{"id":7925,"date":"2017-03-29T21:57:05","date_gmt":"2017-03-29T21:57:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ipc.org.co\/agenciadeprensa\/?p=7925"},"modified":"2017-03-29T21:57:05","modified_gmt":"2017-03-29T21:57:05","slug":"modificaciones-a-la-jep-limitarian-la-aplicacion-de-justicia-en-el-posconflicto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipc.org.co\/agenciadeprensa\/modificaciones-a-la-jep-limitarian-la-aplicacion-de-justicia-en-el-posconflicto\/","title":{"rendered":"Modificaciones a la JEP limitar\u00edan la aplicaci\u00f3n de justicia en el posconflicto"},"content":{"rendered":"

E<\/span>n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes se aprob\u00f3 ayer el acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n (Sivjrnr). En aquel se estable, entre otros, el modo en que operar\u00e1 la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) en la implementaci\u00f3n del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC\u2013EP.<\/p>\n

La JEP es un mecanismo de justicia transicional que tendr\u00e1 15 de competencia a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema. A trav\u00e9s de esta el Estado colombiano deber\u00e1 investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el contexto y en raz\u00f3n del conflicto armado.<\/p>\n

No obstante, las \u201cmotiladas<\/em>\u201d a las que fue sometida en el Senado y en la C\u00e1mara de Representantes antes de ser aprobada, generan preocupaci\u00f3n en algunos sectores sociales, pol\u00edticos y de v\u00edctimas. Integrantes de esos espacios consideran que las modificaciones limitaron las posibilidades de que se esclarezca la verdad de lo ocurrido durante el conflicto.<\/p>\n

A Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (Movice), le preocupan las proposiciones y posteriores decisiones que se tomaron en el Congreso y que no estaban incluidas en el Acuerdo, porque \u201cmerman las posibilidades de que la JEP aporte a conocer una verdad que contribuya a determinar responsabilidades\u201d.<\/p>\n

Otras posiciones como la de Luis Guillermo Pardo, miembro de Federaci\u00f3n Nacional de Paz (Fenalpaz), son m\u00e1s mesuradas. Desde su perspectiva, \u201clo aprobado es lo que hay, y con eso es que va a funcionar la JEP\u201d.<\/p>\n

\u00c9l opina que \u201cno hay que ser ortodoxos\u201d, porque las modificaciones hicieron parte de la evoluci\u00f3n del proyecto de acto legislativo a su paso por la C\u00e1mara y el Senado.<\/p>\n

\n

Tensiones entre verdad e impunidad<\/strong><\/span><\/h3>\n

Martha \u00a0Luc\u00eda Pe\u00f1a, investigadora del Instituto Popular de Capacitaci\u00f3n (IPC), explica que la JEP tiene dos componentes relevantes: la sala de definici\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas y la sala de reconocimiento de la verdad, donde se evidenciar\u00e1 que \u201cla verdad es una disputa entre sectores muy poderosos a los que no les interesa que se d\u00e9 a fondo un proceso de esclarecimiento de lo ocurrido ni de las responsabilidades\u201d.<\/p>\n

\n

\u201cLastimosamente \u2014agrega la investigadora del IPC\u2014 el funcionamiento de la JEP va a empezar en medio de una campa\u00f1a presidencial\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Este aspecto es decisivo porque hay sectores econ\u00f3micos, militares y pol\u00edticos que har\u00e1n todo lo posible por bloquear su desarrollo. Y alcanzar el poder podr\u00eda allanarles el camino.<\/p>\n

A esos sectores, sostiene Alejandra Gaviria, no les conviene que se conozca la verdad porque eso implicar\u00eda \u201cesclarecer responsabilidades desde lo jur\u00eddico\u201d, y eso aplicar\u00eda tanto a agentes del Estado como a civiles que participaron del conflicto e incurrieron, o apoyaron, la comisi\u00f3n de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.<\/p>\n

