Condenamos categóricamente cualquier forma de violencia, venga de quien venga. Esto incluye las agresiones con un bate por parte del concejal Andrés «Gury» Rodríguez, los presuntos abusos de poder, las intimidación y el uso de la fuerza física para amedrentar a ciudadanos, por parte de funcionarios de la Alcaldía. Las denuncias de abuso de poder por parte de funcionarios, deben ser aclaradas con celeridad y transparencia. La fuerza pública y los servidores públicos están obligados a actuar con estricto respeto a los Derechos Humanos y los protocolos establecidos.

Desde el IPC elevamos una voz de alarma frente a las acciones y narrativas que evocan prácticas propias del paramilitarismo. La utilización de la fuerza extraoficial para intimidar a la población civil, la defensa violenta de intereses privados y la creciente polarización política, son factores que históricamente han alimentado la violencia en nuestro territorio, particularmente en Antioquia.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen, de manera urgente, una investigación imparcial, exhaustiva y pronta todos los hechos ocurridos; a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General, para que ejerzan sus funciones de control disciplinario y de garantía de los Derechos Humanos con la máxima rigurosidad; a los líderes políticos y las instituciones, a desescalar la retórica violenta y a privilegiar el diálogo como única vía para resolver los conflictos; a la sociedad civil y a los medios de comunicación, a mantenerse vigilantes, no normalizar la violencia y a alzar su voz contra cualquier forma de autoritarismo o intimidación. 

Desde el IPC reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la paz, los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia. Instamos a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir construyendo, de manera colectiva y pacífica, una sociedad donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todos y todas.