Quienes tienen familiares víctimas de desaparición forzada dicen que lo más difícil es cerrar el capítulo de una historia inconclusa, a la que le faltan todas las partes: ¿Dónde está? ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Estará vivo o muerto?
En los cementerios municipales continúan pintadas las bóvedas con las letras N.N. con cuerpos de personas que aún no han sido identificadas y que, seguramente a cientos de kilómetros de allí, hay una familia llorando esa ausencia. En el cementerio municipal de San Carlos, Pastora Mira, víctima y lideresa de este municipio del Oriente antioqueño, se reúne con un grupo de mujeres para recordar a sus seres queridos porque la memoria dignifica.
“Hacemos memoria mientras llega la justicia”, dice Pastora en voz alta, luego lee un poema para los desaparecidos de San Carlos: “Busco en el tiempo tus pasos perdidos, golpeo, pregunto, nadie responde. Recuerdo tu imagen, te busco sin saber dónde”. Un par de ellas lloran escribiendo una carta a alguien que no la leerá pronto, o que quizá, nunca la leerá. Se abrazan porque en el amor está la fortaleza para seguir: “No pierda la esperanza. Vea que de cuatro, a mí ya me han encontrado dos. La esperanza es lo último que se pierde”, se dicen.
Este encuentro se da en el marco de la intervención de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) al cementerio de San Carlos. Serán 33 bóvedas para recuperar cuerpos no identificados que corresponderían a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, en una subregión donde se registran 3200 casos de desapariciones forzadas. Esta tercera intervención es el resultado de un proceso de documentación de casos realizado por la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Región y el Colectivo Tejiendo Memoria, con familias buscadoras y organizaciones sociales.
“De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la Unidad de Búsqueda, los cuerpos inhumados en estos sitios de interés forense corresponden a personas desaparecidas en hechos ocurridos entre los años 2000 y 2007 en los municipios de San Carlos, Granada y San Luis en el Oriente de Antioquia”, señala la UPBD.“De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la Unidad de Búsqueda, los cuerpos inhumados en estos sitios de interés forense corresponden a personas desaparecidas en hechos ocurridos entre los años 2000 y 2007 en los municipios de San Carlos, Granada y San Luis en el Oriente de Antioquia”, señala la UPBD.
Uno de los primeros informes sobre cementerios que recibió la Unidad fue realizado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Adriana Arboleda, abogada e investigadora de la Corporación, señala que este informe demostró cómo los cementerios del Oriente antioqueño estaban siendo utilizados para llevar víctimas de ejecuciones extrajudiciales y víctimas de desaparición forzada: “Los primeros informes que recibió la unidad fueron de la Corporación Jurídica Libertad”.
Según información de la entidad, en este cementerio hay un total de 89 necropsias que corresponden a Cuerpos No Identificados (CNI) en un universo inicial de casos entre 1972 y 2008: cuatro de ellos ya fueron recuperados por la UBPD y 33 están en bóveda y son los que serán recuperados en la intervención que se extenderá hasta el 18 de abril de este año.
Es por esto que, para Adriana, lo que hoy está haciendo la Unidad es el resultado del trabajo que las víctimas, las organizaciones de familiares, las organizaciones de derechos humanos hemos hecho por años, “sin eso, es muy difícil que la Unidad pueda trabajar. Es a partir de esos insumos y de toda la información que los familiares, que las organizaciones han presentado, que se garantiza que podamos avanzar en eso, en la recuperación de los cuerpos, con un sentido de memoria y de dignificación”.
San Carlos: entre la violencia del pasado y la persistencia de la búsqueda
Pastora recuerda que la primera persona que desaparecieron en el municipio de San Carlos fue un hombre muy querido por el pueblo y que trabajaba como celador. Era 1959 y fue desaparecido en el recorrido que hacía entre su casa y la vereda a la que iba a trabajar. Cuando supieron que nunca llegó, todo el pueblo “se puso las botas” y salieron a caminar la misma ruta que él hacía. Sin embargo, 67 años después, no se tiene información de su paradero.
“Acá llegó el torbellino de la desaparición forzada”, dice Pastora, un torbellino que llega con una fuerza arrasadora a llevarse lo que hay en su camino. La pisada del monstruo de la guerra estaba dejando su rastro en San Carlos y ante esto la misma comunidad comenzó actuar. Uno de los hechos que más recuerda Pastora es que todos ayudaban a recoger los muertos, a vestirlos, a velarlos, a crear los ataúdes para darles una sepultura digna y que no fueran a parar en fosas comunes; sin embargo, esas acciones de resistencia que dignifican la muerte, les costó el señalamiento por parte de los grupos armados, la estigmatización y la desintegración de la organización social.
Durante estos años, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) estuvo en el territorio acompañando a quienes debían desplazarse, pero también a quienes se quedaron, resistieron e hicieron frente al monstruo de la guerra. Para Adriana Arboleda, la arremetida paramilitar en el Oriente antioqueño causó la mayoría de los desplazamientos y desapariciones, señala que son más de cuatro mil víctimas de desaparición forzada en esta subregión, siendo 2003 y 2009 el periodo más violento.
“Nosotros empezamos a ver cómo el territorio se fue vaciando y hubo un momento en que los únicos que estábamos acá era la Corporación Jurídica Libertad. Recuerdo que creamos una estrategia que se llamaba Vamos al pueblo en la que acompañábamos a los campesinos a mercar, porque si bien la mayoría de la gente se fue, acá quedaron campesinos resistiendo y esos campesinos que vivían en veredas no podían salir a mercar porque eran amenazados por el paramilitarismo”, comenta Adriana.
Ese acompañamiento les abrió las puertas para construir comunidad, generar confianza y comenzar a hablar de lo que pasó y estaba pasando. Iniciaron la documentación de los casos de desaparición forzada, en medio de un ambiente hostil y de silencio, pues la guerra ya estaba generando efectos en la sociedad que tenía miedo de hablar, de reconocer lo que estaba pasando.
Dice Adriana que lo importante era aprender a preguntar: “Las mujeres me contaban que tenían un esposo muerto y cuando yo les preguntaba dónde estaba enterrado me daba cuenta que era que estaba desaparecido, ahí me di cuenta que tenía que ahondar en otras preguntas”. En un informe que publicaron en 2008, documentaron 55 casos de ejecuciones extrajudiciales en San Carlos, San Luis, Granada y San Rafael y “veíamos que muchas de las ejecuciones extrajudiciales también eran desapariciones forzadas, también se las llevaban y no sabíamos qué había pasado con ellas”.
18 años han pasado desde este informe y, si bien el contexto de guerra es diferente, aún continúa la presencia paramilitar en el Oriente antioqueño y se siguen reportando homicidios, masacres y desapariciones.
Según informes del Observatorio en Derechos Humanos y Paz del IPC, hay una predominancia de diferentes frentes del autodenominado EGC, con unas dinámicas de conflictividad relacionadas a la cooptación de rentas criminales alrededor del microtráfico y la minería aluvial en estos territorios.
“Si bien en San Carlos hay un descenso en ocurrencias de hechos como homicidios, como masacres, sí preocupa mucho lo que viene ocurriendo en municipios que rodean a San Carlos, San Francisco, San Luis, municipios del Oriente cercano donde hay una muy fuerte confrontación entre organizaciones criminales y que tendría que hacernos pensar sobre la irradiación de este tipo de violencias en estos territorios”, señalan investigadores del Observatorio.
Las cifras reportadas por entidades como la Policía y la Fiscalía muestran una variación en la tasa de homicidios en este el municipio de San Carlos, con picos altos durante los años 2020 (48), 2021 (60) y 2023 (48), y que decae en 2025 (12).
Y aunque los datos no son escandalosos estadísticamente, no pueden leerse fuera del contexto conflictivo del departamento y el país. Una de las principales conclusiones de los investigadores es que existe un escenario de normalización de la violencia, que hace que se instaure un relato del “no pasa nada” que finalmente resalta una invisibilización del conflicto y de la memoria de las víctimas, no solo en San Carlos sino en todo el Oriente antioqueño.
“Como sociedad debemos preguntarnos a quién beneficia el silenciamiento y este relato de normalidad frente a un control territorial evidente, cuál es el trasfondo político de negar la mutación de la violencia cuando es claro que los objetivos del conflicto persisten bajo formas más sofisticadas y cómo afecta esta atmósfera de control a la germinación de medidas de justicia transicional, verdad y garantías de no repetición en San Carlos”, puntualizan los investigadores.
