Medellín, 23 de mayo de 2018
Señoras
Claudia Victoria González Hernández
Directora General
Agencia Nacional de Licencias Ambientales
ANLA
Dora Elena Balvín Agudelo
Secretaría de Minas
Gobernación de Antioquia
Señores
Alejandro González Valencia
Director
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
Corantioquia
Luis Gilberto Murillo
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Respetadas y respetados
Comunidades que habitan en los municipios de El Bagre y Nechí, desde el día lunes 14 de mayo vienen siendo víctimas de muy probables prácticas ecocidas, cuya responsabilidad recaería sobre la empresa Mineros S.A. El jueves 17 de mayo, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, algunas personas de estas comunidades ribereñas, se encontraban en un proceso de capacitación ambiental, para lo cual realizaron un recorrido por el río Nechí, en las zonas de El Pital, la Esperanza, la quebrada San Pedro, los humedales El Socorro y San Pumoso, entre otros, ubicados en jurisdicción del municipio de Nechí. En dicho trayecto se percataron de una alta mortandad de peces y otras especies, así como de cambios drásticos en el aspecto y composición de las aguas que conforman estos ecosistemas, lo que podría configurar un posible ecocidio. Ver: ¿Ecocidio de Mineros S.A. en el río Nechí?
En dicho recorrido se logró establecer la ruptura de un jarillón construido por la empresa Mineros S.A., en la zona de El Pital, Ciénaga San Pumoso, en inmediaciones de la finca La Constancia; el cual funcionaba como mecanismo de represamiento y decantación de las aguas afectadas por el proceso de dragado, derivado del proyecto de explotación aurífera en la cuenca del río Nechí, que actualmente opera dicha empresa. Dichas aguas, de acuerdo con las comunidades afectadas, están altamente empantanadas, contaminadas y en estado de putrefacción, además de tener casi un año de estar represadas en dicho lugar. Señalan que una situación similar sucedió hace aproximadamente tres años.
El domingo 20 de mayo, funcionarios de Corantioquia realizaron un recorrido por la zona afectada, acompañados de líderes y lideresas de la comunidad de La Esperanza. De acuerdo con la información de los acompañantes, se logró verificar varios puntos de ruptura en el jarillón construido por la empresa Mineros S.A., así como un alto deterioro de los ecosistemas de humedales y ciénagas, que hace temer que los daños sean irreversibles. Estamos a la expectativa del informe técnico de los funcionarios de Corantioquia, reconociendo su labor de protección ambiental más allá de sus competencias en este caso.
Esta situación ha implicado graves daños socioambientales, teniendo en cuenta que las comunidades afectadas históricamente han obtenido buena parte de su sustento de los beneficios ecosistémicos que les ofrecen los humedales y ciénagas de estos territorios, máxime que en su mayoría son comunidades de pescadores artesanales.
Adicionalmente, las comunidades denuncian que se perciben malos olores debido a la putrefacción de las aguas, generada por la mortandad de peces, así como por las aguas que se liberaron y se han vertido sobre los humedales y ciénagas. Del mismo modo, se presentan brotes en la piel de niños y niñas, y existe un alto riesgo de situaciones de insalubridad, debido a que las aguas que consumen y usan las comunidades son precisamente las contaminadas.
Además de la preocupación por estos daños, existe una gran inquietud por parte de las comunidades afectadas, toda vez que no han observado ninguna acción de la empresa para controlar la situación, ni tampoco para resarcir los daños causados. Hasta el momento la única respuesta ofrecida por Mineros S.A. es que se encuentran monitoreando la situación, pero que les resulta imposible atender esta emergencia en el corto plazo, de acuerdo con lo informado por las comunidades.
