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“What do you want? What is the future we are implant?”: Ana Sofia Loaiza, defending the territory and opposition to mining

Esta jóven de 16 años es la cara y representación de la lucha por la defensa del territorio. A su corta edad, ha interpuesto cinco acciones legales por cuenta de una serie de hostigamientos y señalamientos al declararse abiertamente como opositora del proyecto minero Quebradona, de la empresa Anglogold Ashanti. Esta es su historia.

Rojo o azul, conservador o liberal, derecha o izquierda… Minero o antiminero. 

Por increíble que parezca y como si fueran la época de la Violencia (1946-1958) en Jericó preguntarse por la posición que se tiene frente a la actividad minera de la empresa Anglogold Ashanti en el territorio ya es un asunto obligatorio a la hora de construir relaciones sociales. 

Así lo vivió Ana Sofía Loaiza, que con tan solo 16 años ya ha perdido amigos, amigas, ha sido víctima de acoso escolar y hasta interpuso cinco acciones legales por cuenta de una serie de hostigamientos y señalamientos debido a su posición frente a las actividades mineras en Jericó, específicamente en la Vereda Vallecitos, en donde creció y hoy reside parte de su familia materna. 

“Ha sido un tema muy complejo porque en medio de las conversaciones los amigos eran ‘¿tu familia es opositora o tu familia es minera?’, o ‘¿tú estás de acuerdo con el proyecto o no estás de acuerdo?’.  Uno como adolescente o como niña  preguntándole a otra persona casi que eres conservador o liberal. Entonces ha sido muy complejo ver personas con las que antes te hablabas, con las que antes te llevabas bien ya no simplemente por el tema minero”, comenta Ana. 

Defender el territorio: defender la casa

La historia de Ana no es reciente, viene de años de lucha en compañía de su abuelo, tíos y tías que desde la llegada del proyecto en el 2004, en su fase de indagación en la Vereda Quebradona de Jericó, han estado en pie de lucha defendiendo su territorio e impidiendo que la empresa Anglogold Ashanti realice acciones de exploración y explotación en sus predios. 

Ana era muy pequeña, pero recuerda las arengas que se entonaban en la calle y los rostros de indignación de los jericoanos al pensar que sus montañas verdes y sus afluentes hídricos serían explotados por una multinacional sudafricana. Era 2013 y fue la primera vez que la pequeña de ojos verdes, nieta de William Gaviria, veía las calles repletas de gente y no era precisamente por las procesiones de semana santa o por los desfiles anuales del colegio. 

Anglogold Ashanti es una empresa sudafricana que llegó a Colombia en el 2004 para realizar exploraciones mineras en las Cordilleras Central y Occidental del país impactando los departamentos de Tolima, Santander, Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Risaralda, Caquetá, Nariño, Quindío, y Huila. 

Según el portal Rutas del Conflicto estableció tres grandes proyectos mineros: dos en Antioquia, en los municipios de San Roque y Jericó, y uno en el Tolima, en el municipio de Cajamarca; proyectos que ocasionaron desplazamiento forzado de la población, deterioro de los ecosistemas y las cuencas hídricas, y que desencadenó acciones violentas y amenazas a los y las líderes territoriales que se oponen a dichos proyectos. 

Ana no tenía ni seis años cuando a la vereda Vallecitos llegaron los rumores de que había una empresa que quería realizar exploración y explotación mineral. Y así como recuerda las marchas del 2013, recuerda a su abuelo William reunido con muy pocos campesinos de la vereda que sentaron una oposición directa a las actividades que pretendía hacer la empresa. 

“Entonces me fui empapando más del tema y empezamos a investigar más de la empresa: qué eran, quiénes eran, qué pretendían hacer, qué era minería, qué no era minería, cuáles eran las condiciones del municipio geológicamente para que hubiese minería: y, como te digo, mi abuelo siempre pues estuvo muy pendiente del tema, en oposición y haciéndoles frente a la empresa minera para que no entraran a ciertas veredas”, relata Ana. 

En su sitio web, Anglogold Ashanti afirma que debajo de las montañas jericoanas hay 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales, que esperan extraer en 21 años de producción y explotación subterránea. Según la empresa, son aproximadamente 7.593 hectáreas, de las cuales 471 son el área de intervención, una cifra que representa  el 2.4% del total del área de Jericó.

