El 26 de junio, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió un comunicado denunciando la escalada de violencia que ha afectado a comunidades rurales beneficiarias de la reforma agraria, señalando cuatro hechos concretos: ataque a una familia campesina en Puerto López, Meta; amenazas a campesinos en Córdoba que habitan predios recuperados por esta entidad; amenazas a integrantes del consejo comunitario Zabalet, en Tulúa; y la amenaza a un contratista de la ANT en el municipio de Campamento, Antioquia.
Agencia Nacional de Tierras rechaza la escalada de violencia que en los últimos días ha golpeado a comunidades rurales
Agencia Nacional de Tierras • 26 de junio de 2026
La entidad solicitó garantías para las comunidades rurales y reiteró su compromiso con la implementación de la reforma agraria.
Leer comunicado completo →Según el documento, estos hechos no son aislados, sino que responden a un patrón de violencia, intimidación y persecución configurado para frenar mediante la fuerza los avances en la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, llamado también Reforma Rural Integral, y que busca transformar el campo colombiano y cerrar brechas históricas de desigualdad entre zonas rurales y urbanas.
Una persecución histórica a quienes han apostado por una reforma agraria en el país
La disputa por la tierra ha sido un conflicto estructural arraigado en la historia del país, marcado por la exclusión del campesinado y la resistencia de las élites a transformar la tenencia de la tierra, que durante muchos años ha atravesado el conflicto armado y la violencia territorial.
Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro centró sus esfuerzos estos cuatro años en crear figuras de ordenamiento para la protección de la tierra, agilizar los procesos de restitución a las familias campesinas despojadas durante el conflicto armado y entregar predios recuperados por entidades del Estado a las familias campesinas, en el marco de la reforma agraria.
Los logros son grandes en materia de reconocimiento, restablecimiento y restitución de derechos alrededor de la tierra, entendimiento este como un eje transversal en la construcción de paz, así lo señala Santiago Valencia Castro, investigador en asuntos de reforma agraria y desarrollo rural, quien destaca el reconocimiento de territorialidades campesinas, las apuestas por fortalecer la institucionalidad y la gestión y recuperación de tierras.
Según su análisis, este ejercicio de «desengavetar ese discurso» ha permitido conectar la narrativa de la reforma con la implementación de los acuerdos de paz, aunque la reivindicación de la tierra sea una demanda histórica que trasciende lo pactado en 2016.
«Un logro fue volver a poner en el centro del debate nacional y de la política pública la necesidad de la Reforma Rural Integral, que en últimas es la reivindicación histórica de la Reforma Agraria. Esa narrativa sobre la necesidad de resolver el problema de la tierra aportó mucho en el escenario de la construcción de paz. Y eso está ligado al reconocimiento de las territorialidades campesinas a través de la creación de las Zonas De Reserva Campesina o los Territorios Campesinos Agropecuarios (TECAM)».
Estos TECAM, de los que habla Valencia, son una de las apuestas claves de este gobierno que busca que el Estado reconozca, proteja y formalice áreas organizadas por comunidades campesinas para garantizar la soberanía alimentaria, proteger el medio ambiente y ejecutar planes de vida digna. «Y desde 2024 hasta la fecha se han reconocido siete territorios campesinos finalizados y que dan cuenta de la dinámica y la apuesta frente a la territorialidad campesinado», puntualiza el investigador.
Y es que la Reforma Agraria impulsada bajo este gobierno ha sido la adquisición y gestión de tierras a partir de la recuperación de tierras que estaban siendo utilizadas para las economías ilegales, la compra directa a grandes terratenientes y poseedores y la formalización masiva de los predios para la priorización de infraestructura social y comunitaria.
Para Fredy Ordoñez, director ejecutivo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el gobierno de Gustavo Petro «tomó y cobijó» la Reforma Rural Integral acordada en el punto 1 del Acuerdo de Paz dentro de una apuesta más amplia de Reforma Agraria.
Según Ordoñez, la Reforma Rural Integral planteaba originalmente un fondo para la formalización de siete millones de hectáreas y la titulación de otros tres millones, y bajo el actual gobierno se logró gestionar más de 700.000 hectáreas para el acceso a tierras y la formalización de aproximadamente dos millones de hectáreas.