Entre las conductas sancionables est\u00e1n las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos y desapariciones forzadas, victimizaciones que han sido altamente denunciadas en Colombia sin que se haya conocido toda la verdad sobre qui\u00e9nes las ordenaron. Pero tambi\u00e9n est\u00e1n los delitos de lesa humanidad, los genocidios y los graves cr\u00edmenes de guerra.<\/p>\n

Por eso, para que los responsables de ese tipo de conductas sean investigados y sancionados, la JEP \u201cdebe propiciar una construcci\u00f3n alternativa e hist\u00f3rica de la verdad, donde autores materiales, determinadores, financiadores y beneficiarios del conflicto sean responsabilizados judicialmente\u201d, se\u00f1ala el sacerdote Alberto Franco, representante legal de la Comisi\u00f3n Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).<\/p>\n

\"Foto:<\/a>
Foto: Sabotaje al Montaje<\/figcaption><\/figure>\n

En ese sentido, preocupa la introducci\u00f3n que se hizo en el Congreso de un nuevo art\u00edculo para que no sea de competencia de la JEP sancionar a terceros civiles<\/em> que han financiado o colaborado con grupos paramilitares u otros actores del conflicto.<\/p>\n

La proposici\u00f3n, aprobada en debate e incluida en el art\u00edculo 16 transitorio, fue hecha por el senador Germ\u00e1n Var\u00f3n Cotrino de Cambio Radical, partido con exsenadores, exalcaldes y exgobernadores investigados o sancionados por v\u00ednculos con grupos paramilitares, al punto de que a esa colectividad le fue aplicada la figura de \u201cla silla vac\u00eda\u201d, tras la condena al exsenador Javier C\u00e1ceres.<\/p>\n

Para Martha Pe\u00f1a, el nuevo art\u00edculo limita la posibilidad de juzgar, por ejemplo, \u201ca los empresarios que han jugado un papel importante en la consolidaci\u00f3n del paramilitarismo y en graves violaciones a los derechos humanos con tal de defender sus intereses econ\u00f3micos\u201d.<\/p>\n

Lo que percibe el padre Alberto Franco, es que esa modificaci\u00f3n a la JEP \u201ces un bote salvavidas que se les dio a los determinadores econ\u00f3micos para quitarles responsabilidades y beneficiarlos. Porque se pusieron unas exigencias muy dif\u00edciles de cumplir, como el hecho de que no bastan solo versiones para probar que alg\u00fan empresario financi\u00f3 a un grupo paramilitar para que hiciera una masacre u otro crimen\u201d.<\/p>\n

De modo similar, preocupa la especificaci\u00f3n que se hizo con respecto a la responsabilidad de los mandos militares solo cuando estos tuvieron control efectivo sobre sus subalternos y, por lo tanto, conocimiento de las conductas con las que afectaron a la poblaci\u00f3n civil.<\/p>\n

Con esa decisi\u00f3n, coinciden algunos entrevistados, se libera de responsabilidades ante la JEP a los militares de mayor rango en las cadenas de mando.<\/p>\n

\n

Entonces, afirma Gaviria, \u201cpodr\u00eda suceder que queden como responsables algunos autores materiales; es decir, algunos soldados y rangos bajos, pero no se va a llegar, por lo menos por la v\u00eda jur\u00eddica, a sancionar a quienes dieron las \u00f3rdenes y quienes idearon los planes que se vieron materializados en asesinatos. Esa es una traba bastante grande\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Sobre estos aspectos, Pe\u00f1a considera que los militares tambi\u00e9n pueden aportar al esclarecimiento de la verdad si entregan informaci\u00f3n respecto a los empresarios involucrados en el conflicto.<\/p>\n

La investigadora del IPC, agrega que adem\u00e1s de esa informaci\u00f3n es necesario que se entreguen a las salas de la JEP los archivos de inteligencia de los \u00f3rganos de seguridad del Estado.<\/p>\n

Por su parte, Pardo aclara que \u201cen las estructuras de mando puede ocurrir que quien ejecuta las \u00f3rdenes no necesariamente las cumpla tal como se lo indic\u00f3 quien se las dio\u201d. Y ampl\u00eda el debate: \u201cLas responsabilidades que recaen sobre los altos mandos no son exclusivas de la Fuerza P\u00fablica, tambi\u00e9n deben revisarse dentro de la guerrilla para que no haya sesgos\u201d.<\/p>\n

