Son muchas las historias y lugares que hoy son recordados por haber sufrido los golpes de la guerra. Desapariciones, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y hostigamientos a la población civil, están en la memoria de las víctimas que hoy buscan la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Una de ellas, y la más recordada del Norte antioqueño, fue la masacre de El Aro, cometida por los paramilitares en connivencia con la fuerza pública, entre el 22 de octubre y el 31 de octubre de 1997. Esta incursión y arremetida paramilitar dejó como consecuencia el desplazamiento de más de dos mil personas, 16 asesinatos, el secuestro de 17 arrieros y el robo de todo el ganado de la zona; así quedó consignado en la Sentencia del Bloque Mineros de Justicia y Paz y en la Sentencia Masacres de Ituango vs Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco del Macrocaso 08 de la JEP, sobre los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado, el Instituto Popular de Capacitación – IPC acompaña la representación de las víctimas de El Aro, en un convenio con El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde el 2024, el IPC viene reuniendo líderes y lideresas sociales de El Aro con el objetivo de acreditarles como “Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) de la Comunidad del Corregimiento de El Aro – Ituango”, para que los procesos de restablecimiento de derechos y de restauración del tejido social, sean colectivos y en beneficio de toda la comunidad.
Conversamos con Ana María Gallego, abogada del IPC y reconocida como representante del sujeto colectivo, sobre el proceso de acreditación y el impacto que tiene para la comunidad de El Aro el reconocimiento de esta figura dentro de la JEP.
Agencia de Prensa: ¿Qué reconoce este Auto de la JEP?
Ana María Gallego: Este auto permite que las víctimas puedan estar en las audiencias, presentar observaciones a lo que digan los comparecientes o los testigos, hacer demandas exigiendo verdad, pueden ser escuchado en audiencias y, finalmente, participar en el proceso de construcción de los proyectos restaurativos con el que se van a implementar las sanciones propias.
AP: ¿Esto qué significa para las víctimas del aro ?
AMG: Ellos están muy emocionados con la participación en la jurisdicción. Ha sido un proceso de acompañamiento difícil porque ya las víctimas están cansadas. Lo que sucedió en El Aro fue muy emblemático dentro del conflicto armado y eso hizo que fueran una población muy expuesta en términos de oferta institucional, pero ha sido una oferta que ha quedado mal aplicada, que no ha resuelto las necesidades básicas. Incluso dijeron una expresión muy dolorosa: «no entendemos si es que somos un carro viejo para que estemos de taller en taller».
Por eso ganarse la confianza de ellos fue muy difícil y explicarles la importancia de este proceso ha sido complejo, porque la JEP no tiene una proyección de reparaciones de orden económico individual, eso lo hace la Unidad de Víctimas, sino que la JEP piensa en proyectos restaurativos, y eso es precisamente lo que les termina llamando la atención y por lo que apuestan a este proceso, el hecho de conocer la verdad de saber qué pasó y por qué les pasó, quiénes dieron la orden de que pasara lo que pasó.
AP: ¿Qué significa que sean reconocidos como sujetos de reparación colectiva?
AMG: La JEP está pensando en proyectos de rehabilitación colectiva y nosotros desde el IPC apostamos a acreditar víctimas colectivas para restaurar tejidos comunitarios, para hacer procesos de memoria de lo que ocurrió, y la JEP está investigando patrones macrocriminales, no está investigando el caso a caso, está investigando la victimización de un territorio en concreto, de una comunidad en concreto. Entonces que esta comunidad se hubiera agrupado para presentarse ellos mismos como una víctima colectiva, les da muchísimo más fuerza al interior de la jurisdicción.
AP: ¿Cómo tomaron ellos la noticia y que esperan que pase?
AMG: Ellos dicen que su mayor anhelo es ver El Aro nuevamente abundante, con vida. En los espacios que tuvimos con ellos, nos decían, «es que nosotros teníamos comercio, podíamos ofrecerle a las personas que nos visitaban comida. Ahora, yo no tengo cómo recibir una visita, estamos en un territorio que la gente cree incluso que está abandonado».
Recuerdo mucho que el magistrado en la audiencia nos dijo que ni siquiera sabía que había gente que todavía vivía en El Aro. Entonces es un muy gratificante porque es gente que se quedó en el territorio, que volvió tras la masacre y que, en lo que han podido, han buscado reconstruir su corregimiento con las uñas y están luchando para que su corregimiento vuelva a tener esa fuerza económica, que vuelva a hacer el lugar alegre que tuvieron, que se les arrebató y que dejó siendo El Aro como un punto negro en la historia, abandonado, y ellos completamente olvidados.
