Los de arriba y los de abajo. Los de sombrero y los de gorra. Los de poncho y los de camiseta blanca. Mientras unos gritaban “agua sí, mina no”, desde el otro extremo se escuchaba “no a las APPA, Antioquia se respeta”.
Así como los contraste que pintan al suroeste antioqueño entre sus frondosos cultivos de café y la tierra árida y gris de la minería, el Centro de integración ciudadana de Támesis, en donde se llevó a cabo el Diálogo sobre las Áreas de Protección para la Producción Alimentaria (APPA), reunió a decenas de habitantes del Suroeste antioqueño alrededor de un espacio que pretendía poner en diálogo a esta comunidad y a los diferentes mandatarios locales, regionales y nacionales, con relación a las inquietudes que se generaron a raíz de la Resolución 000337, “por la cual se identifican las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos de la región del Suroeste del departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”.
Sin embargo, lo que en un primer momento respondió a la dinámica de pedagogía, información y diálogo entre ambas partes sobre las APPA, con la llegada del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y las ministras de Agricultura Martha Carvajalino y de Ambiente, Susana Muhamad, los ánimos se caldearon y fue más que evidente el contraste y la ruptura del tejido social que hoy sufre el Suroeste antioqueño ante los diferentes intereses económicos y modelos de desarrollo que buscan imponerse en el territorio.
Al escenario subió el Gobernador de Antioquia y los abucheos del campesinado no se hicieron esperar.
Fue tanto el escándalo entre quienes rechazaron su presencia y los del fondo, quienes le apoyaban, que el audio del micrófono estallaba cada vez que decía frases como “Antioquia se respeta”, “estamos defendiendo la autonomía de las regiones” o “el Suroeste no será el laboratorio del socialismo”. Y a su respaldo, subieron más de 20 alcaldes y alcaldesas, de todo el departamento, gran parte de ellos pertenecientes a su mismo partido político o a coaliciones del partido Liberal y Conservador.
Esta alocución estuvo precedida por la intervención de los alcaldes de Támesis, Andes, Amagá y Sonsón, quienes agregaron que las APPA van contra el desarrollo económico, urbanístico y territorial de la subregión, que no hubo procesos de socialización con las autoridades locales y las comunidades y que, además, va a limitar el ejercicio de la minería legal que, históricamente, se ha desarrollado en municipios como Amagá y Titiribí.
Lo anterior ya era un escenario predecible. Para el diputado de Antioquia por el partido Verde, Juan David Muñoz, acá está en disputa el modelo de desarrollo que se quiere seguir imponiendo en el departamento: uno que apunta a ejercicios de extractivismo y especulación inmobiliaria y de la tierra; y otro que busca la defensa del territorio, la vida y la naturaleza.
“Allí se presentan varios debates, uno de ellos con un sector de la clase política de Antioquia, liderada por el gobernador, quien no ha puesto claramente los argumentos. Él alega que este tipo de medidas atentan contra la autonomía territorial, contra la posibilidad de ordenar el uso del suelo e incluso atenta contra la decisión de la vocación productiva y de los cultivos de la gente. Ha sido una persona muy cercana a los agentes de las multinacionales mineras, a las dinámicas de la especulación inmobiliaria, y en esa medida uno entiende su posición; lo lamentable es que desinforme permanentemente y que presione a las alcaldías y los consejos municipales”, explica Muñoz.
Y es que la desinformación alrededor de esta primera etapa, que identifica zonas de referencia para una posterior declaratoria de las APPA, ha puesto a pequeños mineros formalizados, industrias del turismo y el comercio, en contra de la zonificación de espacios que protegerían la biodiversidad ecosistémica y ampliarían la producción agropecuaria en una región que, según datos del DANE y la UPRA, aporta más del 90% de los alimentos que llegan a Medellín y, un porcentaje restante a otras ciudades como Bogotá; y apuesta por la disminución de la inseguridad alimentaria rural que, en el Suroeste, ronda en el 23%.
Para William Bermúdez, campesino del municipio de Jericó —un territorio que ha resistido y mostrado su lucha ante los intereses de explotación minera de la empresa Anglogold Ashanti, la cual ha dejado como resultado más de 50 campesinos querellados— esta iniciativa es una apuesta para blindar al territorio y la agricultura que es a una actividad ancestral en la región.
