fablicos contra las v\u00edctimas y las organizaciones que les acompa\u00f1an, como la Fundaci\u00f3n Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitaci\u00f3n (IPC).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todo esto ocurri\u00f3 en un ambiente en el que sectores pol\u00edticos y econ\u00f3micos del pa\u00eds se opon\u00edan al proceso de restituci\u00f3n de tierras de la Ley 1448 de 2011. En Urab\u00e1, un grupo de empresarios ganaderos, bananeros y palmicultores se autodenomin\u00f3 \u201cv\u00edctima de la restituci\u00f3n\u201d y conform\u00f3 una asociaci\u00f3n para oponerse a los procesos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A pesar de los obst\u00e1culos, por fin la justicia lleg\u00f3 para estas siete familias reclamantes de Guacamayas. En decisi\u00f3n de \u00faltima instancia, del 11 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[viii]<\/a> les restituy\u00f3 los derechos a las v\u00edctimas de Guacamayas, al revocar el auto del 21 de abril de 2014 proferido por la Sala de Justicia y Paz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De esta manera, la Corte Suprema orden\u00f3 la anulaci\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad que hab\u00edan adquirido los opositores y les devolvi\u00f3 la titularidad de los predios a los campesinos, argumentando que no existi\u00f3 buena fe exenta de culpa por parte de los empresarios, ya que conoc\u00edan el contexto y, aun as\u00ed, adquirieron los predios a bajo costo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008080;\"><strong>Queda el vac\u00edo de la impunidad<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque piensa que es un gran triunfo para los reclamantes, Johana Rold\u00e1n Galeano, auxiliar de investigaci\u00f3n del IPC en el tema de Tierras en Urab\u00e1, considera que la sentencia de Guacamayas no garantiza que la restituci\u00f3n de estos predios sea efectiva. Para ella, la sentencia tiene vac\u00edos porque no hay claridad de que la restituci\u00f3n vaya acompa\u00f1ada de otras medidas que les permitan a los campesinos reconstruir sus vidas antes del despojo y reconstruir sus proyectos econ\u00f3micos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s de eso, la investigadora identifica otros aspectos que quedaron sin resolver, como el hecho de que no se ordenara compulsar copias para que se investigue a los empresarios por otros delitos cometidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto es importante si se tiene en cuenta las circunstancias en que se dio el despojo. En el caso de la familia P\u00e1ez D\u00edaz, el relato judicial cuenta que despu\u00e9s de rechazar la oferta de Juan Fernando Mej\u00eda en dos ocasiones, el empresario se present\u00f3 en La Candelaria con un notario y con hombres armados vestidos de civil. Entonces se sent\u00f3 a hablar con V\u00edctor P\u00e1ez, quien fue intimidado por uno de los acompa\u00f1antes de Mej\u00eda que puso dos armas de fuego sobre la mesa. De esa forma, relat\u00f3 en su declaraci\u00f3n Carlos Yamil, el empresario impuso las condiciones del negocio. Como el notario llevaba listos los documentos de la compraventa, el se\u00f1or P\u00e1ez no tuvo m\u00e1s alternativa que firmar y recibir una parte del pago.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De igual gravedad es la conjetura a la que lleg\u00f3 la Corte Suprema luego de analizar todos los casos. Seg\u00fan concluye el alto tribunal, Jairo Alberto Lopera Giraldo, un reconocido zootecnista de Urab\u00e1 que muri\u00f3 baleado en Medell\u00edn el 24 de junio de 1997<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[ix]<\/a>, fue el hombre que elabor\u00f3 el plan de compras y eligi\u00f3 los terrenos para el proyecto de ganader\u00eda extensiva de Las Guacamayas, siendo conocedor de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico y \u201cteniendo en mente que se avizoraba un cambio en las \u2018<em>condiciones de seguridad\u2019 (\u2026)<\/em> En consecuencia, dable afirmar que para conformaci\u00f3n de la sociedad ganadera se aprovech\u00f3 el estado de cosas imperante en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o\u201d. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 95)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la misma p\u00e1gina, la sentencia precisa que el proyecto de Lopera tuvo gran acogida entre las personas que lo recibieron \u2014accionistas de la naciente sociedad\u2014, quienes seg\u00fan la Corte\u00a0 eran \u201csuficientemente informadas y sabedoras de lo que ocurr\u00eda por aquel tiempo en la zona. Se tiene probado, adem\u00e1s, que visitaron y percibieron de forma directa lo que acontec\u00eda all\u00ed\u2026\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La conclusi\u00f3n de la Corte es que: \u201cen suma, la raz\u00f3n social Guacamayas Ltda., aprovechando la alteraci\u00f3n de orden p\u00fablico en Urab\u00e1, se hizo a la propiedad de los inmuebles en discusi\u00f3n por v\u00eda de la acumulaci\u00f3n que de ellos se logr\u00f3 por v\u00eda de terceros que se presentaron ante los originales due\u00f1os para realizar las negociaciones en nombre de esa empresa o para s\u00ed mismos traspas\u00e1ndolos luego al haber societario, con el prop\u00f3sito de destinarlos, valga acotar, a un objeto diferente a la tradicional explotaci\u00f3n agr\u00edcola, esto es, la ganader\u00eda extensiva. