Primero, inundaron el pueblo con panfletos en los que advertían que “iban a limpiar el pueblo de esa plaga llamada ‘Los Paisas”. Luego, les prohibieron a los campesinos dedicarse a la única actividad que les garantizaba el sustento diario: la pesca. En un pueblo azotado históricamente por la pobreza extrema, semejante imposición era condenar a la gente a morirse de hambre. En la arteria fluvial, eje de la vida en Cáceres, los pescadores fueron desplazados por hombres armados que transitan a altas horas de la madrugada transportando “cosas”, como suele decir la gente que ha visto lo que pasa, pero que no quiere comprometerse.
La guerra declarada también demandaba nuevos reclutas. Fue así como comenzaron los extraños ofrecimientos laborales para los más jóvenes. En el casco urbano, niños de 12 años en adelante terminaron seducidos por los “cantos de sirena” de Rastrojos y Paisas. Un celular y algo de dinero para llevar comida a la casa terminaron siendo la paga por labores de inteligencia, transporte de armas y, en algunas ocasiones, cometer un asesinato, un atentado con artefacto explosivo, una desaparición.
“Cuando llega alguien extraño a Cáceres, por lo general es abordado por un grupo de jóvenes, incluso de niños, que con su aire ‘inocente’ comienzan a preguntarle para dónde va, de dónde viene, quién es. Claro, detrás de eso hay una labor de inteligencia que hacen para las bandas criminales porque, ¿Cómo se explica que en un pueblo donde abunda la miseria, estos pelados tenga celulares de gama alta, por ejemplo?”, dice un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Antioquia.
Sus análisis sobre la situación de la región le han permitido confirmar que en todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño se viene registrando un fuerte fenómeno de reclutamiento y vinculación forzada de menores de edad por parte de las bandas criminales. “Las autoridades civiles y de Policía lo saben, porque en las capturas que realizan hay menores de edad. El problema es que ellos dicen que los jóvenes se unen a los grupos voluntariamente, pero, ¿Qué tan voluntario puede ser cuando en muchos hogares están aguantando física hambre porque las bandas criminales no permiten la pesca, el mototaxismo y no hay otras fuentes de empleo?”, se pregunta el funcionario.
En Cáceres no hay Personero en propiedad pues este renunció hace un mes para no inhabilitar a su hermano, candidato a la Alcaldía Municipal. Pero sus funcionarios admiten que la niñez y juventud de la localidad vive momentos tensos debido a las presiones por reclutarlos que ejercen los grupos armados.
Quienes más sufren por este drama son las madres. Doña Ligia*, por ejemplo, ya perdió un hijo este año por cuenta de esta guerra, su otra hija debió abandonar recientemente el municipio por amenazas y aún no sabe que destino le espera a su hijo menor, que en pocas semanas se graduará de bachiller. “Yo no quiero que se quede aquí, expuesto a que esa gente le haga algo, a que le estén ofreciendo que se vaya con ellos y como el que se niega se tiene que ir del pueblo, entonces, no sé que hacer”, relata la mujer.
La muerte de su primogénito dejó en evidencia que para los jóvenes del Bajo Cauca antioqueño, estas tierras se convirtieron en territorio hostil. Jairo*, su hijo de 19 años de edad, tuvo que abandonar el mototaxismo, actividad de transporte informal que se ha convertido en fuente de subsistencia para muchos lugareños, debido a los fuertes controles territoriales que las bandas criminales han impuesto en sus lógicas de guerra. “La gente de Cáceres no puede ir a Tarazá y los de allá no pueden venir por aquí. Hay unos barrios a los que tampoco se puede ir”, recuerda la madre.
Sin más opciones, terminó aceptando la oferta laboral que viene seduciendo hoy por hoy a jóvenes y adultos en el Bajo Cauca antioqueño: la minería. Jairo partió rumbo a la vereda Los Azules, en límites con el municipio de Zaragoza, territorio rico en oro, pero que también registra una fuerte presencia del 34 Frente de las Farc y dónde terminaría encontrando la muerte en los últimos días de octubre.
“Dicen que alguien, no se sabe quién, le dijo a la guerrilla que él era integrante de Los Paisas y por eso lo mataron. Y cómo dicen que donde está la guerrilla están Los Rastrojos y que son enemigos de los Paisas, pero yo la verdad no sé de esas cosas. No sabe la tristeza que siento, porque mi hijo siempre fue un buen muchacho, nunca estuvo metido en cosas de esas”, cuenta doña Ligia.