“La producción que más mueve la economía en este momento es el café, que es una bebida que se consume a nivel mundial; cultivamos un 70% del plátano que entra a plaza mayoritaria de Medellín, que surte la ciudad; detrás del plátano sigue también el aguacate que es una producción agrícola que genera mucho empleo; y ya hay muchos cultivos diversos de cítricos como las naranjas. Para nosotros esta declaración de proteger el territorio para la producción de alimentos es un respaldo a esa lucha de defensa del territorio”.
¿Ganó la desinformación?
Lo primero a lo que hicieron alusión las ministras Susana Muhad, de Ambiente; Martha Carvajalino, de Agricultura; y la viceministra de Minas y Energía, Johana Rocha; fue despolitizar el discurso y buscar el diálogo y convergencia de apuestas alrededor de la Resolución 000377 de 2024.
En dicha resolución, se resuelven cuatro puntos fundamentales para entender cuál es el objetivo de las zonas y las áreas de protección para la producción de alimentos: identificación, definiciones, consideraciones en la planificación territorial y la declaración de las APPA. “Tenemos la responsabilidad de materializar la democracia y el llamado es a estar a la altura del mandato, que seamos capaces de encontrar caminos comunes en el diálogo y el argumento”, mencionó Rocha.
Parte de esos reproches hechos por algunos alcaldes con respecto a la prohibición de la minería, fue debatida por la viceministra Rocha al explicar que los polígonos que están referenciados y las posibles áreas de protección no interrumpirán con aquellas actividades mineras legales que ya tienen licenciamiento en el territorio y que genera empleo a cientos de habitantes de la región, sino que busca que esta actividad no continúe su expansión por otros municipios, como Jericó y Támesis, poniendo en riesgo la permanencia de su gente y la protección de las fuentes hídricas: “reconocemos el carácter diverso de las comunidades y el territorio. Atrás quedaron las administraciones que daban títulos mineros a diestra y siniestra”, comentó Rocha.
Por otra parte, los argumentos sobre la poca o nula socialización de este borrador de resolución, que fue presentado en mayo de 2023, como mencionó la ministra Muhamad, fue debatido por la misma al mencionar que frente a este borrador se presentaron más de 400 comentarios de mandatarios locales y autoridades ambientales, quienes señalaron sus inquietudes con respecto a cómo esta resolución iba a afectar otras actividades productivas y la sobreposición de algunos de estos polígonos en áreas que ya tienen protección.
Además, señaló que como gobierno tienen la tarea de poner a dialogar este instrumento con los de Ordenamiento Territorial de cada municipio. “Nos reunimos con la Mesa del Paro de la Pintada, la Mesa unificada del distrito agroecológico y conflictos socioambientales de Jericó, participamos en la audiencia popular Un abrazo a la montaña, tuvimos varias reuniones intergremiales, trabajamos de la mano con Corantioquia, con el sistema geológico colombiano, con el Ministerio de Agricultura y con Parques Nacionales”, dijo Muhamad.
Lina Velásquez, líder ambiental del Suroeste, y William Bermudez, estuvieron en los espacios de socialización liderados por la UPRA, y fue allí en donde clarificaron las dudas y ratificaron su posición de respaldo a las APPA. “Yo invitaría a que las personas informaran más y que pudieran leer y profundizar en los temas, participar de las socializaciones porque además eso permite aclarar tanta duda y tanto ruido que se ha generado -señala Velásquez-. Hay que trascender este asunto político, comprender que esto ha sido de largo aliento y que no ha tenido tintes ni colores políticos. Eso para los líderes y para el campesinado es valioso”.
Al final, el Gobernador, su enorme séquito y las más de cien personas que desde las gradas lo apoyaban, se retiraron sin escuchar a la Ministra Martha Carvajalino, quien con un discurso lleno de dignidad y rodeada por representantes de las organizaciones sociales y campesinas ratificó la continuidad del proceso de la APPA para Suroeste y la disposición de defender jurídicamente este proceso ante los estados judiciales, pues la resolución cuenta con una demanda liderada por el Gobernador de Antioquia y radicada el lunes anterior ante los tribunales.
