Por: Yolanda Bedoya - Sistema Informativo de Canal 1
La Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación un presunto plan criminal para atentar contra la vida de tres de sus líderes: Gerardo Vega de Forjando Futuros, Carlos Yamil Páez de Tierra y Paz y una líder del IPC que mantiene su nombre en reserva para no alarmar a su familia.
Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, sostuvo que “los compañeros de Urabá que han venido tienen la información de un administrador de fincas en la región que conoce que estos cuatro señores en una reunión con otros empresarios frente a la finca El Trébol, kilómetro 40 de Turbo, dijeron que hay que eliminar, que hay que sacar del paso a tres personas para parar la restitución de tierras”.
Según la información recopilada por las organizaciones sociales, el plan criminal para atentar contra la vida de los tres líderes de tierras estaría siendo fraguado por empresarios de los sectores ganadero, palmicultor y bananero.
Carlos Yamil Páez, fiscal de Tierra y Paz, indicó que “los empresarios que hoy en día tienen el dominio del territorio: Jaime Uribe, Adriano Pino, Fabio Moreno y Arley Muñoz tienen el dominio del territorio de La Larga y Tumaradó, son 107.000 hectáreas y ellos tienen casi el 80 %”.
Las organizaciones piden medidas de protección.
Diego Herrera, presidente del IPC, pidió que “la Fiscalía avance en las investigaciones, que ponga a comparecer a las personas comprometidas con el presunto plan criminal. Que también dé garantías en el caso de las medidas de protección, bien sean colectivas o los esquemas individuales que tiene la Unidad Nacional de Protección en unos casos, medidas colectivas y que efectivamente el Gobierno insista en el pacto nacional por la defensa y garantía de los líderes y defensores de Derechos Humanos”.
En los últimos dos años fueron asesinados 20 reclamantes de tierra en el Urabá y sobre 200 familias pesan amenazas de desplazamiento.