COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
28 de noviembre de 2017
DENUNCIAMOS EL ASESINATO DE MARIO MANUEL CASTAÑO BRAVO, LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU)1.
Hasta que el Estado no tenga la voluntad política de ponerse del lado de las comunidades, atacando las causas estructurales de la violencia y el despojo, estos hechos seguirán sucediendo.
El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo. Ver comunicado en PDF
Mario era uno de los líderes más visibles y activos del proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU, era, además, miembro del Consejo Local de la Madre Unión. Mario fue asesinado en la noche del domingo 26 de noviembre de 2017 en zona rural de la vereda La Florida, territorio colectivo de La Larga y Tumaradó (municipio de Riosucio, Chocó).
El homicidio de Mario no es un caso aislado al proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. Las constantes amenazas y hechos de violencia contra líderes/as reclamantes de tierras del Consejo son el pan de cada día en un escenario que evidencia una estrategia sistemática por parte de terceros ajenos al territorio, en connivencia con actores armados ilegales, para obstaculizar la implementación de la ley de restitución de tierras en favor de la comunidad.
Contrario al espíritu de la ley de restitución de tierras, la realidad de COCOLATU se ha complejizado. Muestra de ello es el asesinato de tres (3) líderes miembros del Consejo2 en lo corrido del 2017.
HECHOS
1. El día domingo 26 de noviembre, Mario Manuel Castaño Bravo y otros líderes/as de la comunidad asistieron a una reunión en la comunidad de Puerto Cesar, territorio colectivo de La Larga y Tumaradó; fueron invitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta reunión tenía como objetivo socializar la política de sustitución voluntaria contra los cultivos ilícitos y del modelo de desarrollo alternativo para lograr la consolidación de la paz. Una vez terminada la reunión, aproximadamente a las 2 p.m., Castaño y otro líder de la comunidad de Madre Unión, con quien compartía esquema de seguridad, se desplazaron hacia sus respectivas casas.
2. El mismo día, aproximadamente a las 7:30 p.m., arribaron tres (3) hombres a la casa de Castaño; los hombres con el rostro cubierto, entraron bruscamente a la casa a preguntar por Mario. En su casa se encontraba gran parte de su familia (su esposa, 3 hijas, 2 hijos y 6 nietos). Los hombres lo obligaron a salir y frente a su familia, a quema ropa, le propinaron varios disparos.
3. Un vecino de la familia Castaño al escuchar los tiros, contactó de inmediato a los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para informar de la situación. Éstos se movilizaron al lugar de los hechos, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército. Es importante anotar que cuando se contactó a miembros de la Policía (comandancia de Urabá) para que atendiera la situación y procediera a realizar los procedimientos respectivos dentro del cual estaba el levantamiento del cadáver, éstos indicaron que “no sabían cómo llegar”, dejando a la familia y allegados frente al cuerpo en situación de extrema impotencia y vulnerabilidad.
4. A pesar de que COCOLATU, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Cinep/PPP, como organización acompañante, e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales como ACNUR y la MAPP-OEA activaron sus canales respectivos para responder a la situación, el levantamiento del cadáver se hizo hasta la madrugada del día lunes 27 de noviembre, pues la SIJIN adujo no estar disponible y que sólo podía atender el caso la Policía de Apartadó (Antioquia), ubicada aproximadamente a tres (3) horas de distancia del lugar de los hechos.
5. Debido a la valoración de riesgo extremo dado por el CERREM3, el señor Castaño contaba con un esquema de protección compartido con otro líder reclamante de la comunidad de la Madre Unión (dos celulares, una camioneta y dos escoltas). Castaño denunciaba constantemente, ante entidades y fuerza pública regional y nacional así como de ONG, el recibo de amenazas y hostigamientos por parte de terceros ajenos al territorio y miembros del grupo posdesmovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por su labor de reivindicación de derechos territoriales. La última amenaza la recibió días atrás, por miembros de las AGC en la zona de biodiversidad “Árbol del Pan”, debido a la denuncia de Mario por la convocatoria del actor armado a una reunión en dicha comunidad.
6. Ante la situación vivida, la familia Castaño abandonó su lugar de residencia, dejando de lado todas sus pertenencias y quedando en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad económica.
