{"id":5472,"date":"2016-06-08T01:16:26","date_gmt":"2016-06-08T01:16:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ipc.org.co\/agenciadeprensa\/?p=5472"},"modified":"2016-06-08T15:51:48","modified_gmt":"2016-06-08T15:51:48","slug":"justicia-y-paces-en-la-colombia-profunda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/justicia-y-paces-en-la-colombia-profunda\/","title":{"rendered":"Justicia y Paces en la Colombia profunda"},"content":{"rendered":"

Por: Pablo Emilio Angarita Ca\u00f1as[1]<\/a><\/p>\n

La justicia en sus m\u00faltiples dimensiones ha vuelto a estar en el centro del debate. Opositores a la negociaci\u00f3n de La Habana, la califican de \u201cPaz con impunidad\u201d y promueven movilizaciones para exigir castigo a las FARC por sus cr\u00edmenes. De otra parte, avanzan propuestas de justicia transicional retomando experiencias de otros pa\u00edses con conflictos armados similares al nuestro y extrayendo aprendizajes de las recientes negociaciones entre paramilitares de las AUC y el Gobierno Uribe.<\/p>\n

Desde el Ministerio de Justicia y el del Posconflicto, se viene impulsando en los municipios con mayor presencia de grupos armados, la conformaci\u00f3n de un sistema integral de justicia<\/em>, con la pretensi\u00f3n de incorporarlos a los planes de desarrollo municipal a trav\u00e9s de un proyecto coordinado por USAID[2]<\/a>. Para materializar esa pol\u00edtica nacional, en diversos municipios antioque\u00f1os, recientemente se adelantaron talleres[3]<\/a> en los que participaron operadores de justicia formal e informal, as\u00ed como representantes de la institucionalidad y l\u00edderes comunitarios, interesados en mejorar las condiciones de acceso a la justicia, de convivencia pac\u00edfica y democr\u00e1tica en su respectivo municipio. Es un intento de materializar, para el per\u00edodo de Pos-acuerdos, el Estado Social de Derecho en esa Colombia profunda<\/em>, hist\u00f3ricamente olvidada por el Estado y muy apetecida por la voracidad de todo tipo de intereses econ\u00f3micos y de organizaciones criminales asociados a estos.<\/p>\n

Los participantes de los talleres coincid\u00edan en expresar su inter\u00e9s en conocer m\u00e1s acerca de los acuerdos de La Habana. Fue reiterada su queja de la poca informaci\u00f3n existente. La llamada \u201cPedagog\u00eda de paz\u201d, realizada por las FARC en un corregimiento de la Guajira, ampliamente censurada en los medios de comunicaci\u00f3n y calificada por amplios sectores como graves pr\u00e1cticas de \u201cproselitismo armado\u201d, que llevaron a la delegaci\u00f3n del Gobierno a suspender por unos d\u00edas la Mesa de La Habana, con el fin de presionar a las FARC y de satisfacer a los opositores que se\u00f1alaban como otra concesi\u00f3n m\u00e1s del Gobierno al grupo insurgente. A prop\u00f3sito de esa situaci\u00f3n, un funcionario de Ituango comentaba: \u201cNo me explico por qu\u00e9 hacen tanto esc\u00e1ndalo con eso de que las FARC est\u00e1n haciendo proselitismo armado. Hace un par de semanas -en cumplimiento de mis funciones- tuve que desplazarme a una vereda y all\u00ed tambi\u00e9n llegaron los comandantes del Frente 38, quienes me pusieron a leer lo pactado en La Habana y adem\u00e1s me lo explicaron. Mejor dicho, hicieron lo que no ha hecho el Gobierno, ni nadie\u201d. Entonces, – concluye el funcionario- \u201c\u00bfc\u00f3mo quieren que respaldemos esos acuerdos si es que nadie nos informa y cuando lo hacen las FARC, lo llaman \u2018proselitismo armado\u2019?\u201d.<\/p>\n

En el casco urbano de Ituango existe preocupaci\u00f3n, pues desde que las FARC declararon el cese unilateral del fuego, se incrementaron los robos y el micro-tr\u00e1fico de estupefacientes. Los pobladores afirman que la polic\u00eda poco interviene y cuando lo hace atropella la gente, todo porque tienen el imaginario de que somos \u201cun pueblo guerrillero\u201d, de modo que los pobladores se sienten desprotegidos y temen que al desmovilizarse las FARC puedan quedar a merced de otros actores armados que entren a copar el territorio. He ah\u00ed un reto para el Estado, la administraci\u00f3n de justicia y la sociedad: \u00bfC\u00f3mo manejar los conflictos, una vez desmovilizadas las guerrillas?<\/p>\n

