“Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita”, dijo recientemente el presidente Gustavo Petro. Desde su posesión ha manifestado que su Gobierno tendrá una nueva política minera, dado que “la minería ilegal es uno de los grandes problemas, por su enorme capacidad destructiva del medio ambiente”. Mientras ello sucede, las noticias recientes señalan la destrucción de dragas y maquinarias utilizadas por los mineros en regiones como el Valle, Chocó y Antioquia.
Al paso de la destrucción de dragas es que habitantes del corregimiento Guarumo, en el municipio de Cáceres, a orillas del río Cauca en Antioquia, bloquearon el 21 de septiembre la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, luego de que los habitantes de la zona se refirieran a la destrucción de dos o cinco dragas. Sin embargo, el Ejército asegura que el último operativo en la zona sucedió hace dos semanas, en una operación conjunta entre Ejército y Policía.
La troncal hacia la Costa Caribe permanece cerrada y los manifestantes exigen la presencia de la Ministra de Minas, Irene Vélez, quien iba a participar de una audiencia pública el próximo sábado en Caucasia; del Ministro de Defensa y de la Gobernación de Antioquia.
La ministra de Minas esperaba participar de una audiencia pública organizada por la representante a la Cámara Luz María Múnera, en alianza con el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y más de 40 organizaciones de los diferentes municipios del Bajo Cauca, junto a otros delegados de otros ministerios que ya habían confirmado su presencia para escuchar de las comunidades sobre la crisis humanitaria que vive actualmente el Bajo Cauca por el incremento de asesinatos de jóvenes y mujeres en los últimos meses, el desplazamiento, así como la respuesta institucional a la crisis que se vive en esta subregión. Sin embargo, la audiencia tuvo que ser aplazada por la falta de garantías para la participación de comunidades de los municipios afectados, como Cáceres, Tarazá y Valdivia.
Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Cáceres, agradeció a los manifestantes el bloqueo de la vía, “gracias a esto nos están escuchando a nivel nacional.” Aseguró que desde 2020, los alcaldes del Bajo Cauca “hemos venido haciendo requerimientos para que dejen trabajar a los mineros, sin tener una respuesta positiva, la respuesta es atacarlos como si fueran mineros criminales. Los mineros no son criminales, han venido trabajando, sacando el sustento para su familia. No se puede decir que es una minería criminal.”
Sin embargo, la posición del presidente Petro es distinta. Hace pocos días señaló que protegerá al pequeño y mediano minero tradicional, y que se les debe otorgar concesiones mineras. Mientras que los “mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana, desmantelan su actividad depredadora y se institucionalizan con el gobierno nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente.” De acuerdo con sus palabras, la minería ilegal no tradicional no solo destruye el medio ambiente, sino que sirve para lavar activos del narcotráfico.
Según el Ejército, en el Bajo Cauca este año fueron incautados 87.976 galones de gasolina y 362.025 de ACPM, así como 107 unidades productoras mineras, 184 dragas, 47 retroexcavadoras y 596 motores.
Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), dice que los operativos de destrucción de maquinaria no son nuevos, y que entre los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque hubo “más de 10 mil equipos destruidos”, entre retro excavadoras, dragas, minidragas y motores. “Todo esto es producto del compromiso de los gobiernos nacionales de entregar a 2016 los territorios libres de minería ilegal y eso generó la criminalización de toda la actividad minera sin título minero ni licencia ambiental”, dice.
De acuerdo con Gómez, en 2014, luego del paro nacional, “el ministro de entonces, Mauricio Cárdenas, señaló a la minería en Colombia como minería criminal, desde ahí cargamos el lastre de que somos criminales”. Los datos de Conaminercol indican que en el país hay entre un millón y un millón y medio de mineros informales. De estos, solo 25 mil personas o pequeños mineros o empresarios mineros estarían dispuestos a dar el tránsito a la legalidad, indica Gómez. Muestra de ello sucedió en 2014: hubo 26 mil solicitudes de legalización de los mineros y el Gobierno solo legalizó el 2%.
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Daños al medio ambiente
Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba identificó que en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí había altas concentraciones de metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico y plomo. Tomaron 96 muestras de agua y recogieron peces aparentemente sanos en ambos ríos. Los alertó los altos niveles de mercurio y metilmercurio en hígado y músculo de los peces, cinco veces más de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Estos metales pesados se derivan de la minería, pero también de actividades agrícolas, industriales, del mal uso del suelo, de las aguas residuales domésticas de los municipios que no tienen cómo tratarlas y de la deforestación, por mencionar algunas de las fuentes”, dijo el profesor José Luis Marrugo en un artículo publicado por El Espectador.
A esto se suma otra investigación desarrollada por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC en el cual identifica que, por lo menos, 193 familias pescadoras del río Nechí hoy están seriamente afectadas por la minería extractiva –legal e ilegal–, pues están ante la pérdida de una práctica cultural y productiva, la afectación al territorio y el paisaje y la disminución de los ingresos de los pescadores, producto de la contaminación de la cuenca.
Dice Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, que la posibilidad de que se mitigue el daño ocasionado por la minería es que haya una formalización, “mientras [estos mineros] no tengan la posibilidad de tener las formas legales de trabajo no van a tener cómo mitigar el impacto que le generan al medio ambiente. El camino es que se abran escenarios de formalización”.
En el bloqueo a la vía en el Bajo Cauca, varios mineros y habitantes de la zona le dijeron a NP Noticias que la minería era la única alternativa económica que tenían, que llevaban varias semanas sin trabajar y que no hay quién responda por las dragas destruidas en los operativos realizados por la fuerza pública.
Conalminercol respalda a los mineros que bloquearon la vía a la Costa Caribe. Desde allí, advierten que llevan cerca de un mes intentando un acercamiento con el Presidente y la Ministra de Minas. Infructuoso hasta la fecha.
Mientras avanza la destrucción e incautación de dragas, motores y embarcaciones utilizadas para la minería ilegal, y mientras los mineros bloquean las vías como protesta ante esta medida, en el escenario es urgente una nueva política minera que resuelva no solo la informalidad de los mineros, sino que enfrente los daños ocasionados al medio ambiente.
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