En la actualidad, la empresa se encuentra realizando nuevamente el Estudio de Impacto Ambiental que debe presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), luego de que el 25 de octubre de 2022, esta entidad archivara el estudio presentado por la empresa debido a que no existió suficiente soporte ambiental con relación a la definición del área de influencia.

Los tíos, tías, abuelos y abuelas, y hasta el bisabuelo de Ana se unieron en contra de la empresa y ese fue el contexto en el que creció Ana. Sin embargo, por asuntos ajenos a ella tuvo que migrar a Medellín y su lucha la vivió a través de los relatos del abuelo y de las redes sociales. 

Sin saberlo, ya su nombre y apellido estaban asociados a una marca que ha acompañado Ana los últimos años: “la marca social de que tú creces y esta familia es minera, esta familia no es minera; con ellos se puede hablar de este tema, con ellos tal vez no. Entonces eso es un tema muy complicado de que ya uno esté marcado como minero o como opositor”.

De la broma escolar a la estigmatización

Cuando Ana volvió a vivir en la vereda Vallecitos, luego de la pandemia, sintió con todo el rigor esa marca social de la que tanto ha hablado. Desde Medellín solo veía lo que sucedía en Jericó a través de las redes sociales: videos de rechazo, cuestionamientos y hasta boletines de alerta que anunciaban las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza de los que eran víctimas en Jericó. 

Sin embargo, se dio cuenta que no todas las personas pensaban como ella y lo descubrió en la institución educativa rural a la que llegó a terminar sus estudios. 

Si bien muchas empresas realizan actividades de responsabilidad social en instituciones educativas públicas, lo que sucedía en su colegio no era normal: cursos de primeros auxilios, conversatorios alrededor de la fauna y la flora, cambios en las planeaciones de las clases para realizar salidas extracurriculares, todo auspiciado por la empresa. La misma empresa que luego enviaba funcionarios con sus uniformes a hacer presencia en las actividades culturales de los y las estudiantes.

“Diferentes actividades culturales que se hacían en el colegio eran con la presencia de las personas de la mina con el uniforme de la empresa minera. Yo vi que no era de buena intención sino como para promover su proyecto minero. Y así esa no fuera la intención de la empresa minera, solamente el hecho de la marca social que tiene en estos momentos no es lo debido y más en una institución educativa que no tiene nada que ver con el proyecto minero”, cuenta Ana. 

Ante esto, Ana redactó una carta a la rectora del momento, solicitando imparcialidad a la hora de permitir el ingreso y la ejecución de actividades por parte de la empresa y fue firmada por varios padres de familia y algunos alumnos compañeros de Ana. 

Esta carta generó los primeros choques ideológicos en los jóvenes pues se cancelaron actividades extracurriculares impulsadas por la empresa y los compañeros de clase la culparon a ella, comenzaron los comentarios discriminatorios, los insultos y la segregación a Ana de diferentes espacios, solo por querer defender su territorio de la explotación minera: “fue un proceso muy difícil porque tuve muchas confrontaciones con muchos compañeros de discusiones por justamente lo de la empresa minera”.

Esa queja fue interpuesta en diciembre de 2022 y en ella Ana relata que debido a la carta que entregó a la rectora sobre las ayudas que estaba recibiendo la institución educativa, se han “generado situaciones o sensaciones de discriminación en alguna parte de la comunidad educativa”.  

“Después de eso tuve muchas discusiones con diferentes compañeras que llevaron a que yo pusiera una queja ante la Comisaría de Familia para que esto no se fuera a presentar con otros compañeros, porque si me había pasado a mí pues qué le podía pasar a otros que puede que no lo tomen de la misma manera, yo ya no iba a estar en la institución como para enfrentar este tipo de cosas con la mina sino que le iba a tocar a otros compañeros, entonces di a conocer el caso de lo que me había pasado”.

Hacerle frente a la empresa

Las últimas consecuencias legales que ha tenido que enfrentar Ana, a sus 16 años, están relacionadas con la reciente instalación de una plataforma en la vereda Vallecitos. El 28 de noviembre de 2022, personas vestidas de civil ingresaron a los predios de Javier Bermúdez, sitio donde se pretendía montar la plataforma y se presentaron como funcionarios de la empresa Anglogold Ashanti.