ANTECEDENTES
Hace aproximadamente 40 años, el señor Mario Manuel Castaño Bravo habitaba la zona que comprende actualmente el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó. Él fue desplazado de su finca —ubicada en estribaciones de la comunidad de La Madre Unión, municipio de Riosucio (Chocó)— a causa de las presiones y hostigamientos de grupos armados ilegales que se disputaban el control territorial de la subregión desde 1996.
El señor Castaño se convirtió en uno de los líderes más importantes y visibles de la subregión del Bajo Atrato, ya que impulsó la conformación de las primeras zonas humanitarias y de biodiversidad en el Consejo Comunitario de Curbaradó y la zona de biodiversidad de la Madre Unión del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó. Su trabajo de acompañamiento, reivindicación y denuncia lo hicieron una persona clave como testigo en procesos judiciales en contra de palmicultores, ganaderos y empresarios que entraron de manera violenta a la subregión, posterior a la llegada de los grupos paramilitares.
Dadas las constantes amenazas que él y los líderes/as reclamantes de la comunidad de La Madre Unión continuaron recibiendo, después de retornar voluntariamente sin acompañamiento en diciembre de 2013, el juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Quibdó profirió medidas cautelares a COCOLATU mediante el Auto interlocutorio 00181 del 12 de diciembre de 2014.
EXIGIMOS
Al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del Bajo Atrato (Chocó).
A la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad Administrativa Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Unidad Nacional de Protección, entre otras instituciones. Además de instituciones locales y regionales (alcaldías de Turbo y Mutatá, y a la Gobernación de Antioquia, así como a la Alcaldía de Riosucio y a la Gobernación del Chocó), Embajadas, misión de la Naciones Unidas y delegados/as defensores de derechos humanos, para que en tiempo breve se convoque a una reunión donde se adopten y promuevan las medidas necesarias para enfrentar situaciones actuales de riesgo en la región del Bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia) que requieren una respuesta inmediata por parte del Estado, particularmente para los reclamantes de tierras, autoridades étnicas, líderes/as, defensores/as de derechos humanos, además de comunidades inmersas en procesos de restitución de tierras y territorios.
A la fuerza pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región del Bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).
A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU, especialmente la relacionada con los procesos de investigación de los responsables del homicidio del señor Mario Castaño Bravo, así como de los señores Porfirio Jaramillo Bogallo (asesinado el 29 de enero de 2017) y Jesús Alberto Sánchez Correa (asesinado el 19 de agosto de 2017), con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación, al tiempo que elimine la capacidad de terceros ajenos al territorio para entorpecer o bloquear el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, que reevalúe el enfoque de las medidas de protección individual de los aproximadamente 16 líderes/as de COCOLATU que cuentan actualmente con esquemas, pues éstos no están cumpliendo con su objetivo: proteger la vida e integridad los reclamantes. Asimismo, exigimos que revalúe y fortalezca las medidas de la ruta de protección colectiva de cara al inicio de la etapa judicial del proceso de restitución.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.
Al juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU de cara al inicio de la etapa judicial del proceso de restitución.
A las gobernaciones del Chocó y Antioquia a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del Bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).
A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.
EL PRESENTE COMUNICADO ES SUSCRITO POR:
Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH).
Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP).
Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó.
- El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) es una unidad administrativa de comunidades negras, conformada desde el año 1999 y beneficiaria de titulación colectiva desde el año 2000 (Resolución 2805 del 22 de noviembre de 2000). El territorio colectivo de COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia), cuenta con una extensión de 107,064 hectáreas y 49 comunidades habitadas tradicionalmente por afrodescendientes y mestizos. La titulación colectiva de COCOLATU se dio cuando aproximadamente el 80 % de sus pobladores había sido expulsado del territorio como consecuencia de la consolidación del proyecto paramilitar en la subregión del Bajo Atrato durante la segunda mitad de los noventa.
- Mario Castaño Bravo, Porfirio Jaramillo Bogallo (29 de enero de 2017) y Jesús Alberto Sánchez Correa (19 de agosto de 2017).
- Resolución 8118 del 21/10/2016, Unidad Nacional de Protección.