Campos de entrenamiento
Preocupada por el creciente número de menores de edad asesinados así como aquellos capturados por la Fuerza Pública, la Fundación Redes, organización con sede en Caucasia que trabaja temas de derechos humanos, decidió iniciar en abril del presentó año un seguimiento al tema del reclutamiento forzado de menores de edad en el Bajo Cauca antioqueño.
Sus hallazgos son realmente alarmantes. En municipios como Nechí y Zaragoza las bandas criminales vienen vinculando sistemática y forzosamente menores de edad en sus filas, principalmente en zonas rurales de los corregimientos Colorado y Trinidad de Nechí y Buenos Aires de Zaragoza.
Las formas de reclutamiento son similares en cada municipio. Valiéndose de la miseria que campea en estas tierras, los integrantes de los grupos armados invitan a los niños y jóvenes a laborar en fincas, con tentadores salarios de por medio. Una vez instalados en haciendas ubicadas en territorios desconocidos para los menores, vienen las torturas. “Nosotros detectamos que los niños, estando allá, son amenazados y obligados a aprender manejo de armas, a disparar, les enseñan técnicas de combate”, revela Jesús Aleán, director de la Fundación Redes.
Gracias al seguimiento realizado durante más de tres meses, especialmente en las localidades de Nechí, El Bagre y Zaragoza, la Fundación logró documentar cinco casos de menores de edad que en el 2009 lograron fugarse de los campos de entrenamiento instalados, presuntamente en el propio Bajo Cauca antioqueño, por grupos como Los Rastrojos, Los Paisas y el mismo Ángel de Jesús Pacheco Chancí, más conocido como Sebastián.
Hoy, dichos jóvenes y sus respectivas familias figuran como desplazados forzados en las listas de quién sabe que municipio de Antioquia, Córdoba, Atlántico o el interior del país. Sus relatos dejaron al descubierto prácticas escalofriantes y cifras preocupantes. Al momento de su fuga, cada uno de los menores de edad reveló que, en promedio, los acompañaban otros 22 jóvenes, en edades que oscilaban entre los 14 y 17 años.
Es decir, sólo hasta mediados del año anterior, más de 100 jóvenes habrían sido reclutados forzosamente por las bandas criminales y llevados a campos de entrenamiento en zonas rurales. Paradójicamente, defensores de derechos humanos que trabajan en la región han señalado casos de desapariciones forzadas de menores de edad en dichas localidades pero que, por miedo, los familiares de las víctimas no se han atrevido a denunciar.
“Uno de los casos que logramos documentar fue el de un pelado de Nechí, de 14 años de edad, que nos contó que un día, como en enero del año pasado, cuando jugaba fútbol en la cancha de (barrio) Malagana, un señor que le dicen ‘Chepe’ se le acercó y le pidió que lo acompañara a uno de los hoteles de la plaza. Allí le propuso que se fueran a trabajar a San Pablo, vereda del municipio. Resulta que el pelado se asustó y se opuso y que luego llegó otro señor y lo amenazó diciéndole que si no se iba con ellos iban a matar a la mamá, pues ya sabían quién era y dónde vivía”, declara Aleán.
“Al joven se lo llevaron en una lancha hasta San Pablo –continúa Aleán – y terminó en una finca, con otros pelados de la misma edad que se mantenían armados. Allá lo recibió un señor que le dijo que le iba a enseñar a trabajar, que iba a ganar mucha plata para que ayudara a la mamá, le hablaban de un sueldo de 600 mil pesos, que tendría un arma para que nadie se metiera con él. Por fortuna el pelado se logró volar y tocó sacarlo a él y a toda su familia del pueblo”.
Los casos documentados fueron conocidos por organismos del Sistema de Naciones Unidas, quienes conminaron a las autoridades locales para que emprendieran labores tendientes a prevenir el reclutamiento y la vinculación forzada de menores de edad en la región. La Fuerza Pública comenzó entonces una ardua lucha contra los integrantes de las bandas criminales, con resultados aceptables.
Entonces, la Fundación Redes, en asocio con la Alcaldía de Nechí, decidieron en mayo de este año poner en marcha un Observatorio para la Niñez, dedicado a trabajar la prevención a temas sensibles como el alcoholismo, la drogadicción, la explotación sexual infantil y el reclutamiento y la vinculación forzada de menores de edad.