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 96)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De manera que se hubiera esperado que el alto tribunal compulsara copias para investigar a los empresarios que, por todas las v\u00edas, se opusieron a la restituci\u00f3n, dado que en su conclusi\u00f3n final, la Corte estableci\u00f3 que hubo un despojo de tipo jur\u00eddico \u201cconcretado en el uso ilegal de figuras jur\u00eddicas, a saber, la compraventa de propiedades en las cuales prim\u00f3 el contexto de violencia que incidi\u00f3 en la autonom\u00eda de los compradores\u201d (Corte Suprema de Justicia. 2018: 103)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo anterior, luego de advertir que \u201c<u>la apariencia de legalidad que tienen las negociaciones<\/u>\u201d, tanto en las figuras de compraventa seguidas de la suscripci\u00f3n de escrituras como en la creaci\u00f3n de la sociedad Las Guacamayas, \u201cno oculta o elimina el trasfondo de violencia que oblig\u00f3 a los reclamantes a vender\u201d. M\u00e1s a\u00fan cuando \u201c<u>la violencia producida por la incursi\u00f3n del frente Arlex Hurdado de las Autodefensas Unidas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, es el com\u00fan denominador de todas las transacciones, subyacen a ellas las flagrantes vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario y los graves cr\u00edmenes contra los Derechos Humanos que los habitantes de la regi\u00f3n sufrieron directa o indirectamente<\/u>\u201d. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 99-100. <em>Subrayado propio<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otra parte, Johana Rold\u00e1n agrega que la sentencia tampoco brinda medidas de seguridad y protecci\u00f3n para los campesinos reclamantes. \u201cEs necesario que el Estado sea garante de medidas de seguridad y protecci\u00f3n, en un escenario de amenazas exacerbadas contra sus vidas, donde hay continuidad de actores armados relacionados\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ella concluye que la sentencia brinda una justicia a medias. Y esa lentitud ha tenido implicaciones. La restituci\u00f3n no va acompa\u00f1ada de otras medidas para que fuera integral, completa, sin exponer otros derechos como la seguridad y la vida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Previendo riesgos para los reclamantes, Gerardo Vega Medina, director de la Fundaci\u00f3n Forjando Futuros, expres\u00f3 que ya se solicit\u00f3 a la Polic\u00eda y a las autoridades civiles \u201cque hagan cumplir el fallo para proteger la vida y la integridad de esos campesinos que tienen derecho hoy de volver a sus tierras\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vega Medina expuso adem\u00e1s otra inquietud, y es que la sentencia \u201ces una decisi\u00f3n sobre 7 familias campesinas v\u00edctimas del despojo en Guacamayas, pero inicialmente fueron 21 las familias las desplazadas, \u00bfqu\u00e9 va a pasar con esas otras?\u201d, se pregunta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Algunos de los vac\u00edos hasta aqu\u00ed planteados, dejan vislumbrar parte de los aspectos que las v\u00edctimas y las organizaciones sociales esperan sean investigados y juzgados por la JEP. En palabras de Martha Luc\u00eda Pe\u00f1a Duque, coordinadora territorial del IPC en Urab\u00e1, la mirada de la Jurisdicci\u00f3n debe cubrir todo el territorio y abordar aquellos aspectos estructurales del conflicto, que hasta ahora la justicia ordinaria y el primer ciclo de justicia transicional derivado de la Ley 975 de 2005 han evitado tocar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo que hay de fondo para Martha Pe\u00f1a, es que a trav\u00e9s de la violencia \u201cse ha impedido que unas comunidades campesinas, afros e ind\u00edgenas puedan desarrollar sus proyectos de vida en Urab\u00e1\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, aunque en este segundo ciclo de justicia transicional la JEP prioriz\u00f3 la regi\u00f3n de Urab\u00e1, en el auto 040 de 2018, la Jurisdicci\u00f3n especific\u00f3 que solo est\u00e1n priorizados los municipios priorizados: Turbo, Apartad\u00f3, Carepa, Chigorod\u00f3, Mutat\u00e1 y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Dari\u00e9n, Riosucio, Ungu\u00eda y Acand\u00ed, en el departamento de Choc\u00f3<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[x]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siendo as\u00ed, quedan por fuera de esta priorizaci\u00f3n los municipios de Necocl\u00ed, Arboletes, San Pedro y San Juan de Urab\u00e1, es decir la zona norte de la regi\u00f3n, por donde precisamente penetraron los paramilitares desde C\u00f3rdoba para expandirse hacia el eje bananero y el Bajo Atrato, y donde, como ya se anot\u00f3, se concret\u00f3 el despojo del Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eso