«Todo esto acompañado también de algo histórico y único en la política del país que fue la destinación del primer acto legislativo promovido por este Gobierno al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, pero también a las apuestas de soberanía alimentaria y agroecología en el campo colombiano».
A pesar de estos avances institucionales, la situación del campo colombiano continúa marcada por un contexto de exclusión que dificulta los cambios estructurales. Para el director de ILSA, históricamente se ha visto al campesinado como «un sujeto de inferior posición» al que se ha buscado despojar de sus derechos.
“La ausencia del campesinado también se ve en la invisibilización del sujeto a partir de la imposibilidad de identificarse como campesino en los censos poblacionales, pero también en la falta de políticas orientadas hacia el campesinado en los planes de desarrollo nacionales de los diferentes gobiernos que antecedieron al gobierno de Gustavo Petro. Todos estos planes, programas, proyectos, institucionalidad y demás iban orientados a la conversión del sujeto campesino hacia otro tipo de sujeto: un pequeño empresario que se conectaba o se encadenaba a grandes programas económicos en asocio con sectores empresariales”.
¿Qué pasará de cara al cambio de gobierno?
Como lo han señalado Ordoñez y Valencia, la tierra ha sido el eje central de los conflictos en el país por una distribución desigual y una visión centralista que ha marginado a las poblaciones rurales. Hoy vemos cómo esta segregación se materializa nuevamente en estigmatización, amenazas y violencia física y psicológica contra quienes apuestan por la territorialidad campesina y por quienes vuelven al campo a trabajar y vivir de la tierra.
«Hay una preocupación central y es que va a haber una institucionalidad que va a voltear a ver al campo y va a identificar en ellos [el campesinado] un enemigo al cual exterminar o ‘extirpar’, para usar las palabras del mismo presidente electo, y a partir de ese mensaje es que grupos poblacionales y sectores sociales han empezado a desatar una serie de ataques y amenazas hacia grupos campesinos que se han visto beneficiados por el actual gobierno», explica Ordoñez.
Además del ambiente hostil que comienza a desatarse y que comienzan a enfrentar quienes se han beneficiado de estas reformas rurales, de cara al futuro los retos para la consolidación de la Reforma Rural Integral o de un proyecto de Reforma Agraria son inmensos y se ven afectados por el panorama político nacional que se vive actualmente.
Ordoñez advierte que el proyecto político que asumirá el poder en agosto de 2026 podría optar por reducir o desaparecer entidades fundamentales como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), distribuyendo sus funciones en ministerios con poca capacidad o remitiéndolas a municipios de nivel seis que carecen de recursos financieros y técnicos.
Pero el riesgo no solo radica en la eliminación física de las entidades, sino también en el «ahogo financiero» y la simulación del cumplimiento de los mandatos legales. Valencia explica que la mayor amenaza es el retorno a una política que privilegia al gran empresariado del campo, desplazando nuevamente al campesino como sujeto central de la política agraria.
Para él, el reto de la sociedad civil será defender los logros alcanzados y evitar que se profundice el despojo vía discursos de productividad que ignoran la importancia de la propiedad campesina.
«Yo creo que el gran reto, pensando en movimientos sociales, es que entendamos los riesgos que representa el desmonte o la interrupción del sistema nacional de Reforma Agraria, y que se instaure nuevamente la violencia en los sectores rurales. Y que, además del campesinado, defendamos este enfoque de Reforma Agraria, no solamente en lo rural, sino en lo urbano», puntualiza Valencia.
En síntesis, el éxito de la reforma en los próximos años dependerá de la capacidad de la sociedad, tanto rural como urbana, para evitar retrocesos en la garantía de derechos. Ordoñez señala que la Colombia actual no es la misma de periodos anteriores de despojo, pues existe un campesinado con territorialidades más robustas y una ciudadanía que, tras procesos como el estallido social, reconoce de manera distinta al sujeto rural.
«Tenemos una apuesta por la plena garantía de los derechos y por la materialización efectiva de la Constitución Política del 91. Ya no somos una minoría y, en el país, somos un número considerable que fundamentalmente está centrado en esas zonas que hoy se pretenden desconocer», finaliza Ordoñez.