A pesar de esas tensiones, \u00e9l cree que en este momento de la historia del pa\u00eds la JEP representa la \u00fanica posibilidad para que guerrilleros, militares y miembros de la sociedad civil aporten en la reconstrucci\u00f3n de \u201cuna verdad completa e integral\u201d. Solo as\u00ed, enfatiza, se conocer\u00e1n los actores participantes y los hechos ocurridos en la guerra para llegar a aplicar \u201cuna justicia transicional y restaurativa\u201d.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

V\u00edctimas, \u00bfest\u00e1n \u201cen el centro\u201d?<\/strong><\/span><\/h3>\n

Seg\u00fan informaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n \u2013y en su seno la JEP\u2013 tendr\u00e1 como centro a las v\u00edctimas, a quienes deber\u00e1n proteger y satisfacer sus derechos y reparar los da\u00f1os causados a comunidades y territorios a trav\u00e9s de \u201cmedidas restaurativas, reparadoras y retributivas\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, precisa Gaviria, las condiciones en que fue aprobada la JEP favorecen a las v\u00edctimas de las FARC, pero no a las de otros actores del conflicto. \u201cLas modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicci\u00f3n afectan a las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado, porque con los cambios que aprob\u00f3 el Congreso nos est\u00e1n negando la posibilidad de participar y conocer la verdad sobre los responsables de las victimizaciones\u201d.<\/p>\n

En otras palabras, ella plantea que las limitaciones que se le impusieron a JEP para investigar y sancionar a miembros del Estado y de la sociedad civil, aumentan las probabilidades de que agentes de esos dos \u00e1mbitos, responsables de m\u00faltiples victimizaciones, \u201cqueden invisibilizados\u201d. Y ese tratamiento diferencial atenta no solo contra de los derechos de las v\u00edctimas sino de toda la sociedad.<\/p>\n

Frente a esta situaci\u00f3n, Pe\u00f1a expresa que \u201csi se analizan los discursos de las delegaciones del Gobierno y del Fiscal General de la Naci\u00f3n, N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez, hay mucha ret\u00f3rica sobre las v\u00edctimas, pero solo las de un lado, porque esto parece un proceso para que responda solo la guerrilla. Pero si uno se pone a ver las v\u00edctimas del Estado y del paramilitarismo, entonces no es tan cierto que ellas est\u00e1n en el centro\u201d.<\/p>\n

La investigadora tambi\u00e9n llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre un derecho que no se est\u00e1 garantizando: la no repetici\u00f3n. Esto, se\u00f1ala, se evidencia en el aumento de asesinatos de l\u00edderes sociales, entre ellos los reclamantes de tierra, por parte de paramilitares, sumados a los que han sido condenados y judicializados por el Estado por su participaci\u00f3n en ejercicios de protesta social.<\/p>\n

Aun as\u00ed, Pardo sostiene que desde su punto de vista \u201clas v\u00edctimas est\u00e1n en todo el centro del Acuerdo de Paz\u201d. Por eso, argumenta con total convicci\u00f3n, que \u201cel principio de la justicia transicional y restaurativa es la verdad como camino para acceder a la justicia y a la reparaci\u00f3n de quienes han padecido el conflicto armado\u201d. Y a\u00f1ade que \u201clas v\u00edctimas van a tener una gran participaci\u00f3n en todas las audiencias y actividades del Tribunal Especial de Paz\u201d.<\/p>\n

Pero para llegar a ese punto, el Sistema \u2013y con \u00e9l la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u2013 a\u00fan no ha terminado su recorrido previo a la entrada en funcionamiento. Resta que este proyecto de ley sea sancionado por el Presidente de la Rep\u00fablica y revisado por la Corte Constitucional para que entre en juego a modo de reforma para la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera que d\u00e9 fin a m\u00e1s de 50 a\u00f1os de guerra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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