es lamentable, advierte Martha Pe\u00f1a, \u201cporque esta es una regi\u00f3n en la que, a pesar del proceso con los paramilitares, si se quiere no hubo justicia para los campesinos, incluidos los de la zona norte, donde hubo un despojo de tierras que todav\u00eda no acaba de ser reconocido por el Estado. Y hoy esa zona est\u00e1 siendo objeto de desarrollo de mega proyectos sin que se hayan resuelto las situaciones de despojo y victimizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De hecho, la zona norte es uno de los sectores que presenta mayor oposici\u00f3n al proceso de restituci\u00f3n, con intimidaciones de grupos armados no s\u00f3lo a los reclamantes sino tambi\u00e9n a la institucionalidad. El pasado 11 de abril de 2018,\u00a0 en la vereda El Tomate de San Pedro de Urab\u00e1, ocho polic\u00edas murieron durante un ataque con explosivos al paso de una comisi\u00f3n de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras compuesta por un juez de restituci\u00f3n, dos escoltas y un abogado, quienes iban acompa\u00f1ados por la Fuerza P\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y un aspecto que para la investigadora del IPC es importante tener en cuenta en este territorio, \u201ces que pese a que exist\u00eda presencia del Estado, en Urab\u00e1 sucedieron muchas de las victimizaciones y violencias ejercidas por los paramilitares, grupos que a\u00fan hoy contin\u00faan en la regi\u00f3n. Este ser\u00e1 un asunto que deber\u00e1 examinar la JEP, esa conducta del Estado en la zona\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Frente a todos estos desaf\u00edos, lo \u00fanico que Carlos P\u00e1ez espera de la JEP es que \u201cal menos se pueda demostrar que hubo complicidad entre ganaderos, empresarios, militares y grupos paramilitares. Y a los empresarios, no que los pongan presos, sino que al menos dejen trabajar tranquila a la gente, porque los campesinos lo que queremos es trabajar en paz, y que a ra\u00edz de eso haya mayor inversi\u00f3n en los campos y que la restituci\u00f3n sea efectiva\u201d.<\/p>\n<hr \/>\n<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> Forjando Futuros. (17 de mayo de 2018). http:\/\/www.forjandofuturos.org\/noticia_interior.php?id_ent=723<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> Hern\u00e1ndez Cifuentes, Yhob\u00e1n Camilo. (2015). \u201cHacienda Monteverde: historia de las v\u00edctimas de despojo\u201d. <em>Relecturas 38. <\/em>Instituto Popular de Capacitaci\u00f3n IPC. Medell\u00edn, Colombia.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> Angarita C Pablo E. y otros. \u00bfHacia d\u00f3nde va Colombia? Una mirada desde Antioquia. IPC. 1997. P\u00e1gina 108.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a> Barajas Velandia Diana Marcela, <em>et. Al., <\/em>2012, <em>Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados: aproximaci\u00f3n a cuatro territorios de Antioquia,<\/em> serie Relecturas, Instituto Popular de Capacitaci\u00f3n (IPC), Medell\u00edn, p. 146<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a> Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia, 2014, septiembre, <em>Informe de casos de connotaci\u00f3n, <\/em>p.8.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a> Verdad Abierta. (6 de agosto de 2013). \u201cLos desplazamientos, despojos y desalojos que rodean a Guacamayas\u201d. Recuperado de: <a href=\"https:\/\/verdadabierta.com\/las-denuncias-de-desplazamientos-despojos-y-desalojos-que-rodean-a-guacamayas\/\">https:\/\/verdadabierta.com\/las-denuncias-de-desplazamientos-despojos-y-desalojos-que-rodean-a-guacamayas\/<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a> Hern\u00e1ndez Cifuentes, Yhob\u00e1n Camilo. (12 de abril de 2016). \u201cIntimidan a reclamantes de tierras en Turbo, Antioquia\u201d. <em>El Espectador. <\/em>Recuperado de: <a href=\"https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/nacional\/antioquia\/intimidan-reclamantes-de-tierras-turbo-antioquia-articulo-626753\">https:\/\/www.elespectador.com\/noticias\/nacional\/antioquia\/intimidan-reclamantes-de-tierras-turbo-antioquia-articulo-626753<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a> Colombia. Sentencia de segunda instancia AP5414-2018 de\u00a0 la Corte Suprema de Justicia, radicaci\u00f3n N\u00ba 43707, del 11 de diciembre de 2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a> Verdad Abierta. (23 de abril de 2014). \u201cNiegan restituci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a> Juridicci\u00f3n Especial para la Paz. (25 de septiembre de 2018). \u201cJEP prioriza situaci\u00f3n territorial en la regi\u00f3n de Urab\u00e1. Colombia. Recuperado de: <a href=\"https:\/\/www.jep.gov.co\/Sala-de-Prensa\/Paginas\/JEP-prioriza-situaci%C3%B3n-territorial-en-la-regi%C3%B3n-de-Urab%C3%A1.aspx\">https:\/\/www.jep.gov.co\/Sala-de-Prensa\/Paginas\/JEP-prioriza-situaci%C3%B3n-territorial-en-la-regi%C3%B3n-de-Urab%C3%A1.aspx<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Yeison Camilo Garc\u00eda y Yhob\u00e1n Hern\u00e1ndez Invasores, mentirosos, oportunistas. 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