Luego de los graves daños causados por el proyecto Hidroituango al río Cauca y a las comunidades ribereñas, el Tribunal Superior de Medellín declaró en 2019 a este afluente como sujeto de derechos, ordenando su protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM y del Estado colombiano, y también reconoció a las Generaciones Futuras como Sujetos de Derecho de Especial Protección.
Esta sentencia ordenó la representación legal de los derechos del río al Gobierno Nacional; a las comunidades, representadas a través de la Comisión de Guardianes del río Cauca conformada por 13 organizaciones de la cuenca baja; a un equipo asesor integrado por el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca – AUNAP y Corantioquia; y a una representación de la sociedad civil de la que hacen parte el Instituto Popular de Capacitación – IPC, el Centro de Empresa y Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
Para Pablo Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, este reconocimiento ha permitido visibilizar al río como un ente dinámico, “que atraviesa nueve departamentos y 228 municipios, y en el que confluyen procesos comunitarios, indígenas, afrodescendientes y campesinos desde el resguardo de Paletará hasta la región de la Mojana”. Sin embargo, Barrios señala que el río “sigue viviendo presiones extractivistas como las hidroeléctricas, los cerca de 2.000 títulos mineros y el incremento de la minería a lo largo de la cuenca”
A pesar del reconocimiento legal, las comunidades y el cuerpo colegiado de Guardianes del Río Cauca, conformado por habitantes de la cuenca baja del río, aún luchan contra la minería, la contaminación y las secuelas del conflicto armado.
Emilse Guerrero, pescadora y guardiana del río, explica que este afluente no es un objeto de apropiación, sino su «empresa más grande», su sustento y su historia.
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Para quienes integran la Comisión de Guardianes del río Cauca, esta representación ha pasado de ser una labor comunitaria silenciosa a una responsabilidad legal y política, en donde el río «se expresa a través de nosotros porque, aunque es un cuerpo vivo, no puede defenderse solo en los tribunales”.
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El Plan de Acción: una hoja de ruta a 25 años
El avance más tangible en este séptimo aniversario ha sido la validación formal del Plan de Acción, ocurrida el pasado 27 de marzo de 2026. Este documento, construido de manera participativa a través de 21 mesas de diálogo en toda la cuenca, establece un horizonte de hasta 25 años para la recuperación del río.
Según Edith Molina, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el plan se estructura en siete programas territoriales (desde el Alto Cauca hasta La Mojana) y cuatro líneas estratégicas que buscan transformar la realidad socioambiental del territorio: ecosistemas saludables, identidad fortalecida, pesca digna y territorios adaptativos.
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A pesar del optimismo por el nuevo Plan de Acción, persisten obstáculos críticos. Uno de los mayores retos es la coordinación institucional. Molina admite que muchas entidades nacionales y territoriales no concurren a las convocatorias o acuden buscando defensas jurídicas para evitar su vinculación al fallo, en lugar de aportar soluciones.
La relación con empresas sentenciadas, como EPM, también sigue marcada por la desconfianza social. Frente a esto, se ha propuesto una «ruta de confianza» concertada con la Comisión de Guardianes para definir inversiones y gestiones específicas de la empresa en el marco del plan. Además, existe la necesidad de reconfigurar legalmente la Comisión de Guardianes para incluir a actores de la cuenca alta y media que, aunque ya realizan labores de conservación, aún no tienen reconocimiento judicial.
El éxito de este Plan de Acción y de la sentencia misma no se medirá únicamente en la firma de decretos o la creación de documentos CONPES, sino en la capacidad de asegurar que pescadoras como Emilse Guerrero puedan seguir viviendo de ciénagas sanas, libres de la amenaza de los químicos y la degradación minera.
La sentencia es hoy, más que nunca, una herramienta de lucha para que el cañón del río Cauca vuelva a ser el proveedor de vida y cultura que las comunidades ribereñas se resisten a perder