En Anor\u00ed, regi\u00f3n en la que hist\u00f3ricamente ha operado el ELN, l\u00edderes campesinos reconoc\u00edan en el taller que en algunas veredas la mayor\u00eda de conflictos vecinales y de convivencia son atendidos por los comandantes guerrilleros y que, con la aceptaci\u00f3n de \u00e9stos, acuden a entidades oficiales para tramitar asuntos como registro de t\u00edtulos de propiedad u otros similares. De facto, existe una \u201cdistribuci\u00f3n de competencias\u201d, entre las cuestiones tramitadas ante las instituciones y las que atienden las guerrillas, quienes de manera eficaz resuelven los litigios y cuyas decisiones son acatadas bajo una legitimidad que desear\u00eda cualquier ente estatal. Esa divisi\u00f3n de trabajo en la administraci\u00f3n de justicia ha resultado funcional en esas apartadas comunidades, aunque tambi\u00e9n reconocen que, cuando el conflicto armado se intensifica, son ellas quienes llevan la peor parte.<\/p>\n

En el municipio de El Bagre, donde contrasta la abundante circulaci\u00f3n de oro con la pobreza extrema de buena parte de sus habitantes, al igual que en otros de la regi\u00f3n, act\u00faan las FARC, cada vez m\u00e1s remplazadas por grupos criminales como el Clan Usuga, con pr\u00e1cticas justicieras y graves amenazas a los pobladores, similar a lo ya indicado para Ituango y Anor\u00ed. Cabe rescatar un episodio narrado en el taller, cuando se trat\u00f3 el tema del perd\u00f3n y la reconciliaci\u00f3n; Jos\u00e9[4]<\/a> -l\u00edder campesino de uno de los corregimientos de El Bagre-, al referirse acerca de la disponibilidad de la gente para aceptar la Justicia transicional, relata que siendo ni\u00f1o, su familia al igual que el vecindario de su vereda apoyaban a las FARC, quienes ejerc\u00edan la autoridad all\u00ed, aunque de vez en cuando eran perseguidos por la fuerza p\u00fablica. Un d\u00eda el padre de Jos\u00e9 fue acusado de ser informante y por ello la guerrilla lo mat\u00f3. Ese asesinato gener\u00f3 un resentimiento de toda la familia hacia las FARC. Recientemente esas guerrillas le reconocieron a Jos\u00e9 haberse equivocado en esa acusaci\u00f3n y en el crimen. Al preguntar a Jos\u00e9 qu\u00e9 pensaba hoy de los acuerdos de La Habana y la impunidad, el l\u00edder campesino asegur\u00f3 que \u00e9l y su familia hab\u00edan perdonado, y solo esperaban que las FARC una vez desmovilizadas \u201csean sinceros y mantengan la voluntad de no volver a la lucha armada\u201d.<\/p>\n

El perd\u00f3n no puede ser impuesto por una ley, pues depende del fuero \u00edntimo de las v\u00edctimas. Se requiere adoptar mecanismos excepcionales de sanci\u00f3n, en los cuales conductas se\u00f1aladas en los c\u00f3digos penales como delitos, sean perdonadas; es decir, queden en la impunidad. Mientras que frente a cr\u00edmenes de guerra o delitos de lesa humanidad, se debe imponer un castigo. Eso es parte fundamental de la justicia transicional<\/em>, que ante situaciones excepcionales y como consecuencia de negociaciones pol\u00edticas de conflictos armados o de culminaci\u00f3n de dictaduras militares, se acuerdan formas extraordinarias de perdonar unos delitos y de sancionar los m\u00e1s graves.<\/p>\n

La complejidad del problema pasa por definir \u00bfQu\u00e9 delitos perdonar? \u00bfHasta cu\u00e1nto de perd\u00f3n o de castigo? \u00bfLas v\u00edctimas pueden intervenir en definir el perd\u00f3n y el castigo o es una atribuci\u00f3n exclusiva del Estado? Ese es uno de los mayores retos actuales de los colombianos, no solo frente al caso de las FARC, sino cuando se empiece a judicializar a otros militares y a empresarios fuertemente comprometidos en la confrontaci\u00f3n armada.<\/p>\n

