A dos años de gobierno del acalde Federico Gutiérrez, quien ha enfocado su mandato en el tema de la seguridad, Medellín atraviesa una crisis de institucionalidad y gobernabilidad. Las cifras así lo refieren: en 2016 los homicidios se incrementaron en un 6,8% frente a 2015; los secuestros ascendieron a 24 casos; y los hurtos a personas subieron en un 49% y a entidades financieras en un 88,9%.
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Las cifras, tomadas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, muestran la realidad que viven los habitantes de la ciudad. Las bandas siguen imponiendo su control a sangre y fuego como ocurre actualmente en el corregimiento Altavista, donde la comunidad está en medio del fuego cruzado por las disputas entre bandas y combos: Los Chivos, Mano de Dios y Los Pájaros.
A esto se suma la reciente captura de quien fuera el Secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Villegas Restrepo por, presuntamente, entregar información confidencial para favorecer a integrantes de la estructura criminal La Oficina.
Lo que empieza a quedar en evidencia es que la tan publicitada estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez ha sido más mediática que real. De esa forma lo da a entender un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC.
El estudio del IPC, titulado: “Luces, cámara… ¡Acción! El espectáculo de la seguridad en Medellín: ¿Legitimidad o popularidad?”, plantea que “hay ineficacia en la ruta de acción definida por esta administración municipal, para resolver los problemas de delincuencia, criminalidad y conflicto armado presentes en la ciudad”.
Las cifras muestran que la situación no mejora
De acuerdo con el informe, uno de los ejemplos más contundentes y reveladores de que la política de seguridad va por mal camino está en lo que ocurre con el centro de la ciudad, Comuna 10 (Candelaria), donde Federico Gutiérrez ha priorizado intervenciones.
En 2016 el centro fue la comuna donde se registraron más homicidios, el 13% de los 533 asesinatos reportados ese año en Medellín, según datos del Sisc. En esa zona, el aumento de las muertes violentas fue del 5,5% con 95 casos, frente a 90 en 2015.
Para el 2017 la tendencia se mantiene. Hasta el 21 junio ocurrieron en el centro 32 homicidios de los 222 que se registraban a esa fecha en la ciudad. Así las cosas, La Candelaria acumula ya no el 13% sino el 14,4% de las muertes violentas de la capital antioqueña.
Lo que concluye el estudio es que así como en el centro, en otras zonas de la ciudad donde se priorizaron intervenciones en seguridad, “los esfuerzos se centraron en una serie de operativos policiales que no lograron revertir eficazmente el incremento de los casos de homicidios: en Castilla se pasó de 47 casos en 2015 a 57 en 2016; y en Robledo, de 43 en 2015 a 56 homicidios en 2016”.
En cuanto la violencia sexual, el análisis del IPC advierte que la situación de inseguridad para las mujeres y la población infantil es grave, pues si bien hubo una reducción al pasar de 1.667 denuncias en 2015 a 1.537 en 2016, según cifras de la Personería, el porcentaje de mujeres víctimas aumentó del 87,6% en 2015 al 88.6% en 2016, y el rango de edad de mayor vulneración se ubicó entre los 6 y 11 años.De otro lado, el estudio del IPC hace una alerta frente a la problemática de la desaparición y el secuestro. El último informe de la Personería revela que en 2016 se reportaron 413 personas como desaparecidas. De éstas, 168 aparecieron vivas, 16 muertas y 229 continuaban en esa condición para la fecha del informe. Por su parte el Sisc, “sin mayores análisis al respecto, señaló en su informe que durante el año 2016 se presentaron en la ciudad 24 denuncias por casos de secuestro”.
Desde la formulación del plan de desarrollo, el Observatorio de DD.HH. y Paz del IPC ha advertido falencias en la política de seguridad.
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Otro aspecto sobre el cual llama la atención el informe, es la persistencia del desplazamiento forzado intraurbano que, pese a haber tenido una reducción, afectó a 3.003 personas en Medellín durante 2016, según datos de la Personería Municipal.
Esta problemática, histórica en la ciudad, “pone de manifiesto el extenso control que las estructuras criminales ejercen sobre los diferentes territorios de la ciudad, tal como lo revela el mismo informe de la Personería, al señalar que, en buena medida, la ocurrencia de estos hechos de desplazamiento forzado intraurbano, están asociados con procesos de administración de justicia por parte de grupos armados, repoblamientos para expulsar a personas tratadas como “sospechosas”, intenciones de reclutamiento forzado y vinculación de menores, o el no pago de extorsiones, entre otros factores”.
La captura al encargado de la seguridad genera incertidumbres
En la investigación sobre los presuntos nexos del Secretario de Seguridad de Medellín con el crimen organizado, la Fiscalía concluyó que “el propósito de Gustavo Villegas era que su empresa Surtialimentos no pagara extorsiones a las bandas criminales y que estas agrupaciones se comprometieran a disminuir los índices de criminalidad, con lo cual podría lanzarse a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones regionales”, expuso el Fiscal del caso durante la audiencia.
Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), anotó que, de acuerdo con la imputación del ente acusador, los acercamientos de Villegas con La Oficina estaban siendo utilizados para disminuir los índices de inseguridad y controlar bandas y combos bajo sus dominios.
Según el analista, esta actuación “daría cuenta de la pervivencia de una estrategia de vieja data implementada por las alcaldías, consistente en establecer acuerdos entre la institucionalidad pública y el crimen organizado, los cuales terminan reduciendo ciertas formas de coerción y permiten proyectar una imagen de ciudad segura, a pesar de que siguen vigentes e indemnes los controles territoriales ejercidos por el empresariado de la protección violenta en Medellín y el Valle de Aburrá”.
Pero lo que reveló la defensa de Villegas en una de las audiencias, es que la Alcaldía estaría trabajando en un proyecto de ley que sería presentado al Congreso de la República para acoger y someter a organizaciones criminales.
Al respecto, Juan Esteban Jaramillo advirtió que: “1) Es paradójico que el señor Villegas se encontrará en tratativas con La Oficina, cuando en varias oportunidades afirmó que dicha estructura criminal no existía. 2) A pesar de que el alcalde ha sido crítico con el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC —porque supuestamente promueve la impunidad y premia a criminales—, se encontraban negociando con criminales activos que seguían teniendo controles territoriales e incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos. 3) Todo esto sucedió de espaldas a la ciudadanía, de forma brumosa y poco transparente. Más grave aún es que ocurrió con la excusa de que no habría impunidad para las estructuras criminales porque sus miembros terminarían en la cárcel, gestando así un proceso que no colocaba a las víctimas en el centro, desconociendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 4) Además se trataba de un proceso que se centraba solo en ciertos nodos y sectores de las redes criminales, lo que inevitablemente conducía a la pervivencia de formas de violencia y coerción en los territorios, así como a una gran operación de legalización de activos, al no involucrar a múltiples actores empresariales que han financiado y auspiciado el accionar de La Oficina, como lo ha denunciado el gobierno estadounidense”.
La ciudad necesita otro tipo de estrategias
Ante este contexto, propone el estudio, la ciudad NO requiere más políticas de securitización centradas en el uso de la fuerza, sino el desarrollo de una política de garantía de los derechos humanos.
Dicha política, debería implementar alternativas de inserción socio económica para la población vulnerable, en aras de asegurar el goce efectivo de sus derechos socio económicos y prevenir su reclutamiento en estructuras ilegales; igualmente, “programas de protección y formalización de trabajadores, de potencialización de apuestas de economía social y solidaria emprendidas por diferentes comunidades en los barrios de la ciudad, de emprendimiento e innovación social (no solo tecnológica), serían algunas de las posibles medidas que una política de garantía de los derechos humanos podría incentivar y albergar para revertir la creciente vinculación de personas en situación de vulnerabilidad socio económica a organizaciones delincuenciales y criminales”.
Juan Esteban Jaramillo agrega que “se trata es de generar escenarios formales y legales de mercado, que le resten la potencia que exhiben los mercados ilegales y criminales, dominados por el empresariado de protección violenta, el cual cuenta con una permanente oferta de vinculación a su estructura de la gran masa de población desempleada, que no encuentra otro tipo de opciones”.
Pero contrario ello, concluye el estudio, “la ruta de acción trazada por la administración municipal para el año 2016 ha naufragado; no obstante los niveles de popularidad alcanzados por el alcalde Federico Gutiérrez, la situación de derechos humanos y seguridad se ha deteriorado, obedeciendo su reputación más a una estrategia de mercadeo político y control mediático de la maleable opinión pública, que a reales ejecutorias que logren revertir de manera eficaz y permanente los problemas que aquejan a la ciudad”.
Descargar informe en PDF
El informe del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC deja una serie de preguntas frente a la política y las acciones de seguridad en Medellín:
– Después de la arremetida contra el director seccional de fiscalías, ¿en qué quedó el caso de “Pedro Pistolas”?
– ¿Cuál es la postura de la administración municipal con relación a la información entregada por el gobierno estadounidense en contra de José Bayron Piedrahita?
– ¿Cuáles han sido los resultados de los acuerdos entre la administración municipal y la Fiscalía para perseguir los delitos de lavado de activos? ¿Cuáles son los focos de acción en ese tipo de casos?
– ¿Sigue considerando la Alcaldía, en especial la Secretaría de Seguridad, que la Oficina de Envigado no existe, y que las Autodefensas Gaitanistas no tienen presencia en la ciudad? ¿Persisten las dudas sobre los pactos y acuerdos entre estas estructuras criminales?
– ¿Cómo ha sido la actuación del batallón de operaciones urbanas del Ejército Nacional en Medellín? ¿Cuáles fueron sus resultados?