Inicio Derechos Humanos Once campesinos citados en Fiscalía por defender el territorio en Jericó

Once campesinos citados en Fiscalía por defender el territorio en Jericó

En medio de un conflicto socioambiental, estos hombres enfrentan cargos penales tras protestar contra la minería. Un caso que evidencia la tensión entre el desarrollo extractivo y la defensa del territorio campesino.

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El domingo 12 de abril, el obispo de Jericó, Noel Antonio Londoño, terminó su homilía del domingo de ramos haciendo un homenaje a los y las campesinas de su municipio que llevaban nueve días de plantón protestando por las actividades de la empresa AngloGold Ashanti: “Y si le dicen a los campesinos que no protesten, hasta las piedras gritarán”.

Un par de días después, las altas precipitaciones generaron tres derrumbes en los cerros que rodean al Suroeste antioqueño, decenas de inundaciones y taponamientos de vías. Las piedras están gritando y se están haciendo los de los oídos sordos. 

El clamor de la tierra se ha posado en las voces de los y las campesinas de las veredas Vallecitos, La Soledad, La Hermosa y Quebradona, del Corregimiento de Palocabildo. Una lucha atravesada de zozobra y angustia. Las botas, el poncho y el sombrero hoy son la insignia de quienes han dejado de labrar la tierra para exigir que en su territorio se respete la vocación agrícola y campesina que han heredado y esperan dejar a sus familias. 

Tres querellas han sido interpuestas a más de cuarenta campesinos, campesinas, líderes y lideresas sociales que han ejercido el derecho a la protesta social como un mecanismo pacífico para impedir que esta empresa sudafricana realice labores de exploración y explotación de cobre en su territorio. 

“Querellas”, una palabra que ni ellos mismos sabían que existía.

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Hace menos de quince días, once de esos campesinos fueron citados hoy, 23 de abril, al juzgado municipal de Jericó para dar trámite a una audiencia de “formulación de imputación” por las “conductas punibles de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales”.

Es decir, la Fiscalía les cita por, presuntamente, cometer cuatro delitos graves que ni ellos mismos sabían que habían cometido. 

Rodolfo Tobón recibió un mensaje por whatsapp en el que se le notificó sobre la citación. Sus mejillas quemadas por el sol son el reflejo de un hombre campesino que madruga todos los días a arar su tierra para llevar la mejor comida a su hogar, “sacar dos hijos profesionales y una pequeñita que ahí viene adelante”, dice. 

También dice que tiene susto, que nunca había vivido una situación similar y menos pensar que su nombre estaría en un documento de la Fiscalía. Para las abogadas Xiomara Mendoza (Instituto Popular de Capacitación-IPC) y Vanessa Vasco (Corporación Jurídica Libertad-CJL), justamente estos procesos legales -tanto la investigación penal como las querellas-, son instrumentos para desarticular los procesos organizativos e intimidar a las comunidades. 

“Eso lo que demuestra es lo que ya se ha denunciado desde las organizaciones sociales y territoriales, y es que a la empresa no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con el territorio sino poder cumplir sus propósitos.  Frente al tema de los campesinos, esto se puede leer como una consecuencia de las querellas que ha escalado al nivel penal y que lo único que pretenden es desarticular y desmovilizar al campesinado. No en vano, este proceso sale a la luz en medio del plantón que están haciendo. Ellos seguramente se van a desanimar un montón, pero la convicción que  tienen de proteger su territorio es demasiado grande”, afirman las abogadas.

Usando todas las formas de lucha, legales e ilegales, AngloGold Ashanti ha buscado desestabilizar y desarticular el movimiento campesino que se le está convirtiendo en una piedra en el zapato ante un reloj que corre en su contra: en diciembre de este año termina la prórroga de exploración minera y la oportunidad para presentar los estudios necesarios en el proceso de licenciamiento ambiental  en las las veredas Vallecitos, La Soledad, La Hermosa y Quebradona, del Corregimiento de  Palocabildo, de Jericó.

Una lucha contra el tiempo que está poniendo en jaque la reputación y la vida de los y las campesinas de Jericó, en donde la empresa ha recurrido a acciones jurídicas, escarnio público, persecución y difamación en redes sociales. 

Delitos de secuestro, robo, daños y lesiones por encarar a quienes han pretendido ingresar clandestinamente a hacer esos estudios, a quienes han ingresado maquinaria sin autorización ni socialización del campesinado.

Son once hombres campesinos, proveedores del hogar, cultivadores de café, adultos mayores, algunos de ellos con discapacidad, líderes de juntas de acción comunal y líderes referentes para la lucha campesina. 

“Es que no es de gratis la elección de esas once personas, fueron muy claves en escogerlos. Un tipo como Rodolfo, por ejemplo, que es de la Junta de Acción Comunal de La Soledad, representa un perfil y liderazgo significativos para las personas”, expresan las abogadas. 

Durante 20 días que aún siguen contando, el plantón en La Soledad ha congregado a jóvenes, mujeres y hombres que le hacen frente a este conflicto socioambiental que hoy azota el Suroeste antioqueño. En sus rostro se nota el cansancio pero en su voz sigue la fortaleza por esperar, al sol y al agua, que esta encrucijada que se les cruzó en el camino, tenga un fin.

“¿A usted le parece justo esto, que me busquen por defender el agua y el territorio? Porque es una cosa impresionante, ponerlo a uno en un proceso de esos por cuidar este líquido vital que le sirve al mismo juez que me irá a juzgar a mí. Uno no tiene ni palabras que decir -expresa Rodolfo-. Y lo único en lo que pienso es que si me llevan preso, les diré es que me breguen a dejar salir de allá para sacar platica, para ir y comprarle el mercado a mi familia, porque no los quiero ver aguantar hambre a ellos”.

Daniela Sánchez Romero
Periodista de la Universidad de Antioquia. Me interesan los tema de cultura, memoria, paz y derechos humanos.