"Pero los bandidos reaccionaron. A mí me hicieron un atentado en junio de este año en (Corregimiento) Colorado. Iba en mi camioneta y nos dispararon con fusiles. Ahora tengo escoltas y decidimos suspender el trabajo porque no tenemos garantías. En Nechí, como en todo el Bajo Cauca, hay una disputa por el control de territorios y nosotros quedamos en el medio”, agrega el director de Redes.
Colegios en la mira
No faltaron los apáticos, aquellos que no vieron en el estudio el mejor medio para realizarse como personas. También hubo quienes prefirieron recorrer las fincas cocaleras en épocas de raspa, como lo hacen “los chapoleros” que recorren el Eje Cafetero en épocas de bonanza cafetera.
Sin embargo, lo que antes era normal ahora tiene otros tintes más dramáticos. La deserción en el municipio se agudizó. La razón: la violencia ha obligado a cientos de familia a abandonar la región. Otros, simplemente no quieren volver a los salones de clase por el ambiente de zozobra que impera en el municipio.
El fenómeno es reconocido por el propio secretario de Educación Municipal, Rafael Esquivel, quien afirma que más de 2.000 estudiantes, de una población académica cercana a los 22 mil jóvenes, han desertado del sistema educativo por razones ligadas al conflicto armado. “No ha terminado el año y creemos que la deserción escolar se va a duplicar. Nosotros veníamos manejando unos porcentajes de deserción cercanos al 7%, pero este año estimamos que vamos a llegar a porcentajes del 12% o 13%”, explica Esquivel.
El problema azota por igual a las zonas rurales como el propio casco urbano. Cada asesinato, cada atentado con artefacto explosivo, una amenaza o una extorsión implican, de inmediato, el desplazamiento forzado de dos o tres núcleos familiares. Sólo en el Liceo Caucasia, uno de los más importantes de la localidad pues alberga más de 4.200 estudiantes, 300 de ellos no regresaron a las aulas de clase. Incluso, establecimientos privados como Los Sauces, también registran altos niveles de deserción escolar.
“Muchas de nuestras escuelas rurales estuvimos a punto de cerrarlas, porque hubo masacres en esas zonas y la gente tuvo que abandonar la región. Hay quienes han regresado y hemos logrado sostener escuelas con 10 ó 12 estudiantes. Pero tenemos casos de veredas donde hemos tenido que trasladar a los maestros mientras la gente regresa”, agrega el Funcionario.
Los docentes tampoco escapan a la violencia generada por la disputa entre las bandas criminales de los Paisas, Rastrojos, Urabeños y Águilas Negras por el control del territorio. En los últimos dos años han sido trasladados de la zona 12 docentes debido a amenazas contra sus vidas y en mayo de este año se registró el asesinato de un educador.
“Aquí hay una zozobra generalizada y los docentes no escapan a esa situación”, advierte el Secretario de Educación, quien diariamente debe resolver situaciones complejas, muchas de ellas derivadas de la confrontación armada que azota al Bajo Cauca antioqueño.
Para las autoridades resulta difícil contener fenómenos como estos cuando no existe de por medio una denuncia que por lo menos de pistas del camino a tomar. “La gente aquí no denuncia nada. El decir de la gente aquí es que si se tuvo que desplazar es porque algo debía”, cuenta un estudiante de la sede de Universidad de Antioquia en Caucasia. Pero en esta guerra están pagando “justos por pecadores”.
Doña Marta*, habitante del barrio Carmen Arrieta, tuvo que enviar a su hijo de apenas 12 años de edad a la ciudad de Montería, pues miembros de una banda criminal lo iban a asesinar. Lo paradójico es que el objetivo de los asesinos no era el menor en cuestión pero, ante la “equivocación”, no le quedó más remedio que irse del pueblo.
“Da mucho pesar esta situación porque el pelado era muy buen estudiante, era el mejor de su clase y soñaba con ser profesional, para sacar adelante a su familia”, cuentan vecinos del joven, quienes no dejan de preguntarse, como casi todos los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, por qué esta violencia castiga como una maldición divina.
“Nos cayeron las siete plagas: la violencia, el desempleo, la pobreza. ¿Qué futuro le puede esperar a la juventud?”, dice una habitante de Caucasia, quien reza para que a sus hijos y nietos les toquen nuevos y buenos tiempos, mucho mejores de los que quizás, a ella le tocó vivir.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes
