{"id":5668,"date":"2016-06-17T20:12:22","date_gmt":"2016-06-17T20:12:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ipc.org.co\/agenciadeprensa\/?p=5668"},"modified":"2017-03-06T21:50:04","modified_gmt":"2017-03-06T21:50:04","slug":"ires-y-venires-a-un-ano-mas-de-la-ley-de-victimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/ires-y-venires-a-un-ano-mas-de-la-ley-de-victimas\/","title":{"rendered":"Ires y venires, a un a\u00f1o m\u00e1s de la Ley de V\u00edctimas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #808080;\"><strong>Art\u00edculo de opini\u00f3n por Diego Herrera Duque, presidente del IPC<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pasado 10 de junio se cumplieron cinco a\u00f1os de la entrada en vigencia de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras en Colombia. Era el a\u00f1o 2011 y se ve\u00eda con mucha expectativa que una ley como estas tuviese el prop\u00f3sito de reparar el da\u00f1o ocasionado a las v\u00edctimas a raz\u00f3n del conflicto, precisamente en medio del conflicto armado que viv\u00eda el pa\u00eds y que la misma ley reconoci\u00f3. Y dec\u00eda el propio Presidente Santos que la Ley 1448 pondr\u00eda a prueba la voluntad y capacidad del Estado y de la sociedad colombiana para garantizar los derechos de un gran n\u00famero de v\u00edctimas de la guerra en Colombia. Quiz\u00e1s ni el mismo Estado, ni la sociedad, reconoc\u00edan en aquel entonces la magnitud de la tragedia de millones de colombianos, ni el reto tan complejo que se iniciaba, ni avizoraban los obst\u00e1culos que tendr\u00eda la ley en su desarrollo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al d\u00eda de hoy ya llevamos el 50% del tiempo establecido para su ejecuci\u00f3n \u2014recordemos que su aplicaci\u00f3n ira hasta el 10 de junio de 2021\u2014, pero los resultados son poco alentadores ante la magnitud del problema y del prop\u00f3sito. Seg\u00fan el Registro \u00danico de V\u00edctimas de la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, hoy tenemos m\u00e1s de 8 millones de v\u00edctimas registradas, superando los c\u00e1lculos iniciales del Gobierno y de organizaciones sociales que nos hablaban en 2011 de alrededor de 6 millones de v\u00edctimas.\u00a0 Pero hoy los resultados hablan de la atenci\u00f3n a unas 600.000 v\u00edctimas de manera individual por v\u00eda administrativa, ll\u00e1mese indemnizaciones econ\u00f3micas, resultado insuficiente para la magnitud del agravio sufrido y la expectativa generada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De otro lado, se abri\u00f3 la posibilidad de la reparaci\u00f3n colectiva a diversos sujetos en el orden nacional. Hoy esa iniciativa tiene a su haber un poco m\u00e1s de 300 casos de sujetos colectivos, pero vale decir que muchos de ellos apenas est\u00e1n en la fila del registro de su caso, muchos ni siquiera tienen su Plan Integral de Reparaci\u00f3n Colectiva, y aquellos que lo tienen solo han desarrollado acciones puntuales. Dicho de otro modo, se prioriz\u00f3 la atenci\u00f3n individual y se emprendi\u00f3 t\u00edmidamente la reparaci\u00f3n colectiva durante la mitad de la Ley, pero adem\u00e1s, se siguieron presentando acciones violentas contra l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, campesinos, dirigentes \u00e9tnicos, entre otros, incluso durante el mismo periodo de ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de reparaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed mismo, para las v\u00edctimas de despojo y abandono forzado de tierras, el problema inicialmente se calculaba sobre un universo de 6 millones de hect\u00e1reas despojadas y abandonadas; el mismo Gobierno part\u00eda de la meta proyectada de 360.000 solicitudes, con las cuales aspiraba a restituir al menos 2 millones de hect\u00e1reas en los 10 a\u00f1os. Pero hoy se sabe que pueden ser alrededor de 8 millones de hect\u00e1reas despojadas y abandonadas, y parad\u00f3jicamente se ha venido reduciendo la expectativa del Gobierno a un poco m\u00e1s de 87.000 solicitudes, con el problema de que solo se puedan resolver judicialmente algo m\u00e1s de 6.000 solicitudes entre lo ya ganado y lo que falta de tiempo para ejecutarla, seg\u00fan lo ha planteado la Fundaci\u00f3n Forjando Futuros. No es menor el dato de que durante este tiempo hayan sido asesinados en el pa\u00eds 74 reclamantes de tierras. Es decir, las cifras cambian, las metas oficiales se acortan y reclamar la tierra sigue siendo una actividad de alto riesgo para campesinos en Colombia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En su conjunto, se observa que la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras acusa un conjunto de problemas, unos previstos y otros no tanto.\u00a0 Se ha priorizado un enfoque individual de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, incluso dado el volumen de demandas y tutelas a la UARIV, la pol\u00edtica se ha visto reducida a atender estos casos y no el desempe\u00f1o general de la ley, pero adem\u00e1s no ha tenido el mismo dinamismo la reparaci\u00f3n colectiva de cara al da\u00f1o colectivo y pol\u00edtico ocasionado a una expresi\u00f3n plural y diversa que representan los grupos, organizaciones y comunidades que la buscan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Algo similar ocurre con el tema de restituci\u00f3n de tierras, se atienden las solicitudes individuales con la consabida lentitud de resultados tanto en la fase administrativa como judicial, y no se toman en cuenta las posibilidades de la restituci\u00f3n colectiva de tierras como f\u00f3rmula que permita acelerar el proceso. A ello se le suma la falta de garant\u00edas para las v\u00edctimas reclamantes de tierras, quienes siguen siendo se\u00f1aladas, estigmatizadas y violentadas por sectores que se oponen a la restituci\u00f3n de tierras, en muchos casos bajo alianzas criminales entre despojadores, pol\u00edticos, empresarios, y grupos armados ilegales con el visto bueno de algunos sectores de la institucionalidad. As\u00ed mismo, una pol\u00edtica de estas, que requiere atenci\u00f3n integral de las instituciones del Estado, sigue teniendo una oferta institucional descordinada y fraccionada tanto entre las entidades del orden nacional alrededor del Sistema Nacional de Atenci\u00f3n Integral a V\u00edctimas \u2013 SNARIV \u2013 que agrupa alrededor de 52 instituciones, como en la respuesta descentralizada de la institucionalidad en las regiones. La ley avanza lentamente, hay oferta institucional dispersa, se consolida la oposici\u00f3n a su implementaci\u00f3n y se sigue estigmatizando, persiguiendo y asesinando a l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, campesinos y dirigentes \u00e9tnicos en el pa\u00eds.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para los 5 a\u00f1os que faltan, la Ley 1448 tiene algunos retos centrales en cuanto a enfoque, pol\u00edtica y estrategia, para acelerar la implementaci\u00f3n. Esos ajustes adem\u00e1s serian un buen puente para alinear la ley con lo acordado en La Habana en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Algunos de esos ajustes serian: El paso del enfoque de reparaci\u00f3n individual a la reparaci\u00f3n colectiva reconociendo la naturaleza pol\u00edtica del da\u00f1o ocasionado a dichos sujetos en el marco del conflicto armado y la posibilidad de reparar la democracia; una mejor coordinaci\u00f3n de las entidades responsables de materializar la pol\u00edtica en el marco del SNARIV y su descentralizaci\u00f3n; y la necesidad de una pol\u00edtica de superaci\u00f3n de la impunidad que esclarezca los responsables y que brinde garant\u00edas y protecci\u00f3n colectiva a las v\u00edctimas que vienen reclamando sus derechos ante el Estado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otros ajustes deber\u00edan implicar la articulaci\u00f3n de la Ley 1448 con los puntos de La Habana alrededor de la reforma rural integral donde se redimensione la pol\u00edtica de restituci\u00f3n de tierras, las garant\u00edas para la Participaci\u00f3n Pol\u00edtica de sectores victimizados, el futuro funcionamiento del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n colectiva y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n que recoja y redimensione lo avanzado en esta etapa; y la necesidad de que las v\u00edctimas den el paso a ser ciudadanos con derechos y con capacidad de movilizarse pol\u00edticamente frente a la legitimidad de los acuerdos de paz y su posterior implementaci\u00f3n con enfoque territorial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En \u00faltima instancia, es reconocer que muchas de las v\u00edctimas en Colombia son sujetos colectivos sociales y pol\u00edticos (sindicatos, periodistas, concejales y diputados, comunidades \u00e9tnicas, defensores de DDHH, constructores de paz, colectividades pol\u00edticas), que est\u00e1n en el centro de la cr\u00edtica, del disenso y de las disputas, y que por ello no pueden ser eliminados ni excluidos del escenario pol\u00edtico, sino que, al contrario, deben volverse\u00a0actores fundamentales al proceso de reparaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n de pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art\u00edculo de opini\u00f3n por Diego Herrera Duque, presidente del IPC El pasado 10 de junio se cumplieron cinco a\u00f1os de la entrada en vigencia de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras en Colombia. 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