Con un aforo total del teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, el Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz (EOSAP) presentó el informe que dio cuenta del primer plan piloto sobre el cese de extorsiones, realizado entre el 19 de diciembre de 2024 y el 19 de enero de 2025.
Este plan piloto de monitoreo correspondió específicamente al cese de extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello en el marco del compromiso firmado por las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, en las cuales priorizaron acciones alrededor del cese de enfrentamientos y muertes entre bandas; cese de la extorsión; rechazo a la a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; una campaña contra la distribución, comercialización y consumo de drogas como el fentanilo y la heroína; y la eliminación de las fronteras invisibles en Medellín.
El equipo, conformado por la Fundación Paz y Reconciliación – PARES, la Iglesia Católica – Pastoral Social, la Fundación Ideas para la Paz – FIP, la Corporación Nuevo Arcoíris, y la Universidad de Antioquia evidenció las dificultades y retos que debieron afrontar ante la limitación de información y la ejecución temporal del plan piloto. Asuntos que ya se tenían previstos desde la firma del acuerdo en diciembre de 2024.
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Para Alejandro Sierra, coordinador del equipo de seguimiento, la metodología estuvo guiada por entrevistas individuales y grupos focales en los que se priorizó la ubicación geográfica de los y las participantes y se omitieron datos personales y de confidencialidad que pusieran en riesgo la permanencia de las personas en el territorio al finalizar el pacto.
“Según el análisis de lo manifestado por las personas entrevistadas, el monitoreo indica que, en los barrios incluidos en el piloto, la orden de cobros extorsivo se hizo efectiva mayoritariamente, aunque de manera parcial, registrándose eventos de cobros que persistieron en el periodo determinado. Comerciantes y habitantes de ciertas zonas confirmaron que durante este periodo no se realizaron exigencias de pagos ilegales por parte de las estructuras armadas. Sin embargo, se identificaron situaciones donde algunos ciudadanos optaron por realizar contribuciones argumentando temor de perder la “prestación de servicios de seguridad” o frente a la solicitud de “cuotas navideñas”.
El equipo de observación hizo gran énfasis en las dificultades para llevar a cabo una metodología que permitiera analizar un universo mucho más amplio, pues solo se realizaron 30 entrevistas y tres grupos focales para todos los 25 barrios. Así mismo, la naturalización de la extorsión por parte de los y las ciudadanas y los subregistros existentes en la data oficial, representaron grandes retos a la hora de monitorear un piloto que solo tuvo duración de un mes.
“En Medellín, si bien se observó una reducción de la extorsión, persistieron algunas formas de control económico por parte de las estructuras armadas, como la venta exclusiva de productos, la vigilancia territorial y el cobro de cuotas navideñas. Según los testimonios, estos compromisos no tuvieron un cumplimiento homogéneo en todos los territorios”, señaló Sierra.
Sin embargo, y ante el reducido muestreo se presentaron cinco conclusiones macro que evidencian que este tipo de pactos representan un compromisos para desescalar los índices de violencia y conflictividad entre combos, un reto grande para la institucionalidad ante una práctica histórica en Medellín que refuerza el discurso de gobernabilidad y control criminal en los barrios y la naturalización de este tipo de rentas criminales dentro de la comunidad como un impuesto a la seguridad.
“Aquí estamos reunidas y reunidos el día de hoy para exigir el derecho a la paz. La apuesta es ambiciosa, difícil, retadora y la asumimos con todo compromiso, el compromiso de una paz urbana no sólo para Medellín y los 10 municipios del Valle de Aburrá, sino también para todo el país. Lo que está sucediendo hoy es que le demos un ejemplo al país: que las ciudades están listas para la paz con la prevalencia de las víctima”, dijo la senadora y coordinadora de la delegación del Gobierno Nacional, Isabel Zuleta.
Por otra parte, una de las principales recomendaciones de este piloto fue la ampliación temporal y territorial del ejercicio, el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y recolección de información, y el fortalecimiento institucional frente a las denuncias de extorsión.
Y entre vitoreos y aplausos, Jorge Vallejo, vocero de las estructuras armadas que negocian la paz urbana, dijo que este piloto de no extorsión tendrá una ampliación de tres meses más: “atendiendo a una solicitud de la delegación del gobierno y luego de diferentes consultas, nos da mucho gusto comunicar a la sociedad civil y a la delegación del gobierno que se ha decidido prolongar durante tres meses más este piloto de paz, para que la paz tenga una oportunidad irreversible”, añadió Vallejo.
Se espera entonces, que la ampliación de este piloto pueda contribuir a los propósitos y objetivos del proceso de negociación de paz urbana, los cuales apuntan a que Medellín y el Valle de Aburrá deje de ser el laboratorio de procesos de pacificación y pueda alcanzar y ser un ejemplo de desescalamiento de la violencia y transformación social hacia el derecho a la paz.
