*Fotografías Cortesía CCJM
El pasado 21 de febrero, las mujeres de Colombia celebraron tres años de la emisión de la sentencia C055 de 2022, que despenaliza el aborto a partir de la semana 24 de gestación. Un hito histórico del movimiento feminista que destaca el derecho a que las mujeres puedan practicarse una IVE de manera segura y legal.
La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) presentó el informe Activismo por justicia sexual y reproductiva para una vida libre de violencias, ¡abortar es tu derecho!, en el cual entregan un balance del acompañamiento realizado entre 2023 y 2024 a 46 mujeres de Medellín, del Valle de Aburrá y algunos departamentos del país. Señalan que lograron eliminar 98 barreras de acceso del universo de mujeres acompañadas.
“Dentro de las acciones psico jurídicas adelantadas, están en proceso: la defensa de una mujer joven rural criminalizada por abortar; cerca de 16 quejas disciplinarias contra prestadores públicos y privados por vulnerar el derecho al aborto y el derecho a defender derechos, de las profesionales que acompañaron los casos; y por último, un litigio estratégico en contra de la Alcaldía y el Hospital San Julián de Argelia Antioquia, que incluyó la interposición de una acción de tutela y una de cumplimiento, así como estrategias comunicacionales, de incidencia política, movilización social, etc.”, señala el informe.
Del universo de 46 mujeres atendidas, el 52% estaban en el segundo trimestre al momento de la atención, el 28% en el primer trimestre y el 15% tenían 25 semanas o más. Así mismo, la CCJM evidenció que quienes buscaron acompañamiento reportaron barreras previas en la búsqueda del acceso. La mayor población atendidas estaban entre los 18 y los 24 años, seguido del grupo de 25 a 30 años.
“La concentración de la atención en mujeres jóvenes sugiere la importancia de ajustar la oferta a las necesidades de esta población, considerando también alternativas para las menores de 18 años que, aunque tienen derecho de acceder al aborto libremente, enfrentan obstáculos ante la infantilización y la idea errónea de que por ser menores de edad no pueden decidir”, puntualiza el informe.
Conversamos con María Camila Ortega Mosquera, especialista en derecho médico y abogada de la CCMM en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, quien nos contó cómo fue este proceso psicojurídico, la articulación con la institucionalidad, los grandes logros que tuvo la sentencia y la necesidad de que la despenalización del aborto sea total para todas las mujeres que residen en nuestro país.
Agencia de Prensa: ¿Cómo ha sido el procesos de acompañamiento durante estos tres años de la despenalización del aborto?
Maria Camila Ortega: Para la Corporación Colectiva Justicia Mujer ha sido un compromiso con la autonomía reproductiva, pero además también un reto en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, en ese trabajo tan retante, de acompañamientos a personas con posibilidad de abortar, pudimos eliminar casi 100% de las barreras en el acceso al aborto. Esto no quiere decir que no presenten barreras, y precisamente a partir de esa claridad y de esa realidad en Medellín y Antioquia es que la CCJM realiza un acompañamiento psicojurídico de manera presencial en materias de acceso al derecho al aborto. Reconocemos con mucha emoción lo que se logró en 2022 con la sentencia C055, pero nuestro sueño la despenalización total del aborto.
AP: ¿Cuáles fueron esas principales barreras que ustedes evidenciaron?
MCO: Logramos evidenciar un total de 98 barreras en un proceso de acompañamiento realizado a 46 mujeres. Algunas de ellas, por ejemplo, presentaban hasta tres y siete barreras en un solo caso, pero principalmente relacionadas con la falla en la prestación del servicio: fallas en la atención, desconocimiento del marco legal, interpretación restrictiva, falta de disponibilidad de servicios, violencia obstétrica y criminalización por decidir.
AP: ¿Cómo llegaron ustedes a estas 46 mujeres?
MCO: Las mujeres se acercaban de diferentes formas. Hicimos diferentes estrategias de activación que implicaron el voz a voz, las redes sociales, teníamos una línea de atención que permitía también que las mujeres nos escribieran por ahí y otras llegaron por recomendación de compañeras en organizaciones sociales.Evidenciamos que estas mujeres llegaban con mucha falta de información, con mucho miedo de lo que implica acceder al aborto en este país con respecto la criminalización social y demás.
Y en ese panorama de 46 mujeres, atendimos población de Medellín y de otros municipios del Valle de Aburrá. Por ejemplo, en este informe damos cuenta de que el 48% de las mujeres residían en la ciudad de Medellín, el 32 % en el Valle de Aburrá, el 12% en otros municipios del departamento de Antioquia y un 8% en otros departamentos.
AP: ¿Cómo fue la atención para las mujeres que no residían en Medellín o el Valle de Aburrá?
