Investigadores de la academia y el movimiento social coinciden en que las fronteras invisibles son una realidad geopolítica que impacta la naturaleza de la seguridad pública en la ciudad de Medellín. Ellos consideran, además, que dichas fronteras son uno de los símbolos de asentamientos armados que se han posicionado en los territorios o están en pugna para conseguirlo.
Partiendo de esa premisa, el equipo del Observatorio de DDHH y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) reunió el pasado 13 de diciembre a investigadores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, defensores de los derechos humanos y líderes sociales, para que participaran en el foro “Fronteras invisibles en Medellín: origen y naturaleza”.
Según Jairo Bedoya, investigador del Observatorio, “el foro tuvo como objetivo hacer una exploración sobre cómo se presentan los controles armados en los barrios y qué relación tiene esto con la prestación de seguridad pública en la ciudad”. Las reflexiones resultantes sirvieron como insumo para la investigación “Fronteras de coerción en Medellín”, que él coordinó.
Uno de los elementos de reflexión inicial fueron algunos de los resultados de la macro-investigación “Fronteras invisibles, poder, resistencia y territorio”, desarrollada por sociólogos y trabajadores sociales de la Universidad de Antioquia, y coordinada por el profesor Jaime Nieto. Dicho ejercicio se desarrolló en las comunas 8 (Villa Hermosa), 13(San Javier) y 16 (Belén)de Medellín.
Enfoques para abordar las fronteras
Bedoya indicó que durante el foro se socializaron tres posibles enfoques para entender las fronteras invisibles. El primero es el socio-territorial, “es decir que las fronteras hay que leerlas como un proceso de afectación territorial, debido a que hay una disputa por controles de territorios con diversos actores armados que hacen presencia en ellos o intentan tenerla”.
Respecto a este enfoque Fernanda Torres, investigadora del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, acotó que permite “analizar las configuraciones del territorio que se dan en relación con la existencia de fronteras invisibles”, partiendo de los sujetos y sus dinámicas, los escenarios de tensión y disputa, y los conflictos territoriales propiamente dichos.
El segundo enfoque, precisó Bedoya, es el de las resistencias. De aquel “lo que hay que destacar no es tanto la acción de la criminalidad sino la resistencia social frente a ella; y que el ojo no está tanto sobre el territorio sino sobre toda la creatividad y la dinámica asociativa de los sujetos en oposición a las fronteras”.
En relación con lo que implicaría este enfoque, Torres comentó que posibilita “identificar esas acciones de resistencia o contenciosas de las organizaciones, y la población en general, frente a la existencia de las fronteras”, pues en contextos de conflictos territoriales “también hay una disputa por el reconocimiento de los actores sociales y por su defensa del territorio”.
Y el tercer enfoque que para Bedoya emergió en la discusión fue el de las subjetividades. Sobre este dijo que sería el resultado de la interpretación subjetiva sobre el carácter positivo o negativo de las fronteras, “pues incluso el mismo cuerpo humano las tiene”; entonces “tal vez existe en ellas una virtualidad que las comunidades deben aprovechar”.
Para Marta Cardona, investigadora en residencia del Observatorio del IPC, tal subjetividad se evidencia en que quienes marcan y mueve los límites y fronteras “somos los que queremos vivir más allá de la violencia”. Y para Ricardo Toro, abogado defensor de DDHH, las fronteras existen o no a partir de su aceptación y reconocimiento; es decir que dependen de “cómo la gente responde”: construyéndolas o deconstruyéndolas.
Sin embargo, Jairo Bedoya aclaró que para la investigación que lideró no se basaron en uno de esos enfoques en particular, pero sí tomó algunos de sus elementos. Tal como explicó, la propuesta de su equipo consistió en hacer un acercamiento más empírico y con una visión de campo (conjunto), abarcando –relaciones entre– el territorio y la población en aquel.
Desde esa perspectiva, el equipo liderado por Bedoya analizó cuáles “capitales sociales, económicos y políticos” están en disputa: “En todos los territorios –además de sujetos– hay capitales; hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Pero capital no solamente económico, hay muchos tipos de capitales (control del espacio público, circulación de mercancías, etc.)”.
Fronteras y privatización de la seguridad pública
Jairo Bedoya sostuvo que, como consecuencia de las condiciones históricas del conflicto armado en Medellín, muchos ciudadanos conciben que para estar seguros alguien debe poner límites, fronteras, barreras que los encierren o aíslen de quienes les representan riesgos o amenazas. Y, según muchos de ellos, los combos han sido los que les han vendido “vigilancia”.
De ese modo, aseguró, se ha configurado un mercado de seguridad ofrecida por los combos: “En muchos barrios, las empresas de seguridad privada son las bandas que van a cobrar la vacuna”. Así se evidencia “la privatización de la seguridad pública en la ciudad, porque no se puede negar que hay barrios donde no hay atracos, por ejemplo, gracias a que tienen la vigilancia de unas bandas que están poniendo límites y control”.
Entonces, se preguntaba el investigador, ¿qué le aporta a la seguridad pública la existencia de un campo de lucha de capitales en el que hay disposiciones de resistencia y disposiciones de aceptación de eso que se está instaurando en los territorios?
Al respecto Andrés Arredondo, también investigador del equipo liderado por Bedoya, planteó que “en ese campo de seguridad hay unas transacciones de unos capitales que se vuelven poder público, y esa pretensión de poder público se vuelve política pública de seguridad, que en este caso es una seguridad pública privatizada, en buena medida, por actores muy visibles y que juegan un papel definitivo en el control en los territorios”.
Arredondo concluyó que en Medellín “las confrontaciones entre combos se dan por la disputa del capital en el espacio público y por la distribución de rentas ilícitas; el campo de la seguridad se configura como una prestación de seguridad pública privatizada, y las fronteras invisibles son el resultado, y no la causa, de las dinámicas de la criminalidad”.
Finalmente Juan Jaramillo, investigador del Observatorio del IPC, llamó la atención sobre la necesidad de que estos análisis sobre control territorial se realicen con una mirada menos focalizada en barrios y comunas y más en el modelo de ciudad, para comprender los efectos “de ciertas lógicas globales de acumulación de capital (mercado legal e ilegal de bienes y servicios)” que exacerban los conflictos territoriales en la ciudad.
***Recientemente, el investigador Jairo Bedoya publicó el artículo La coerción social extorsiva y el milagro de Medellín, la contra cara de un modelo en la revista Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies.
Estigmatización de las periferias, un asunto ético y político
Pablo Emilio Angarita, profesor de la Universidad de Antioquia, les recordó a los investigadores participantes en el foro “Fronteras invisibles en Medellín: origen y naturaleza” que deben tener responsabilidad ética y política, para que sus producciones no contribuyan a la estigmatización de los barrios periféricos y la criminalización de los sectores excluidos.
Por su parte, el investigador Andrés Arredondo comentó que “las tentativas de cosificación y estigmatización de los territorios” contribuyen, además, “a alimentar el imaginario de que las fronteras invisibles son propias de las periferias, lo que ha servido para ocultar o disfrazar otros fenómenos –legales e ilegales– en el campo de la seguridad urbana y rural”.