Editorial por José Girón Sierra
Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Del 16 a 19 de marzo del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Panamá la reunión de las comisiones política, económica y desarrollo sustentable de la EUROLAT (asamblea parlamentaria Euro-latinoamericana). Este es un espacio en el cual parlamentarios de Europa y América Latina intercambian opiniones y desarrollan agendas de trabajo sobre problemáticas de interés común. Allí, también tienen cabida las organizaciones de la sociedad civil y desde hace un buen tiempo la Coordinación Colombia Europa- EEUU hace presencia en este escenario. Uno de los temas objeto de debate fue lo minero-energético en un momento en el cual el mundo capitalista concentra sus esfuerzos de acumulación en este campo. En este espacio la delegación colombiana presentó tres ponencias que abordaron los temas de minería, paz y responsabilidad empresarial.
Con una temática similar, se tuvo la oportunidad de conocer recientemente de Rómulo Torres, miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y de LATINDADD-(Red latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos), una presentación pormenorizada de la problemática mundial y regional en materia fiscal y la relación que ello tiene con la responsabilidad social empresarial.
¿Cuál es el problema? América Latina dentro de una política tributaria que ha operado a espaldas de sus realidades sociales, ha propiciado todo un conjunto de legislaciones tendientes a atraer la inversión extranjera y la inversión de sus nacionales, a partir de asegurar todo un conjunto de gabelas de orden tributario, bajo el supuesto de que esto genera empleo y aumenta la riqueza nacional. La tesis de la “confianza inversionista” bastante defendida e impulsada en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), concentra toda la esencia de esta política que mirada en un sentido histórico ha sido complementaria de las condiciones onerosas de la deuda externa que tanto daño, en términos de pobreza e inequidad, ha dejado en el continente.
Como señala la Red de Justicia Fiscal, entre 2010 y 2012 la renta del sector minero ha crecido a un ritmo que la lleva a representar el 2.6% del PIB (Producto Interno Bruto) regional y los presupuestos de exploración entre 2003 y 2010 pasaron de 500 millones dólares a 3 mil millones. Un escenario como éste, “ha llevado a que el volumen de flujos financieros ilícitos que salen de los países de la región, por la actividad comercial, hacia territorios y cuentas en paraísos fiscales bordee los 120 mil millones de dólares al año, el equivalente al 5% del PIB regional de acuerdo con cifras del CEFID-AR y el GFI”. En la región latinoamericana la evasión y elusión se da en la industria extractiva. No sólo se está ocasionando entonces un grave deterioro social y medio-ambiental si no que del negocio muy poco nos queda.
La importancia del tema radica en que Colombia no es una excepción en su inscripción en el modelo de acumulación antes indicado y la llamada locomotora minera, es la materialización de esa articulación con dicha propuesta global. El giro de sectores modernizadores de la elite de ensayar una vez más la salida negociada al conflicto armado tiene bastante que ver con la idea de contar con un escenario rural sin guerra lo cual facilite la operación de multinacionales beneficiarias de concesiones asignadas a granel.
Desde hace ya un buen rato el empresariado ha venido incorporando en su discurso la responsabilidad social. Las fundaciones sociales empresariales que han operado a la manera de las ONG, se han convertido en los instrumentos desde los cuales con recursos propios o que consiguen con los gobiernos y la cooperación internacional en franca competencia con las organizaciones de la sociedad civil no ligada a empresas, llevan a cabo proyectos dirigidos a incidir en problemáticas de poblaciones vulnerables o en áreas como la cultura y la educación, sustituyendo en muchas ocasiones al Estado. En el caso colombiano, la realidad es que dentro del conjunto de las empresas, este discurso es marginal y quienes lo hacen, presentan problemas éticos de fondo cuando tras su discurso social lo que subyace es el posicionamiento de su marca.
El debate entonces gira más bien en cómo entender, en un sentido si se quiere más transparente, un planteamiento de responsabilidad social ligado a un comprometimiento con una real redistribución de la riqueza y de ésta con la vigencia de los Derechos Humanos, y es allí donde lo tributario ocupa un lugar de primer orden. Dicho de otra manera, sería el desarrollo del estado de derecho, en tanto es el ente llamado a encarar la vigencia, desarrollo y protección de los derechos en su sentido más amplio. Esto significa, como bien lo propone la campaña de la Red de Justicia Fiscal de América Latina para el presente año, que “Multinacionales paguen lo justo”; lo cual debe extenderse a los empresarios nacionales. En términos concretos, entre otros ítems, la propuesta sería:
1. Progresividad tributaria para combatir las inequidades, consistente en una reforma de fondo a la estructura tributaria que ponga a pagar a quienes deben pagar y lo que deben pagar, que elimine por lo tanto los incentivos tributarios y que se fundamente en la transparencia.
2. Una estructura fiscal que contraiga acuerdos concretos para la igualdad y la sustentabilidad, esto es, un enfoque cuyos contenidos no sean otros que el desarrollo y la protección de los derechos humanos.
3. Necesidad de transparencia fiscal que conduzca a poner en cintura la anomalía de la liberación de los mercados, los llamados paraísos fiscales, convertidos en enclaves para la protección de la evasión y elusión de capitales legales e ilegales.
El debate como bien puede colegirse de lo anterior, reviste la mayor importancia y esto lo es más cuando el tema lo leemos de cara al proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que se adelanta en La Habana (Cuba). Entonces, un modelo de acumulación que tiene como columna vertebral lo minero-energético, y en general en un modelo basado en el extractivismo donde la tierra es objeto de disputa por diferentes actores de poder, y un proceso de paz que pretende resolver la guerra pero también la inequidad y la exclusión y la necesidad de un Estado que efectivamente incorpore el discurso de los derechos y sea el agente de primer orden en la tarea de la redistribución de la riqueza, es lo que da lugar a que no sea posible omitir la responsabilidad social empresarial y, con ella, una tributación justa. De allí, la pertinencia del debate.