La comunidad se enteró del hecho, que pretendía realizarse sin previo aviso y consulta a los habitantes, y de inmediato reaccionaron deteniendo el resto de vehículos que se dirigían hacia los predios de Bermúdez. 

“En ese momento entonces varios campesinos decidimos abrir las ventanas del carro  para ver qué llevaba. Me di cuenta que iban tres personas: dos chicos y una chica. En la parte de atrás del carro había una ventana que yo la abrí y adelante había un señor que estaba grabando un video, el señor le pregunta a la chica que quién le había abierto la ventana y ella dice en ese momento ‘una mona o esa mona desabría hijuepú me la abrió’”, es lo que recuerda Ana de ese momento tensionante entre los habitantes de Vallecitos y los funcionarios de la empresa. 

El video que fue subido a redes sociales, también despertó la rabia de otras habitantes de Vallecitos que apoyan el proceso y que señalaron en comentarios que los opositores del proyecto eran guerrilleros, vándalos, pandilleros y que, menores de edad como Ana, eran utilizados y manipulados. 

“Después de que se montó ese video, varias personas empezaron a hacer comentarios y especulaciones que no van con nosotros, se les olvidó el significado de lo que era cada palabra. Entonces como yo estaba en ese momento ahí, decidí interponer una demanda por medio de la Comisaría a las personas que habían hecho estos comentarios y a la señora que iba dentro del carro que se había referido así a mí”.

El mona hijuepú fue el argumento que utilizó Ana para poner una queja en la Comisaría de Familia contra Johana Zapata, empleada de Anglogold Ashanti; las demás quejas fueron contra Hilda Tamayo, Flor Bohorquez y Tatiana Ruiz, todas habitantes de Vallecitos, por daño al buen nombre. Sin embargo, solo dos de estas cuatro quejas han tenido una resolución amistosa y conciliatoria. 

“Todavía es un proceso que está en trámite por todos los cambios que se han dado en la inspección de Policía e incluso en la Comisaría de Familia.  Entonces hay dos casos que todavía están por resolverse, uno de ellos de la señora que me agredió indirectamente”, explica Ana. 

La instalación de la plataforma ocurrió posterior a su salida del colegio. Hoy Ana es estudiante de Derecho y dice que eligió esta carrera porque quiere continuar defendiendo su territorio de las empresas multinacionales que llegan a acabar con la naturaleza y el buen vivir. 

Durante los últimos 10 años, campesinos del municipio de Jericó le han hecho contra peso a la empresa minera AngloGold Ashanti, con el objetivo de evitar que esta multinacional entre a explotar su territorio. «Agua sí, mina no»: ¿qué está pasando?

En este proceso de defensa del territorio se han levantado varias voces en contra del proyecto minero de Anglogold Ashanti. Durante las recientes semanas, monseñor Noel Londoño, de Jericó, asistió a la II Caravana por la Ecología Integral en donde manifestó públicamente los daños que han dejado las actividades mineras de Anglogold Ashanti en su territorio, los riesgos que enfrenta la población y ratificó su oposición a este tipo de proyectos. 

Así mismo, el presidente Gustavo Petro expresó en sus redes sociales el pasado 14 de septiembre, su rotundo apoyo al monseñor Londoño y dejó claro que sería un grave error acabar un paraíso como Jericó por “la simple codicia de la extracción”.

A pesar de que solo tiene 16 años, es un referente de liderazgo y defensa de lo común en Jericó. Al preguntarle sobre las afirmaciones que hacen varias personas con respecto a la manipulación de menores de edad en este tipo de procesos para beneficiar, en este caso, a quienes se oponen al proyecto, Ana pone cara de seria, toma postura erguida y dice de manera contundente: “¿qué quieren? ¿Que el futuro se nos implante? Me parece muy incoherente que las mismas personas que están diciendo que necesitan un futuro para sus hijos  subestimen la capacidad de los menores de edad o de los adolescentes de reaccionar por ellos mismos, de pensar por ellos mismos”.

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