AP: La masacre de El Aro ha sido uno de los hechos más dolorosos para la región en el marco del conflicto armado, ¿qué significa este reconocimiento a las víctimas como sujetos colectivos en el marco de esta construcción de paz?
AMG: Es la restauración de un tejido que se perdió y un proceso que está buscando devolverle el esplendor que la guerra le quitó.
Esta comunidad, como te dije, ha sido sobreexpuesta y ha sido muy manoseada por muchísimas entidades y organizaciones. Entonces lo que se busca es resignificar el territorio por medio de este proceso, crear un espacio ya no de remembranza de que fue una masacre, sino que se resistió, se estuvo, se luchó durante muchos años, se tuvo un proyecto restaurativo y El Aro está resurgiendo dentro de las cenizas.
AP: Existen otras víctimas de El Aro que no están dentro de este sujeto colectivo porque, debido al desplazamiento atomizado que se dio, se movieron a otros municipios como Valdivia y Tarazá, ¿cómo es el proceso con esas otras víctimas que no están en El Aro?
AMG: Al enterarse de que había un proceso al interior de la JEP, se han acercado a nosotros con el objetivo de un proceso de acreditación y se han ido organizando en grupos de víctimas. Por ejemplo, las personas que viven en Tarazá pero que salieron desplazados de El Aro conforman su colectivo y se presenta la solicitud de acreditación para ellos. De hecho, en este momento, también tenemos acreditada la víctima colectiva Víctimas de El Aro en Tarazá y ya tienen auto de la JEP.
Y lo mismo ocurre en Valdivia. Allí se está construyendo la solicitud de acreditación por parte de nosotros para presentarla, porque con ellos sucede algo particular: la gente piensa en la masacre únicamente en el corregimiento de El Aro, y sí, allá fue el epicentro, fue donde se dieron los hechos más cruentos, pero eso fue una incursión, y uno de esos grupos paramilitares que salió de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, hacia El Aro, pasó por varias veredas de Puerto Valdivia, en donde también se dieron homicidios selectivos.
Entonces, con ellos sucede todo lo contrario que con las víctimas de El Aro: mientras las víctimas de El Aro han estado sobre sobreexpuestas a la intervención mientras que las de Puerto Valdivia han sido completamente invisibilizadas, desconociendo que la incursión fue durante varios días y también hizo mucho daños.
AP: ¿Y qué han encontrado en este proceso con las víctimas de Valdivia?
AMG: En el marco de las incursiones paramilitares y del control de la casa Castaño que empezó a tener en esta zona del Norte de Antioquia, hay otra masacre que la gente no menciona y que de hecho nosotros la conocimos gracias a este proceso, y es la masacre de Juntas.
La masacre de Juntas se dio en marzo de 1996, unos meses antes de La Granja, justamente en la Vereda Juntas, de Puerto Valdivia, y no podemos olvidar que Valdivia fue un municipio muy azotado por la violencia y que sufrió también el exterminio de la UP.
AP: ¿Qué se espera que pase y siga en este proceso?
Tuve la oportunidad de hablar con uno de los voceros de El Aro sobre todo el impacto mediático que ha tenido esta noticia de la emisión del Auto, lo que me dijo fue: «qué bueno que en el país se enteren que hay gente viviendo en El Aro, que le duele El Aro”. Ellos esperan que se reconozca su proceso de resistencia durante todo este tiempo.
Estamos con la expectativa completa del proceso, ver qué va pasando en las audiencias, qué verdades vamos encontrando y qué obstáculos. Estos macrocasos de fuerza pública son muy complejos porque los aportes a la verdad son muy limitados y se están tocando un montón de intereses y poderes. Es un reto enorme porque aparte de apostar a la responsabilidad de la fuerza pública, se está buscando la responsabilidad de otros agentes del Estado: alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos, además de terceros involucrados.
Es determinar hasta dónde va a ser el aporte a la verdad y qué vamos a poder descubrir con respecto a esos intereses soterrados detrás de estas masacres. Ya sabemos qué pasó con los paramilitares, sabemos quién entró, quién disparó, quién hizo, quién deshizo, quién caminó por allá, pero ¿quién los mandó y por qué los mandó?