Lo que acontece hoy en esta zona no es ninguna novedad para las comunidades que se ubican en el área de influencia del proyecto de explotación aurífera del río Nechí, que adelanta la empresa Mineros S.A. Testimonios recogidos durante el año 2017 con las comunidades de Sabalito, El Pital, Guachi, La Esperanza, Cargueros, Bijagual, La Ye, La Concha y Colorado, ubicadas entre los municipios de El Bagre y Nechí; varias personas manifestaron profundos malestares por los daños y las afectaciones que la actividad extractiva de Mineros S.A. les ha causado, por la destrucción de ecosistemas fundamentales para la subsistencia de las personas asentadas en esos territorios, en la medida que ellos prestaban importantes beneficios ambientales, que se han perdido por obra de la operación de las dragas que la empresa ha situado en el cauce del río Nechí, así como por la destrucción de la fauna y la flora para beneficio de la actividad económica de Mineros S.A.
La imposibilidad de desarrollar actividades agrícolas y de pesca, ha colocado a los habitantes en situaciones de extrema precariedad socioeconómica. Dichos daños no han sido compensados, y las acciones de responsabilidad social empresarial son valoradas en términos negativos, pues las mismas no dimensionan ni compensan los daños y afectaciones a las comunidades asentadas desde mediados del siglo XX en el territorio. No se observa un proceso de debida diligencia por parte de la empresa para prevenir estos daños, ni tampoco para resarcir los mismos; tampoco se observa una actividad efectiva de fiscalización por parte de las autoridades ambientales y mineras, sucediéndose estas afectaciones por la falta de control y vigilancia estatal, acciones de monitoreo que deberían desarrollarse con la participación efectiva de las comunidades situadas en el área de influencia del proyecto de explotación aurífera que desarrolla Mineros S.A. en la cuenca del río Nechí
Así las cosas, les solicitamos que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones de indagación necesarias para determinar la responsabilidad de la empresa Mineros S.A. en la ocurrencia de este posible ecocidio, se tomen las medidas necesarias para la mitigación y prevención de nuevos daños y afectaciones, y se remedien las afectaciones que las comunidades de esta zona están padeciendo.
Asimismo para que se suspenda de manera preventiva la Licencia Ambiental con la que cuenta actualmente la empresa Mineros S.A., mientras se desarrolla el proceso de indagación. Esto acompañado de un proceso de evaluación de los impactos socioambientales que se han generado en contra de las comunidades y los territorios, así como de determinación de nuevos riesgos y amenazas con la actual operación que esta empresa realiza en el cauce del río Nechí.
Finalmente, esperamos que sean recogidos los testimonios de las comunidades asentadas en los territorios de Sabalito, Guachí, Bocas del Guamo, El Pital, La Esperanza, San Pedro, La Concha, La Ye, Cargueros, Bijagual y las demás que se han encontrado en la zona de influencia del proyecto de explotación aurífera en el río Nechí de la empresa Mineros S.A., quienes han padecido los impactos adversos de dicho proyecto.
Las organizaciones y personas firmantes seguiremos en el proceso de seguimiento y acompañamiento a las comunidades, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades de La Esperanza, El Pital y San Pedro, y las demás afectadas históricamente, y exigimos que los derechos conculcados a estas comunidades sean restablecidos plenamente.