De ah\u00ed la importancia de dise\u00f1ar un sistema de justicia integral, incorporado a los planes de desarrollo municipal y coordinado con las instancias nacionales, que acoja a los operadores de justicia formal, as\u00ed como a quienes, desde la sociedad civil, desempe\u00f1an roles de operadores de justicia, como los conciliadores en equidad y quienes trabajan con M\u00e9todos Alternativos de Resoluci\u00f3n de Conflicto. La justicia, concebida como un sistema integral, debe considerar el pluralismo jur\u00eddico y que no todos los conflictos deben ser tramitados por la justicia estatal, dado que en ocasiones resultan m\u00e1s eficiente y eficaz m\u00e9todos no convencionales como la mediaci\u00f3n o la conciliaci\u00f3n, adelantados por operadores de justicia que desde la sociedad tramitan conflictos de manera no violenta, contribuyendo a fortalecer una convivencia pac\u00edfica y democr\u00e1tica. El sistema integral de justicia en los municipios deber\u00e1 estar orientado por un enfoque diferencial que, en concordancia con los postulados constitucionales, preste especial atenci\u00f3n a los grupos m\u00e1s vulnerables como ni\u00f1os y ni\u00f1as, mujeres cabeza de familia, poblaci\u00f3n discapacitada y minor\u00edas \u00e9tnicas, entre otros, que por sus peculiares condiciones de desventaja social demandan una atenci\u00f3n prioritaria. Adem\u00e1s, bajo el modelo econ\u00f3mico extractivista imperante, el ambiente (incluidas fauna y flora) y la protecci\u00f3n de los animales resultan de cardinal importancia.<\/p>\n

La justicia que debemos construir los colombianos est\u00e1 estrechamente vinculada con diversos tipos de paz (econ\u00f3mica, social, pol\u00edtica), en las diferentes escalas espaciales. Por ello, es m\u00e1s apropiado hablar de paces<\/em>, en plural. Construir las paces es una compleja tarea que abarca distintos \u00e1mbitos de la vida social y pol\u00edtica, incluida la superaci\u00f3n de las injustas asimetr\u00edas sociales, adem\u00e1s de realizarse simult\u00e1neamente en todas las escalas de la pir\u00e1mide social, desde los micro-espacios barriales y veredales, en el orden municipal, pasando por niveles intermedios hasta llegar a las grandes \u00e9lites nacionales y globales. Materializar los anhelos de paces y de justicia en sus diversas dimensiones -que debe ser un pilar fundamental de los pos-acuerdos- se requiere una activa movilizaci\u00f3n de la sociedad civil que se deber\u00e1 ir transformando al tiempo que exige del Estado la realizaci\u00f3n de ese valor supremo, lo cual debe traducirse en hechos concretos.<\/p>\n

\n

[1]<\/a> Profesor Titular e\u00a0Investigador,\u00a0Universidad de Antioquia. Miembro del Observatorio de Seguridad Humana de Medell\u00edn y socio del IPC.<\/p>\n

[2]<\/a> El Proyecto de Acceso a la Justicia<\/em> apoya el fortalecimiento de un sistema de justicia m\u00e1s incluyente, equitativo y con mayor presencia y eficiencia en las zonas de consolidaci\u00f3n en Colombia a trav\u00e9s de sus componentes Casas de Justicia y Mecanismos Alternativos de Soluci\u00f3n de Conflictos, Seguimiento a casos de Violencia Basada en G\u00e9nero y Fortalecimiento de la Justicia Local y del Proceso Judicial de Restituci\u00f3n de Tierras. V\u00e9ase: http:\/\/www.proyectodeaccesoalajusticia.com\/ES\/<\/a><\/p>\n

[3]<\/a> Durante este a\u00f1o se realizaron en 10 municipios antioque\u00f1os del Nordeste y Bajo Cauca, de los cuales particip\u00e9 en tres: Ituango (9 de marzo), Anor\u00ed (10 de marzo) y El Bagre (21 de abril). Los talleres fueron organizados conjuntamente por la Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz y La Universidad de Antioquia, en Convenio con el Proyecto de acceso a la Justicia de USAID y el Ministerio de Justicia y del Posconflicto.<\/p>\n

\u00a0[4]<\/a> Nombre ficticio.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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