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Los allanamientos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Uno de los casos m\u00e1s conocidos fue el allanamiento que hicieron en la sede de la Revista Cartel Urbano. En un comunicado de prensa<\/a>, la Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) expres\u00f3 que \u201cla Polic\u00eda Nacional est\u00e1 llamada a garantizar el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n y de la protesta social. Sin embargo, acciones recientes de funcionarios de la Polic\u00eda est\u00e1n dirigidas a intimidar y obstruir el ejercicio de los periodistas, incumpliendo con el deber de promover el ejercicio de estos derechos y de ser tolerantes con la cr\u00edtica\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por medio de dos comunicados tambi\u00e9n se expres\u00f3 la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Libertad. En el primero rechazaron los allanamientos que la polic\u00eda hizo en Bogot\u00e1, Medell\u00edn y Cali <\/a>contra estudiantes y artistas. Con relaci\u00f3n a la capital de Antioquia, denunciaron tres allanamientos contra estudiantes del Instituto Tecnol\u00f3gico Metropolitano (ITM): \u201cLlama la atenci\u00f3n que en el procedimiento se cometieran diferentes irregularidades que ponen en duda el accionar de la Polic\u00eda. En dos de los casos, carros particulares se acercaron a las viviendas a preguntar por los datos de los estudiantes y posteriormente entra la Polic\u00eda a desarrollar el procedimiento. En el otro caso fue utilizado un menor de edad para confirmar los datos.\u201d Adem\u00e1s, se\u00f1alaron que en las diligencias se presentaran polic\u00edas \u201cencapuchados\u201d que no permitieron leer la orden de allanamiento ni hacer observaciones al acta. En lo decomisado por la polic\u00eda estaban comunicados y documentos alusivos del paro nacional del 21 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en el segundo comunicado manifestaron que una estudiante del ITM se acerc\u00f3 a la CJL a pedir asesor\u00eda<\/a>. Cuando ya estaba en el edificio, dos polic\u00edas vestidos de civil se identificaron como integrantes de la Unidad Antiterrorismo de la SIJIN, quienes \u201cla abordaron, retuvieron su documento de identidad y registraron todas sus pertenencias. Esta actuaci\u00f3n incurre en dos irregularidades de procedimiento, ingresan a propiedad privada y realizan una requisa selectiva sin las respectivas \u00f3rdenes judiciales, un procedimiento absolutamente arbitrario que se puede catalogar como uno de los tantos actos de hostigamiento e intimidaci\u00f3n que la Fuerza P\u00fablica viene realizando al movimiento social en el marco del Paro Nacional.\u201d<\/p>\n\n\n\n Frente a esto, Adriana Arboleda dice que \u201ces una estigmatizaci\u00f3n total, que\nsea la polic\u00eda antiterrorismo la que diga que somos delincuentes o que estamos\npreparando acciones contra la institucionalidad las organizaciones sociales y\ntodos los que vamos a marchar\u201d. Marta Villa indica que estos allanamientos y\nestigmatizaciones son \u201cla forma m\u00e1s directa de meter miedo entre quienes est\u00e1n\npromoviendo el paro.\u201d<\/p>\n\n\n\n Hay otros casos menos conocidos, como la retenci\u00f3n de tres j\u00f3venes de la\nComisi\u00f3n de Derechos Humanos del Colectivos Lazos de Libertad en el municipio\nde Bello. En un comunicado se\u00f1alaron que mientras hac\u00edan difusi\u00f3n del paro\nfueron abordados por miembros de la Polic\u00eda, quienes se\u00f1alaron que lo que\nhac\u00edan \u201cequivale al tipo penal de terrorismo\u201d. Luego fueron retenidos, les\nquitaron las c\u00e9dulas y evitaron la grabaci\u00f3n del procedimiento. En Cali, adem\u00e1s, la Sij\u00edn captur\u00f3 a seis\nmiembros de la Juco, quienes fueron amenazados con ser judicializados por el\ndelito de terrorismo. <\/p>\n\n\n\n Criminalizar la protesta<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cLa protesta social pac\u00edfica es un derecho constitucional en Colombia y, como tal, no puede ser criminalizada, ni a\u00fan bajo Estado de excepci\u00f3n\u201d, indican Rodrigo Uprimny y Luz Mar\u00eda S\u00e1nchez en el art\u00edculo \u201cDerecho penal y protesta social\u201d, incluido en el libro \u00bfEs leg\u00edtima la criminalizaci\u00f3n de la protesta social?<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n Escriben los investigadores que con la Constituci\u00f3n de 1991 cambi\u00f3 la idea\nde que protestar era un delito y se convirti\u00f3 en derecho. Un ejemplo es el\ndecreto 2195 de 1976 del gobierno de Alfonso L\u00f3pez Michelsen, en donde se\nindicaba como delitos la \u201cperturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico, la alteraci\u00f3n del\n\u201cpac\u00edfico desarrollo de las actividades sociales\u201d y la \u201cocupaci\u00f3n de lugares\np\u00fablicos o privados para presionar decisiones de las autoridades\u201d. La nueva\nConstituci\u00f3n impuso m\u00e1s l\u00edmites y controles al presidente para declarar estados\nde excepci\u00f3n, as\u00ed como incorpor\u00f3 el derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cSin embargo, pese a los referidos avances en materia constitucional, a\u00fan persisten\nlos riesgos de criminalizaci\u00f3n de la protesta social leg\u00edtima, tanto en el nivel\nde la tipicidad, como en el de la aplicaci\u00f3n. En lo que respecta al primer nivel\nde riesgos, existen tipos penales que en s\u00ed mismos catalogan como delitos actos\nque hacen parte del curso de protestas leg\u00edtimas. Tal es el caso del delito de\nperturbaci\u00f3n en servicio de transporte colectivo y oficial que se comete con el\nsimple hecho de imposibilitar la conducci\u00f3n de veh\u00edculos que presten dicho servicio.\nLa entidad de los intereses que resultan afectados con los bloqueos de v\u00edas no\nresulta suficiente para justificar su penalizaci\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta\nque el espacio p\u00fablico no s\u00f3lo es un escenario para la circulaci\u00f3n, sino para\nla participaci\u00f3n\u201d, se\u00f1alan.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/www.ipc.org.co\/agenciadeprensa\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/20191120_114151-1024x551.jpg\")
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