Cordialmente,
Organizaciones:
Instituto Popular de Capacitación –IPC–
Mesa social minero-energética y ambiental por la paz[1]
Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos
Corporación PODION- Área de territorio y conflictos socioambientales
Colombia Punto Medio
Grupo de estudios de economía digna- Universidad Nacional de Colombia
Santa María Fundación
Corporación para el desarrollo regional
Fundación Guagua
Fundecima
Rostros y Huellas
Taller Abierto
Unión de ciudadanas de Colombia- Seccional Calí
Funcop
Fundesuma
Comité Permanente para la defensa de los derechos humanos del Valle del Cauca
Personas:
Tatiana Roa Avendaño- Censat agua viva
Luis Álvaro Pardo Becerra- Colombia Punto Medio
Rodrigo E. Negrete Montes- Sumando
Julio Fierro Morales- Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia
[1] Las organizaciones que conforman la Mesa son: Unión Sindical Obrera de la Industria del petróleo – USO-,Sindicato de los Trabajadores de la Energía de Colombia –Sintraelecol-; Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón –Sintracarbón-; Sindicato Nacional de la Industria Minero, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética –Sintramienérgetica-; Sindicato de Trabajadores de la Empresa Cerromatoso S.A. –Sintracerromatoso-; Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN –Sintraisagen-; Sindicato de Trabajadores de ISA –Sintraisa-; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Agroquímica, Gases, Ramas Afines y Derivados –Sintrainquigas-; FUNTRAMIEXCO, Sindicato Único de Trabajadores de los Materiales de Construcción -Sutimac-; IndustriALL Global Unión –Industriall-; USO Subdirectiva Meta, USO Subdirectiva Huila, USO Subdirectiva Barrancabermeja, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo –Asoquimbo-; Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira, Asociación por la Defensa del Río Ranchería, Fuerza de Mujeres Wayú, Censat Agua Viva, Mesa Hídrica del Meta, Proyecto Gramalote, Federación Agrominera del Sur de Bolívar –Fedeagromisbol-; Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA-; Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –AHERAMIGUA-; Cinturón Occidental Ambiental –COA-; Corporación Aury Sará Marrugo –CASM-; Corporación para el Desarrollo y la Investigación Social –Corpeis-; Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Constituyentes Minero Energética y Ambiental por la Paz, Coordinador Nacional Minero Energético – Cordiname-, Asamblea Regional Caribe 2 Asamblea Nacional por la Paz -2 ANPP-; Asamblea Regional Chocó 2 ANPP; Asamblea Regional Putumayo 2 ANPP, Asamblea Regional Magdalena Medio 2 ANPP, Asamblea Regional Arauca 2 ANPP, Asamblea Regional Norte de Santander 2 ANPP, Asamblea Regional Suroccidente 2 ANPP, Movimiento Político y Social del Centro Oriente, Asamblea Regional Centro de la 2 ANPP, Subdirectiva USO Orito, Putumayo, Subdirectiva USO, Meta, REDPRODEPAZ, Secretariado Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia; Comité Chucureño por la Defensa del Territorio y la Vida Digna, Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales de Barrancabermeja, Fundación Paz y Democracia, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEUU-; Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo –DESCA-; Comunidades del Crucero de Explotación de Gas Córdoba, Asociación Ambiental de Campesinos del Tolima, Comité Cívico Río la Ceiba, Comunidades Unidas de Colombia – COUNCO-; Clamor Social por la Paz, Frente Amplio por la Paz, Colectivo Soberanía y Naturaleza, Asociación Comité Ambiental Agrario y Comunitario de Pto. Gaitán –ACAAC-; Movimiento Social por la vida y la Defensa del Territorio, -MOVETE-; Colectivo Soberanía y Naturaleza, Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia –Sintraemsdes-; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH Boyacá-; Federación Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro Boyacá-; CORPOHUMADEA, Meta, Central Unitaria de Trabajadores – CUT-; Sindicato de Trabajadores de Chivor – Sintrachivor/Sintrae-; Sindicato de Trabajadores de la Energía – Sintrae-; Instituto Popular de Capacitación –IPC Medellín-; Federación de Mineros del Chocó –Fedemichocó-; Programa de Paz del Magdalena Medio –PDPMM-; Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH-; Movimiento Ríos Vivos, Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, Iglesia Presbiteriana, Red de Universidades por la Paz Capitulo Antioquia/Chocó, Pueblo Camtsa del Alto Putumayo, Corporación Minga, Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco –ASOACTASCO-; Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA-; Minga Bakata Urbana, Mesa Pro Defensa del Recurso Hídrico del Guaviare, Corporación para la defensa del agua, los territorios y los Ecosistemas de San Martín, Cesar – CORDATEC-; Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz –Sintrapaz-.
