La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó este 19 de mayo su balance de gestión, en el cual destaca el cumplimiento de metas por encima del promedio nacional y un cambio en la tendencia de inscripción de solicitud de predios en el registro de víctimas reclamantes de tierras.
Según la entidad, durante 2025 esta oficina alcanzó un 125% de cumplimiento en la etapa administrativa, frente al 97% logrado a nivel nacional, y un 132% en la etapa judicial, radicando 346 demandas frente a una meta inicial de 263. Unos resultados que dejan grandes avances en una región que concentra más de diez mil reclamaciones, una de las cifras más altas del país, y de las cuales se ha resuelto aproximadamente el 50% en su fase inicial (675 demandas y 134 sentencias durante la actual administración).
Según José Kunzell, director de la DT Urabá, estas cifras muestran una ruptura en relación a las dinámicas de años anteriores, donde predominaba la desconfianza ciudadana y una alta tasa de rechazo de solicitudes, pues en administraciones pasadas se negaba el 65% de las inscripciones en el registro y, actualmente, el 72% de las solicitudes son aceptadas para iniciar el proceso legal.
“En este gobierno, el gobierno del cambio, el 72% de las solicitudes se inscriben en el registro. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 víctimas que se acercan a la URT a decir que son víctimas de despojo o abandono, a siete, casi ocho les decimos que sí. En el pasado la tendencia era inversa: de cada 10 reclamantes que llegaban a la oficina de restitución de tierras, por lo menos a seis, le decían que no, se negaban el 65% de las solicitudes de inscripciones de registro. Es decir, solo se le permitía a tres o cuatro personas de cada 10 acudir a la instancia del juez. Y eso ¿qué ocasionaba? Que muchas víctimas denunciaban que sus casos no pasaban de la etapa administrativa y que no iban a tener una respuesta nunca”, explicó el director.
La seguridad para el acceso a predios sigue siendo uno de los retos de la entidad, pues gran parte de estos están ubicados en zonas con gran influencia de grupos armados que no permiten que funcionarios ingresen y realicen las actividades administrativas del predio, lo que genera retrasos en las fases del proceso.
Ante ello, la Unidad implementó un modelo basado en la participación comunitaria para ingresar a zonas de alta complejidad, como Tulapa y San Pedro de Urabá. Gracias a este enfoque se han documentado 90 casos en Tulapa durante el último año y se ha avanzado en la entrega material de predios que se encontraban en lista de espera. A la fecha, se estima que se han restituido cerca de 20.000 hectáreas en la región.
Otro de los factores claves en el proceso de restitución ha sido el apoyo en los proyectos productivos, donde se han destinado 5.399 millones de pesos para la implementación de 105 proyectos productivos que benefician a familias en municipios como Mutatá, Carepa, Apartadó, Necoclí y Chigorodó. Estos recursos buscan que las víctimas transiten de una condición de vulnerabilidad hacia la autonomía económica mediante proyectos agropecuarios.
Durante la presentación del informe, Juan Camilo Higuita, líder de dirección de asuntos étnico de la URT, afirmó que la territorial Apartadó ha radicado 21 demandas ante los jueces y proyecta sumar tres más en 2026, destacando un avance significativo, pues el 41% de todas las demandas étnicas presentadas en los 15 años de vigencia de la ley, han sido radicadas durante la actual administración.
Sin embargo, la resolución judicial de estos casos colectivos es lenta: de 53 procesos radicados, solo se han proferido cuatro sentencias a favor de comunidades étnicas de la región.
“Buscamos la reparación integral de los territorios de la mano de las comunidades. Lo que ha logrado probar la Unidad de Restitución de Tierras a los jueces de la República es que no hubo un solo resguardo y un solo consejo comunitario que no haya sido víctima del conflicto de todos los resguardos indígenas”, puntualizó Higuita.
A pesar de los avances en la radicación de demandas y el cumplimiento de metas administrativas, la restitución en Urabá enfrenta desafíos estructurales como el envejecimiento de los reclamantes y la congestión en la etapa judicial. Con más de 5.000 solicitudes aún pendientes de resolución administrativa en la región, el fortalecimiento de la oficina y la agilización de las sentencias judiciales aparecen como las principales necesidades para cumplir con el mandato legal antes de que finalice la vigencia de la norma.
Las dudas y expectativas son más grandes que las certezas y logros. La Ley de víctimas termina su vigencia en cinco años (2031) luego de una segunda prórroga y es evidente que el tiempo es corto para cumplir con los millones de víctimas que esperan reparación, justicia y verdad. Según los datos, para cumplir la meta antes de 2031, la oficina debería proferir entre 800 y 1.000 decisiones de fondo anuales, mientras que actualmente el promedio es cercano a las 500.
Finalmente, Kunzell hace un llamado a las víctimas para que insistan en su ejercicio de exigibilidad: “creo que en el Urabá las víctimas tienen absolutamente claro, en su ejercicio de exigencia de derecho, que si esta política pública no se fortalece, no nos van a alcanzar los tiempos para, efectivamente, poder terminar el número de solicitudes que nos quedan. Entonces, aquí hay que aumentar el número de decisiones de fondo en etapa administrativa, hay que aumentar el número de demandas en la etapa judicial, hay que aumentar el número de sentencia. Si la oficina no se fortalece, si la restitución no se fortalece, si no existen las garantías, si no se trabaja para que se mantengan las que se crearon y las condiciones que se crearon en estos cuatro años de trabajo con las comunidades, va a ser muy difícil que las víctimas realmente reciban respuesta oportuna”.
