Después de un año y medio de encuentros, reuniones y espacios de diálogo que han permitido vincular a diferentes actores sociales y territoriales en la construcción de paz urbana, este 19 de diciembre desde la Cárcel De Máxima Seguridad De Itagüí, 17 delegados de las estructuras armadas urbanas y del Gobierno Nacional firmaron un documento en donde expusieron cinco compromisos para la superación de las violencias contra la sociedad civil, entre los que se destaca el cese a las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero de 2024.
La apuesta por territorializar la paz urbana a todo el Valle de Aburrá y no solo en Medellín, responde a unos esfuerzos globales por la defensa de la vida. Para la senadora y delegada del gobierno, Isabel Zuleta, lo ocurrido este 19 de diciembre es un hito en los esfuerzos de paz desde todos los espacios y con todos los actores.
“Este compromiso adquiere especial importancia en el esfuerzo de paz, para que no se vea esa diferencia entre los distintos municipios del Valle de Aburrá. Las cifras son muy diferenciadas y por eso se necesita esa articulación con los alcaldes y con la institucionalidad, la cual fue invitada para que conozcan estos esfuerzos de paz. A pesar de que el día de hoy no hayan aceptado, siempre va a haber un espacio para que estén, para que a través del diálogo y la conversación podamos reducir las violencias y defender la vida”, manifestó Zuleta.
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Según cifras recopiladas por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación – IPC, se evidencia una disminución significativa en las tasas de homicidios del departamento, especialmente en Medellín, en donde la ciudad pasó en 2018 de tener una tasa de 26,1 a 10,1 en 2024, según los reportes de Medicina Legal y la proyección población del DANE.
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Una diferencia de 16 puntos que se reporta como histórica en una ciudad que en 1991 fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo, tal y como lo reseñaron medios nacionales e internacionales.
En el comunicado leído por Sebastián Murillo, alias Lindolfo, las estructuras armadas resaltaron los tres puntos iniciales en este “proceso de construcción de confianza” como lo son el cese de enfrentamientos y muertes entre bandas, la campaña contra la distribución, comercialización y consumo de drogas como el fentanilo y la heroína, y la eliminación de las fronteras invisibles en Medellín.
«Luego de más de 40 años de confrontación armada por el control territorial, estos tres objetivos dichos de esta manera se ven sencillos, pero no lo son. Nada en una guerra como la que se libró en estos barrios de Medellín se podría catalogar como sencilla. Las violencias que azotaron al Valle de Aburrá han dejado miles de muertos, desaparecidos y heridas profundas que aún están abiertas”.
Este esfuerzo entre las partes quedó plasmado y ratificado en el documento firmado en la Cárcel de Itagüí, en el que además de comprometerse al cese de la extorsión, se menciona el compromiso y rechazo de las estructuras con respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, principalmente en las comunas 10, 11, 13 y 14, y ponen al servicio del ICBF “información pertinente resultado del conocimiento del territorio para lograr la disminución y posible erradicación de la problemática de explotación sexual y uso de niños, niñas y adolescentes”.
Así mismo, las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) manifestaron su voluntad para coadyuvar en la lucha contra la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína; y la identificación de Instituciones Educativas de primaria y secundaria en las que aún existe la comercialización de sustancias psicoactivas.
Para Otty Patiño, consejero comisionado de paz, estos esfuerzos de pacificación que se están gestando en Medellín y que hoy se esperan reproducir en los diez municipios del Valle de Aburrá, son la prueba fehaciente de que lo empieza con seriedad y compromiso, por más pequeño que sea, representa una luz de esperanza que podría cobijar a todo el territorio nacional y quizá, latinoamericano.
“La discusión que ustedes tuvieron, la sentí con sinceridad y compromiso, no solo de echar carreta que no se pueda cumplir. Todo lo que aquí figura es de una profundidad y seriedad enorme sobre la cual se construye paz. Los acuerdos nacionales y los tratados internacionales son importantes pero la paz nace en el territorio porque es donde está la gente, la que sufre y vive las situaciones de violencia pero es la que vigila cuando hay compromisos para que estos se cumplan”, enfatizó Patiño.
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Y para la veeduría y el seguimiento de estos cinco puntos, especialmente el impacto del cese de la extorsión, el espacio sociojurídico creó el Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz (ESOAP) con el objetivo de realizar seguimiento a los reportes de diferentes fuentes de información como la Fiscalía General, Policía Nacional, Medicina Legal, entre otros; así como la presentación trimestral de informes de seguimientos y un informe final sobre el piloto de cese de extorsiones.
Max Yuri Gil, integrante del ESOAP en representación de la Universidad de Antioquia, celebra la importancia de poner en la agenda y visibilizar el tema de la extorsión que por tantos años ha generado graves impactos en la vida cotidiana de los barrios. Sin embargo, señala que representa un gran reto hacer seguimiento y control a una actividad que los mismos grupos denominan “colaboración para la seguridad”.
“Es fundamental que se comience a abordar que no es una colaboración voluntaria como se ha tratado de presentar, aunque haya personas que no requieren coacción para hacerlo, pero que además es uno de los temas que más alivio generarían sobre la vida cotidiana. No me parece fácil monitorear porque es un territorio que sigue siendo amplio y esto requiere mecanismos que permitan, no solamente que las personas denuncien, sino que haya contratación de la información y de las posibles infracciones a lo acordado”, comenta Gil.
Este equipo estará integrado por la Universidad de Antioquia, la Pastoral Social – Arquidiócesis de Medellín de la Iglesia Católica, la Fundación Paz y Reconciliación PARES, la Fundación Ideas para la Paz, y la Corporación Nuevo Arcoíris desde su Observatorio de Conflicto.
