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La situación de Medellín, capital del departamento de Antioquia, agrupa el accionar político, económico y social de todos los actores, legales e ilegales. Todo transita por esta ciudad. Para razonar lo que pasa en alguna de las nueve subregiones del departamento hay que entender lo que acontece y se evidencia en la capital.

En los dos primeros meses del 2018 el departamento de Antioquia presentó un incremento del 33,6 % en las cifras de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y febrero se presentaron 457 homicidios, es decir, 115 homicidios más que en 2017. El incremento en siete de las nueve subregiones fue desastroso. El Bajo Cauca presentó un aumento del 184,6 % al pasar de 26 homicidios, entre enero y febrero de 2016, a 74 en el mismo mismo periodo del presente año. El Nordeste pasó de 12 a 40 homicidios, un alza del 233,3 %. El Valle de Aburrá de 136 a 147. El Magdalena Medio de 9 a 13. El Norte de 25 a 43. El Suroeste de 31 a 47. Y el Occidente de 22 a 25. Solo en dos subregiones hay disminución, Oriente con 19 homicidios y Urabá con 49. De los 457 casos reportados, 420 víctimas eran de sexo masculino y 37 femeninas[i].

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha informado que en los dos primeros meses de 2018 van 22 casos líderes asesinados en el país[ii], de estos 4 en Antioquia[iii]. Todo indica que existe una relación entre asesinatos a líderes y municipios con cultivos de coca y programa de sustitución. De otro lado, en su último informe sobre desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento, la Defensoría ha indicado que en el país se han presentado 16 eventos de desplazamiento masivo, que conciernen a 1.206 familias afectadas (3.703 personas). El 66% de esta crisis humanitaria se presentó en el Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba.

En el caso de Medellín, en los dos primeros meses de 2018 la ciudad presentó 96 víctimas de homicidios (57 de ellos solo en el mes de enero), lo que representa un aumento frente al mismo periodo del año anterior cuando se reportaron 94 muertes violentas. La cifra arrastra un aumento dado que en todo el 2017 se registraron 577 crímenes en Medellín, 33 casos más que en 2016[iv]. Adicionalmente, hay delitos que continúan en acenso, como la extorsión, el desplazamiento forzado intraurbano y la desaparición forzada. Y según el último informe de la Personería de Medellín[v], en el 2017 se vulneraron gravemente los derechos de las mujeres. El balance reporta 5.700 víctimas de violencia intrafamiliar, 1.900 de delitos sexuales y 61 homicidios durante ese año.

Las autoridades nacionales, regionales y locales arguyen que estos asesinatos y los incrementos obedecen a un reajuste de las estructuras criminales por los golpes propinados a éstas por parte de la fuerza pública; así mismo a las disputas por el microtráfico, plazas de vicio y las rentas criminales, y señalan como responsables al Clan del Golfo, al ELN, a disidencias de las FARC y a bandas criminales.

En este contexto, atravesado por año electoral, segundo año de implementación del Acuerdo de La Habana, y quinto ciclo de los diálogos en Quito (entre el Gobierno colombiano y el ELN), el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC presenta en este nuevo número tres artículos para ahondar en los análisis y potencializar la acción del movimiento social de derechos humanos.

Un primer texto aborda la necesidad de actualizar el movimiento de derechos humanos en territorios situados para la construcción participativa de una agenda en derechos humanos para su incorporación en las políticas públicas, con el objeto de que contribuya a la promoción de las organizaciones sociales de los municipios del Valle de Aburrá. Aquí hace indispensable, en primer lugar dar cuenta del contexto nacional, regional y local que determina los trayectos (preguntas), los proyectos (caminos) y las acciones (prácticas), con las cuales las organizaciones se vienen desafiando a participar y construir desde sus circunstancias, pero también desde las indeterminaciones de la historia como horizontes de posibilidad de otros límites. Bajo estos presupuestos presentamos este texto como provocación para la discusión y la acción, para finalmente, a partir de los análisis presentados, recomendar una agenda colectiva de acciones compartidas que, capaz de situarse en el presente y sus demandas, recupere el pasado historizado con ojos de criticidad para potenciar el futuro como un horizonte de dignidad y vida labrado en clave de posibilidad y diferencia.

Profundizando en la coerción extorsiva, el crimen organizado y las políticas públicas, para continuar la discusión frente al control de los territorios, el segundo artículo presenta los resultados de investigación en el artículo Las fronteras en Medellín: realidad y ficción de la seguridad pública que parte de la pregunta sobre “si el campo de fronteras forzadas define la estructura y el marco social en el que opera la coerción extorsiva, en el que se forma el mercado de desconfianza que acompaña el mercado de protección violenta y en el que se propician las acciones que lo retroalimentan”. Los autores se cuestionan por la larga duración y la manera como se ha instalado esta situación, además de las amenazas para la democracia y el pos acuerdo. Finiquitan contribuyendo “con direcciones para articular la investigación sobre monopolización de estos dominios territoriales, su origen y naturaleza, con la acción de grupos armados y la imposición de coerción extorsiva”.

Finalmente y acorde con el plan estratégico del IPC, y su apuesta por los ejercicios de esclarecimiento de la verdad que rompan la sistematicidad de la impunidad acaecida en más de medio siglo de conflicto armado, el tercer texto hace la pregunta: ¿se inscriben las acciones de memoria de las víctimas de La Escombrera en un lenguaje latinoamericano de memoria bajo el referente del espacio? A partir de ella el autor hace un ejercicio de definición e indagación por el lugar y no lugar de la memoria, para finalmente considerar que en efecto las acciones de los familiares de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera se inscribe en dicho lenguaje, no sin antes explicar la importancia de este proceso social y político de memoria en la disputa por la justicia, la reparación y el hallazgo de las personas dadas por desaparecidas.

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[i] Cifras tomadas de http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/se-disparan-los-homicidios-en-antioquia-XC8316246

[ii] Boletín no. 1 / enero—febrero 2018 dinámicas de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento. Defensoría del Pueblo

[iii] Cifras del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos.

[iv] Cifras suministradas por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín.

[v] Tomado de http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documentos/informes-ddhh/category/129-informes-ddhh-2017