MCO: Dependiendo del caso, pero en la mayoría fue muy importante el traslado de las mujeres a Medellín, porque una de las barreras precisamente es la falta de disponibilidad de servicios. Nosotras buscábamos los recursos, en caso de que la mujer no los tuviera, para trasladarla a Medellín y acá se activaba toda la ruta interna en el Hospital General, que es de la red pública. Una vez llegaban las mujeres, se hacía un acompañamiento in situ y presencial de parte de la dupla psicojurídica, una psicóloga y una abogada, que se encargaban del proceso.
AP: ¿Durante cuánto tiempo hacen ustedes ese acompañamiento?
MCO: Eso es súper importante porque nosotras tenemos casos en los que el acompañamiento puede durar desde meses hasta más de un año, desde el momento previo, durante y posterior al proceso de IVE. En el proceso previo, hay un acompañamiento psicológico por todo lo que implica el acceso a este derecho y lo que implica en la subjetividad de la mujer esta decisión; y desde el tema jurídico, en el momento de acceso al procedimiento y de la activación de la ruta. Encontramos casos en donde las mujeres no tenían afiliación a una EPS y había que activar la ruta con el CRUE para que se hiciera cargo del servicio prestado y diera la autorización.
Durante el proceso, era muy evidente la violencia obstétrica y allí hacíamos asesoría jurídica; a partir de eso, y posterior al procedimiento, evaluamos con la mujer si hay un deseo de continuar con acciones jurídicas y activamos diferentes formas de litigio: desde quejas en el campo disciplinario a los prestadores del servicio, quejas en el tribunal de ética médica hasta en el ámbito penal por criminalización por aborto.
AP: ¿Cómo ha sido la relación de la CJM con las entidades estatales?
MCO: Es una estrategia muy importante en el marco del actuar de la colectiva en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. De hecho, dentro de este informe destacamos buenas prácticas en la implementación por parte de la alcaldía del distrito de Medellín y también, en algunos casos, de la gobernación de Antioquia.
Por ejemplo, hubo articulación institucional con diferentes actores y destacamos principalmente la Mesa Distrital de IVE, liderada por la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Salud, la cual tiene un plan de trabajo para abordar casos específicos y de forma más general en los temas que hay que mejorar.
También destacamos la creación de la comisión de seguimiento, precisamente con la sentencia C055 de 2022 y la resolución 051 de 2023, que expide el Ministerio de Salud, y que está en cabeza de la Personería Distrital de Medellín. Allí logramos cosas como el monitoreo del cumplimiento de esta sentencia de Causa Justa y demás normativa vigente en materia de aborto, el análisis de casos que presentan barreras en en el acceso al aborto y también, a modo de aprendizaje, ver qué podemos mejorar en la prestación del servicio a través de lo que sucede en los casos que nosotras específicamente conocemos.
AP: ¿Sigue existiendo una brecha muy grande entre mujeres rurales y urbanas?
MCO: Sí, en definitiva hay una brecha bastante grande entre mujeres rurales y urbanas. El solo hecho de que no haya la prestación del servicio crea una brecha de accesibilidad bastante grande. Hay otros factores interseccionales en la ruralidad como el acceso a la información, la sanción social es mayor, las posibilidades de acceso a educación y demás.
AP: Existe un subregistro muy grande con respecto a las mujeres que mueren durante procesos IVE clandestinos. ¿Tienen estimación de datos de cuántas vidas se han podido salvar a partir de la emisión de la sentencia?
MCO: Yo creo que ese subregistro sigue siendo muy complejo en este tema, no es solo frente a la clandestinidad, sino frente a, por ejemplo, a la apuesta de generar gestión del conocimiento sobre estos temas. Los diagnósticos en materia de aborto son muy importantes para la toma de decisiones, las políticas públicas necesitan diagnósticos para poder actuar e intervenir de forma efectiva.
Precisamente frente a esa clandestinidad, lo que siempre resaltamos es la importancia de que sea una despenalización total del aborto. Con esto, las mujeres y las personas con posibilidad de abortar tendrán más seguridad en la prestación de este servicio, las entidades estatales tendrán la obligación de prestarlo, y creo que lo que refleja la clandestinidad es la necesidad de una despenalización total del aborto, la necesidad del reconocimiento de ese derecho y la garantización del mismo.
AP: ¿Qué sigue dentro del trabajo que ustedes vienen realizando y de lo que falta por hacer?
MCO: Seguimos trabajando por la justicia reproductiva, seguimos trabajando por la autonomía de la mujer. Para nosotras esa es una consigna muy importante y un faro que da lugar al desarrollo de nuestro trabajo. Continuaremos con el acompañamiento en materia del derecho al aborto, pero también en materia de vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos de una forma más amplia. Por eso en la Colectiva vamos a empezar con un nuevo proyecto que se llama Ecosistemas Garantes, para aumentarlas capacidades de atención y protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Antioquia, y el cual busca aumentar la protección de las defensoras de los derechos humanos y de las víctimas de vulneraciones a sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
