Los mineros del oro en Bajo Cauca y Buriticá están sometidos por los grupos armados ilegales a sus reglas y gobernanza criminal. Mientras mantienen y aumentan sus ganancias del negocio de la minería ilegal, les es más fácil estar por fuera de la legislación del estado porque esta es dispendiosa y privilegia a la gran minería.
Para demostrar lo anterior, el investigador Daniel Bonilla Calle aseguró en la defensa de su tesis doctoral, “Gobernanza criminal del oro en Buriticá y el Bajo Cauca antioqueño”, que el mercado del oro en Colombia tiene cuatro características básicas: primero, tiene una alta demanda con alto precio internacional. A medida que el precio se dispara, coincide con las explosiones de violencia en esas regiones; segundo, más del 95% de quienes trabajan el oro lo hacen de manera informal; tercero, grandes empresas controlan los grandes yacimientos auríferos, como en Buriticá, Nechí, El Bagre y Zaragoza; cuarto, cerca del 80% del oro extraído no tiene claro su origen.
En el Bajo Cauca hay más de 38 mil mineros de subsistencia inscritos. Para el investigador la minería del oro tiene participación de pocos actores en los 512 títulos mineros existentes en el departamento, “no es muy lógico que un universo tan grande esté concentrado en tan pocas manos.” Antioquia tiene el 49% de la participación nacional del oro.
Minero de Buriticá: “No siempre sabes quién es el que está rondando, por eso es mejor ser juicioso con la plata de los pelaos, la vacuna. Eso al menos te asegura un poco que puedas trabajar y sacar algo de todo esto.”
Habitante de Cuturú (Caucasia): “Lo bueno de que esta gente esté por aquí es que uno sabe a qué atenerse y si tiene un problema ellos se lo resuelven rapidito. Eso sí, hay que andar con cuidado, no perdonan media, pero todo es más claro. No es como con la policía que no sirve para nada y, antes, cuando está es para peor. Y los del Ejército son como los mariachis, vienen, prenden la fiesta y se van.”
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La gobernanza de los armados
Las reglas que rigen en estas comunidades obedecen más a arreglos locales que al marco legal nacional, “fenómeno que incentiva el rol de actores no estatales, pues sus métodos y prácticas resultan más efectivos y útiles para la solución de problemas cotidianos”, dice Bonilla.
En el Bajo Cauca, asegura que Clan del Golfo, Caparros y ELN son los actores reguladores de la economía del oro. En la dimensión económica estos grupos controlan la actividad minera a través de la asignación de participación, la asignación de un monto fijo mensual, que puede ser en dinero, oro o materiales, y la presencia en el sitio de extracción. Si no se cumple, los mineros pueden ser víctimas de la confiscación de lo producido, el aumento en el porcentaje de participación, prohibición para ejercer la minería e, incluso, el destierro.
En la dimensión social, estos actores prohíben todo tipo de violencia y sirven de árbitros y conciliadores en la solución de conflictos. Sin embargo, si las personas incumplen con estas reglas, pueden ser asesinados, víctimas de castigo físico y social o sancionados con una suma de dinero.
En cuanto a la dimensión política, encontró que la función de estos grupos es el control de los presupuestos públicos municipales, en campos como la infraestructura, servicios de salud, educación. Allí identificó una cooptación. Entre los mecanismos de control están la selección de oferentes, exigir porcentajes de 10 al 15% sobre el total de los contratos en el municipio, extorsiones a contratistas y a ciertos cargos de altos salarios.
Si no se someten al grupo, son víctimas de confiscación de maquinaria y otros bienes, prohibición para ejercer actividades relacionadas con el proyecto, pagos extra e incluso la muerte.
Resulta paradójico que en este contexto en el que se consolidan los actores armados, coopten las instituciones del Estado, que tienen baja legitimidad en estas zonas. Para el investigador, se consolidó un hábito social en el cual las personas impactadas por estos grupos “gozan” de los beneficios que estos ofrecen a la par que son víctimas de sus vejámenes.
Entre las conclusiones de la investigación está que los grupos armados controlan el mercado informal e ilegal de la minería y que los mineros, por ejemplo, son dominados por estos actores; la regulación de la minería del oro no está monopolizada ni por el Estado ni por los ilegales; pese a la riqueza del oro, las condiciones sociales, políticas y económicas en el Bajo Cauca y Buriticá son muy bajas en comparación con la riqueza que se genera; y, además, que “la lucha del gobierno contra la minería ilegal e informal es infructuosa, costosa y desconoce las realidades locales. Es un copy and paste de la guerra de las drogas, centrada en los eslabones más débiles, y no se atacan los eslabones donde se mueve el dinero. Cuando el oro llega a Medellín, desaparece la minería ilegal.”
